Carrió, Di Tullio y Montero peleadas por Boudou

En una jornada en el que el oficialismo rechazó un proyecto de la oposición para suspender al vicepresidente Amado Boudou, la jefa de la bancada oficialista en Diputados, Juliana Di Tullio, salió en defensa del vicepresidente procesado en dos causas al contestarle a la diputada nacional Elisa Carrió por relucir datos sobre supuestas relaciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con determinadas personas y que tiene que ver con el vicepresidente procesado, quien en la tarde de este miércoles preside el Senado de la Nación.

El cruce de palabras entre la legisladora del Frente para la Victoria y de Unen ocurrió mientras el jefe de Gabinete brindaba el informe de la gestión en Diputados. Es que a partir de las causas que involucran al vicepresidente Amado Boudou, Carrió le preguntó puntualmente si conocía a Martín José Cortés, con quien supuestamente Jorge Capitanich tendría una sociedad, y si conocía al financista Aldo Ducler y a Raúl Fernández, respecto de quien preguntó “si es su socio o su testaferro”, según detalló el portal Parlamentario.com.

"¿Bajo qué pretexto la diputada hace preguntas sobre temas que no tienen que ver con el estado de la Nación?”, irrumpió Di Tullio.

“Porque está implicado el vicepresidente de la Nación, entonces tiene que ver el Estado”, contestó Carrió.

Ante esta situación, Capitanich contestó lo siguiente: “Efectivamente conozco a Martín Cortés y no tengo ningún tipo de vínculo con él; en el caso de Fernández, es una persona que ha participado como subsecretario de Medio Ambiente de la provincia del Chaco”.

Luego el jefe de Gabinete aclaró que "me parece muy bien que la diputada pregunte”, a lo que Di Tullio posteriormente señaló que “más allá de la buena voluntad del jefe de Gabinete, este bloque no va a volver a permitir que se vuelva a repetir. ¡Mucho menos par asistir al show diario de una diputada que si quiere ser fiscal, que se postule como tal!” .

El pedido de Montero

 En el marco del debate caliente en el Senado por las polémicas leyes de Abastecimiento y del pago soberano de la deuda, en la Cámara Alta presidida por Amado Boudou, procesado por dos causas, la senadora mendocina Laura Montero apuntó contra el vicepresidente de la Nación y le pidió que "no nos someta a esto, libere a su bloque de esta actitud y déjenos sesionar". También dio argumentos que vinculan al titular del Senado con el caso Ciccone Calcográfico, del que está procesado.

En lo que respecta al proyecto del oficialismo de cambiar el lugar de pago de la deuda argentina, la senadora mendocina lo consideró "inadmisible" y criticó al Gobierno al expresar que "los principales deudores del mundo volvieron al mercado de créditos en cinco años, menos la Argentina".

En lo que respecta al vicepresidente Boudou, la ex ministra de Economía de Mendoza durante la gestión de Julio Cobos, explicó lo que ella considera "la maniobra de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica utilizada por el Gobierno". Según la legisladora, esta estrategia -en parte explicada por Jorge Capitanich "en sus respuestas al Senado en el mes de marzo"- por insólita que parezca, le permitió al Gobierno representar dos intereses contrapuestos, los del expropiado y los del expropiante”. 

La estrategia para expropiar Ciccone, según Montero

“Todo comenzó con la aprobación del decreto de necesidad y urgencia N1388/12, el cual dispuso la intervención transitoria de Compañía de Valores Sudamericana S.A (CVS SA), ex Ciccone. Allí se designa como interventor de la empresa al entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, con lo cual el Gobierno designaba a alguien que tomaba el control de la sociedad e imponía su voluntad ante el futuro proceso expropiatorio”, explicó Montero. 

“Más tarde, se sancionó la ley N°26.761 que declaró de utilidad pública y sujeto de expropiación a los bienes de CVS SA y designa como expropiante el organismo que escogiera el Poder Ejecutivo”, explicó la senadora y agregó que “de esta manera el Gobierno adquirió y transfirió la sociedad a su órbita de control, sin tener que negociar con terceros y desmembrarla para desviar cualquier investigación judicial”. 

 La senadora Montero recordó que “ya en marzo del 2013 se dicta el decreto 252/13, designando a la AFIP como sujeto expropiante de los bienes de la referida empresa y ese organismo designa a Guillermo Michel como autoridad de ejecución del organismo expropiante, razón por la cual el trato se iba a concretar entre funcionarios del mismo Gobierno: Lorenzino como interventor y representante del sujeto expropiado (CVS SA) y la AFIP como sujeto expropiante a través Michel”. 

 “Con la finalidad de terminar el proceso de expropiación, luego de compensada las deudas e instrumentando la transferencia de los bienes a la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, la autoridad de ejecución del organismo expropiante aprobó el Convenio de Avenimiento de Expropiación. Esta estrategia, según declaraciones de los propios funcionarios del Gobierno, les permitió perfeccionar la expropiación sin pagar un solo peso y evitando aclarar quién era el verdadero titular de la empresa. Sin embargo la cuestión del monto indemnizatorio no está cerrada, ya que la familia Ciccone ha reclamado la nulidad del convenio de avenimiento, impugnando el monto, temas que hasta en el monto la Justicia le ha dado la razón. Por supuesto, cualquier cambio que implique revisar la indemnización también beneficiara a The Old Fund y a sus socios ocultos, lo que resulta inadmisible”; concluyó Montero manifestando al titular del Senado que” no nos someta a esto, libere a su bloque de esta actitud y déjenos sesionar”.