La polémica por la empresa mendocina Santa Elena llegó hasta Buenos Aires
“Santa Elena inicia sus actividades en el año 1994 con la realización de obras públicas y prestación de servicios con máquinas viales; en 1999 comienza la concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios en la ciudad de San Martín”. El texto pertenece a la empresa de residuos que hoy se encuentra en el centro de la polémica en diversos Departamentos.
Se trata de la firma Bodegas y Viñedos Santa Elena, CUIT 30-71081533-6, una empresa vitivinícola que posee, entre otros negocios, la construcción y la recolección de residuos y que a fines de 2012 llegó a tener “presencia” en cinco Departamentos mendocinos.
Lo curioso es que, en cada lugar al que llegó, la firma tuvo cuestionamientos de diversa índole. Por caso, cuando desembarcó en la Ciudad de Mendoza, en el año 2008, lo hizo en medio de una elocuente protesta de trabajadores municipales.

En Luján de Cuyo, a principios de 2012, fue contratada sin licitación por su intendente, Carlos López Puelles, lo que generó puntuales denuncias por parte de la oposición. Y lo propio ocurrió en Tunuyán, donde el jefe comunal Martín Aveiro, debió dar explicaciones por el mismo motivo.
Tampoco pasó desapercibida la contratación de Santa Elena en Godoy Cruz, donde logró la adjudicación de la recolección con camiones compactadores.
¿Quién está detrás de la firma que parece no tener límites a la hora de ganar licitaciones en Mendoza? Por lo que se sabe oficialmente, la empresa es propiedad de tres hermanos, Tomás Juan, Diego y Javier Valentín Espósito.
Sin embargo, se multiplican las voces que sospechan que detrás de los tres hermanos podría haber gente de la política local.
Esas suspicacias recrudecieron el pasado 2 de julio, luego de que Santa Elena lograra hacerse de un oneroso contrato en la localidad de 3 de Febrero, conurbano bonaerense. Allí, la empresa no solo se quedó con un jugoso negocio, sino que logró quitarle todos los beneficios a la poderosa Covelia, firma relacionada con el sindicalista Hugo Moyano.
El jefe comunal de esa zona, Hugo Omar Curto (foto), había cuestionado la calidad y el costo de la prestación de Covelia, y señaló que se gastaba en pagar el contrato "entre el 20 y el 25 por ciento del presupuesto del municipio". Luego de ello, los cuestionamientos llegaron contra el propio jefe comuna.
Según reporta el sitio de noticias SMNoticias, un consorcio de tres firmas relacionadas con la recolección de residuos (Ecomun S.A, Alemarsa S.A y Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A, COTRECO) denunció oportunamente graves irregularidades en la licitación de marras. Merece destacarse que se trata del “joint venture” que quedó fuera de la compulsa frente a Santa Elena.
De acuerdo a lo expuesto por David Emanuel Druetta, presidente de COTRECO, se remitió al intendente Curto un detalle con “irregularidades de las que hemos tomado conocimiento en el proceso de licitación de referencia a efecto que tome las medidas pertinentes, previo a la eventual adjudicación que pudiera determinarse”.
Druetta explica sin eufemismos: “No se ha evaluado adecuadamente la oferta presentada por la competencia”, ya que “el volumen de facturación y de empleados que declara Bodegas y Viñedos Santa Elena no corresponde con el volumen de trabajo que dicen tener. Es evidente que la empresa miente en relación a los antecedentes que acompañan”.
Y allí aparece una primera y única referencia a la provincia: es al momento de manifestar que las “referencias previas” de Santa Elena no son de similar magnitud con el del partido de Tres de Febrero, “dado que en Mendoza utilizan 6 camiones recolectores frente a 30 que requiere el municipio bonaerense”.
Dice COTRECO a ese respecto: “Con seis camiones compactadores no existe posibilidad técnica de alcanzar los 550.000 Kg. por día que dicen recolectar”.
Una de las firmas que integra el consorcio, Alemarsa, le reclama aún a Curto que suspenda la adjudicación y “disponga las medidas que corresponden a efectos de adjudicar regularmente la licitación al oferente que conforme los estrictos términos del pliego de bases y condiciones corresponda”.
Lo mismo sucede con Covelia, que anticipó que también acudirá a la Justicia.
Mientras tanto, desde Santa Elena aseguran que han cumplido con todos los requisitos que se plantearon en el pliego de licitación y minimizan lo que pueda llegar a ocurrir en la Justicia.
Más allá de las explicaciones de propios y ajenos, las dudas siguen dando vueltas en el aire: ¿Quién es el que logra que esa empresa gane toda licitación a la que se presenta? ¿Quién posee la “varita mágica” que obra el milagro?
La respuesta aún no está clara, aunque todo indica que algunas revelaciones podrían surgir en medio de esta sorda disputa que se da en la provincia de Buenos Aires. Sería realmente curioso que allí pudiera aclararse un punto que en Mendoza aún permanece en la nebulosa.


