Ley Antiterrorista divide aguas a la espera de su aplicación
La denuncia de la AFIP contra la imprenta Donnelley, que hasta hoy tramita ante la jueza María Servini de Cubría y a partir del próximo martes lo hará ante el juez definitivo de la causa, Daniel Rafecas, será remitida al fiscal federal Patricio Evers para que opine si debe o no impulsarse una investigación penal.
Entre hoy y el martes -todo depende de cuestiones formales de la denuncia-, el juzgado enviará las actuaciones a la fiscalía para lo que en la jerga judicial se conoce como "la vista del 180", en alusión a ese artículo del Código Procesal Penal.
El fiscal debe resolver si impulsa la acción o la desestima, un paso decisivo para la continuidad o no de la causa.
Jorge Capitanich (jefe de Gabinete)
El jefe de Gabinete justificó la decisión de pedir la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley, por "maniobras y sospecha de fraude", y advirtió a los empresarios que "ninguno debe preocuparse si hace las cosas bien".
Sobre el cierre de la firma de capitales norteamericanos, el funcionario dijo que "se trata de una maniobra sospechosa en materia de fraude", tras brindar detalles de como se dio el proceso de lo que consideró como "una conducta alevosa, sospechada de fraudulenta, que está penalizado por el Código Penal".
El jefe de Ministros señaló, al ser consultado sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista, que "ningún empresario debe preocuparse si hace las cosas bien", al plantear: "¿O ustedes creen que el Gobierno quiere perjudicar al empresario?".
Sergio Berni (secretario de Seguridad)
En declaraciones radiales, el secretario de Seguridad Sergio Berni aseguró que "todo indica que ha sido una quiebra fraudulenta y en ese sentido trabajará la justicia".
"Si hay una ley es para usarla, así que será la Justicia quien determinará los alcances y encuadramiento de cada una de las leyes que le puede alcanzar a esta empresa".
Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)
"Acá hay una quiebra fraudulenta (referido a la firma Donnelley). Lo que hay que hacer es disponer de toda la legislación comercial y penal para investigar el fraude de la quiebra, pero, sobre todo, garantizar la continuidad de la fuente de trabajo de las 400 familias", reclamó.
El diputado nacional le pidió a la presidenta "que se plante para asegurar la continuidad de la empresa, investigar las cuentas y que las paguen los vaciadores" e insistió en que a la Ley Antiterrorista la quieren "solamente derogada".
Pablo Tonelli (PRO)
"Si la presidenta, en vez de resolver los problemas económicos que el país tiene, se dedica a seguir a las empresas que tienen problemas terminará denunciando a la gran mayoría, porque están crisis y no porque sean terroristas ni estén en contra del gobierno", advirtió el diputado nacional por el macrismo.
En este sentido, agregó que el pedido de Cristina Fernández para aplicar la Ley Antiterrorista a la imprenta para investigar si hubo irregularidades en el pedido de quiebra, "confirma nuestras sospechas: que podía ser utilizada para perseguir a opositores o personas que no simpatizaran con el Gobierno". 
Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco)
"El Gobierno nacional eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren", aseguró en un comunicado.
"No es así como se resuelven los problemas que tenemos". Y ratificó que está "en contra de la ley" antiterrorista, sancionada en 2011, que invoca el Gobierno en su denuncia contra la empresa gráfica norteamericana.
El Gobierno "ideologiza todo y trata de correr el eje de discusión de los problemas reales que afectan a la gente".