Una bonita historia del Estado clientelar mendocino

La trama de los 17 contratados despedidos del Hospital Ramón Carrillo, en Las Heras, tiene un condimento político digno de contar, y que incluye la red de relaciones habitual entre funcionarios, dirigentes políticos, profesionales y gremialistas. Un entramado que no es ilegal ni extraño en la política, pero que muestra cómo los extremos se tocan, y a veces se unen, para terminar jugando en equipos cambiados, o todos en el mismo equipo. Total, paga la gente.

Sobre fines de la semana pasada se supo que el ministerio de Salud había decidido, luego de dos meses de contratación, desafectar de sus contratos a diez administrativos y a siete técnicos del Hospital Ramón Carrillo, uno de los más nuevos de Mendoza, en el departamento de Las Heras. Fue tras la segunda inauguración que decidieron dejar “adentro” a algunos trabajadores de los que se habían agregado con contratos a término, y dejaron sin relación laboral a otros 17 que trabajaban bajo factura. Esta nueva pelea en Salud generó una mini crisis política en la que terminaron interviniendo hasta el propio gobernador Francisco Pérez, además del vicegobernador Carlos Ciurca, el intendente Rubén Miranda, la dirigente de ATE Raquel Blas, el dirigente Roberto Macho, el ministro Matías Roby, el subsecretario de gestión de Salud Oscar Renna, el director de hospitales Roberto Correa, y varios otros funcionarios. El despido, o desafectación, de los contratados generó piquetes de ATE con Macho y Blas a la cabeza, e incluso el corte total del Acceso Norte a la altura de Manuel A. Sáez. Además, el gremio está en alerta por estos despidos. Sobre todo por los técnicos. Lo mismo que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Pero las relaciones no son tan lineales. No alcanza con decir que unos son “el Estado Patronal” y otros, los despedidos, y otros más, los espectadores. El Carrillo es un hospital de referencia para Las Heras y es territorio del poderoso intendente Rubén Miranda, uno de los sostenes de la Corriente Peronista y con muchas ganas de ser gobernador de Mendoza. En el propio gremio ATE reconocen que en el hospital, mucha de la gente que trabaja es “de Miranda”. Incluso el director del nosocomio, Gustavo Lovato, es amigo del intendente lasherino, un incansable militante del hospital para su departamento.

Lo cierto es que cuando los trabajadores fueron “cesanteados” (o mejor dicho, se les dejó de requerir el servicio contra facturas), la política se puso en marcha. El intendente Miranda habló con Correa, Renna, Roby, y hasta con el propio Paco Pérez. Cuentan incluso que el cacique lasherino estaba reunido con algunas personas relacionadas a este conflicto cuando lo llamó a Pérez, y le habría arrancado un compromiso de solución. No fueron las de Miranda las únicas gestiones aunque las del intendente fueron las más intensas. Dicen que los dirigentes de ATE hablaron también con Ciurca de este problema. El resultado de todo esto es que el viernes a las diez y media de la mañana habrá una reunión de la que participarían el director del hospital -el médico Lovato- el ministro Roby, el intendente Miranda y un representante de los trabajadores, posiblemente el delegado gremial de ATE Antonio Moyo, a quien en el gobierno entienden muy cercano a Lovato. Allí se acordará una salida. La reunión fue reconocida por fuentes oficiales. “Es cierto, pero de ninguna manera van a ser reubicados en el Hospital, y ellos ya lo saben” dijo un informante. Aparentemente, los 17 despedidos serían recolocados en centros de salud del departamento. "Nos prometieron una solución. No se puede estar despidiendo gente por que sí" advirtió una fuente del PJ.

Hay más: una de las despedidas es una administrativa llamada Maria Mercedes Lovato. El dato no había trascendido sino hasta ayer. La empleada sería hija, de acuerdo a fuentes oficiales, del director del hospital, que hasta ahora se ha mantenido en silencio. Otra de las administrativas despedidas, de apellido Gaffuglio, sería la esposa de un asesor en asuntos de salud del propio intendente Miranda. En ATE dicen que no tenían idea de estas afiliaciones, pero habían tomado nota de un dato: “Hay cuatro de los trabajadores despedidos que no han ido a las protestas. No han querido ni quejarse…” dijo la fuente, que reconoció más propios a los “técnicos” cesanteados que a los “administrativos”. Estos trabajadores no ingresaron por la Ley de Concursos ni por selecciones profesionales de ninguna naturaleza, según se sabe.

El Carrillo -luego de atravesar numerosos problemas de infraestructura- atiende a un centenar de personas al día, una cifra baja considerando la población del departamento. Y los despedidos eran de los sectores Farmacia, Rayos X y Laboratorio. Y aunque la sangre no llegaría al río, la parábola es ejemplificadora: la política mete empleados al Estado y va asegurando el territorio, luego los gremios los defienden y los toman como propios, y terminan cortando un acceso a Mendoza y peleando –aunque sea por la propiedad transitiva- puestos de trabajo que son “clientes” de La Corriente Peronista, al menos algunos. ¿Qué dirá de este entramado la Senadora Noelia Barbeito (FIT), que ayer presentó un encendido pedido de informes por los despidos y hoy irá al Ramón Carrillo a reclamar y hacer acto de presencia? La izquierda también entró en el juego.

Está claro que 17 puestos de trabajo no le van a cambiar la vida a los mendocinos. Pero el caso muestra como pocos la verdadera razón de ser del funcionamiento del Estado. Claro como el agua.