Del Caño presentó proyecto de ley para estatizar Donnelley
Luego de que este sábado, el diputado por Mendoza del Frente de Izquieda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño, participara este sábado de una asamblea con trabajadores de la gráfica Donnelley, anunció la presentación de un proyecto de ley para estatizar la imprenta, sujeta a la ley antiterrorista, según dispuso la Casa Rosada.
“Defendemos lo resuelto por los trabajadores de Donnelley, que tomaron la planta y la pusieron a producir inmediatamente después de que la patronal declarara la quiebra fraudulenta y cerrara las puertas de la empresa y por eso les presentamos este proyecto que fue votado en asamblea”, explicó Del Caño.
“Ciccone se estatizó en tiempo récord al servicio de la corrupción y los negociados de Boudou y compañía; Donnelley tiene que ser expropiada y estatizada inmediatamente para que sean sus propios trabajadores los que la gestionen”, argumentó el legislador mendocino.
En la asamblea realizada en la explanada de la gráfica, en la que participó Del Caño, también asistieron trabajadores de Lear. Allí se votó un plan de lucha para reincorporar a todos los despedidos de Lear, como también movilizaciones para exigir la expropiación y estatización de Donnelley, como también un plan de acción que apunta a un paro nacional -que se realizaría este mes- "contra los despidos, en defensa del salario y por la abolición del impuesto a las ganancias para los trabajadores”, según informó el portal Parlamentario.
Desde EE UU, Donnelley acusó al Gobierno y a los gremios
Los dueños de la imprenta Donnelley atribuyeron hoy a las políticas económicas del Gobierno y a los sindicatos por su quiebra, a la vez que se desligaron de cualquier vínculo con los fondos de cobertura que litigan contra el país en Nueva York.
"Thomas J. Quinlan, Presidente y CEO de RR Donnelley & Sons Company declara que, luego de mucha discusión, análisis y evaluación de diferentes alternativas para mantener la operación de RR Donnelley Argentina (RRDA), que tomó la difícil decisión de presentar su pedido de quiebra luego de 22 años de presencia en la Argentina", indicó un comunicado consignado en su portal y fechado en la ciudad estadounidense de Chicago.
La firma cargó contra las políticas económicas nacionales, al sostener que debió enfrentar una situación de "suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación, la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas. Por tal motivo, de forma independiente se tomó la decisión de solicitar la quiebra.
La firma se presentó en quiebra el 11 de agosto y dejó sin trabajo a 400 personas, lo que llevó a la presidenta Cristina Fernández a pedir la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la compañía, al considerar que el pedido no estaba fundado.