Por las obras paradas podría haber recesión en Mendoza
La Corte Suprema de Justicia decidió aceptar el pedido del radicalismo y frenar la posibilidad de tomar deuda al Gobierno mendocino y eso alcanzaría obras ya adjudicadas. De acuerdo con el ministro de Infraestructura de la Provincia el 50% de la obra pública se va a paralizar e “indefectiblemente generará recesión”.
Es que luego del fallo, el Gobernador Francisco Pérez se reunió con el Ministro de Hacienda, Marcelo Costa dónde se decidió adoptar una “economía de guerra”, es decir que se suspenden hasta nuevo aviso los pagos relacionados con la Obra Pública, pagos de publicidad y todo tipo de erogaciones, salvo las necesarias para el funcionamiento diario.
La pelea entre el radicalismo y el PJ por la posibilidad de tomar créditos para la provincia se está acercando al ciudadano común más que antes. El viernes, con motivo de la entrega del primer ProCreAuto, a una mendocina en la consecionaria Automotores General San Martín, el gobernador habló con la prensa sobre el endeudamiento y aseguró que la Provincia "vive al día", "porque no hay plata".
En esa ocasión, el Gobernador esperaba poder tomar 1000 millones de pesos en deuda, porque a su entender "no mueven la aguja" en un Presupuesto anual de 40 mil millones como es el que estimaba requeriría la Provincia en todo el año para asumir compromisos y construir.
Pérez dijo que su gestión convive con una carta documento a diario, y acusó al radicalismo de "ponerle palos en la rueda", luego de recordar que el gobierno de Julio Cobos "tuvo un déficit del 14%, y se le permitió endeudarse", cuando ellos tienen "un déficit del 4%" y no pueden tomar créditos públicos.
El primer efecto de el recorte de gastos que pidió el Gobernador tuvo lugar en el ministerio de Ambiente, el titular de la Cartera, Guillermo Elizalde consideró “prudente” suspender la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos del Este, obra presupuestada por “$50 millones, de los cuales un 71% son de la Nación, y 15 millones le corresponde a la Provincia”.
El ministro lamentó el anuncio, ya que considera a la suspensión de la obra como una pérdida de tiempo “inestimable en la remediación de basurales, en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona Este, y en lo social, ya que se frena el empleo que generaba la construcción de las plantas y el movimiento económico de insumos que proveería para todos esos departamentos”.
Por su parte, Baldasso señaló que que el fallo de la Suprema Corte ordena al Gobierno no seguir adelante con los créditos que ya tenía tomados, como la tercera trocha del Acceso Sur, cuyo desembolso ya se había acordado con Nación, y se haría a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.
Es que el ministro de Infraestructura consideró que el fallo alcanza todo tipo de financiamiento que provenga de fuera de la provincia y que, en la mayoría de los casos, ya estaban preacordados.
En sintonía, comentó que esto “abre la posibilidad de que las empresas constructoras inicien medidas judiciales contra el Estado debido a que al quedarse sin caja no se pueda pagar las obras que tienen contrato”.
Las obras que se pararán
Además de la tercera trocha del Acceso Sur, el ministro explicó que se podrían afectar también las obras que tienen "financiamiento provincial, de Hacienda, porque al no poder endeudarse Hacienda, las viviendas seguro".
Una de las obras que siginificó una pelea constante entre ambos bloques con mayoría en la legislatura mientras se discutía por el presupuesto fue la Villa Olímpica, que "tiene financiamiento de soja, y aún no ha sido iniciada", en cuanto a esto el ministro aseguró que no le preocupa, ya que "implica 80 o 100 millones de pesos que no le cambian a la Provincia".
"Cuando uno está diciendo que tiene que tomar mil millones para obra, es porque necesito mandar 250 millones para el IPV -Instituto Provincial de la Vivienda-, para planes hechos con los municipios, etc", indicó el ministro.
"La Villa Olímpica es una obra que puede durar tres años como duró el Le Parc, pero las obras que me preocupan son las que ya tienen ejecución con financiamiento del BID:
-la Tercera Trocha del Acceso Sur;
-la ruta Cacheuta-Potrerillos;
-obras en San Martín;
-el Carril Ponce;
-el Carril Mitre en Guaymallén;
-la Calle San Martín en Las Heras;
-y obras en Tupungato o en Vista Flores, Tunuyán", insistió el ministro.
Y agregó que habrá "una serie de 50 obras que están iniciadas" pero que no alcanzan el 80% de ejecución que deberán suspenderse.
El radicalismo habla de amenazas
Por su parte, desde el bloque opositor, el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo explicó que para el ejercicio actual el oficialismo no debe tomar deuda porque sería "absolutamente contraproducente para todos los mendocinos, ya que las condiciones socio-economómicas y las características del acceso a financiamiento son otras".
Y comparó la economía de la Provincia con la administración de los ingresos que cada familia se impone en épocas de crisis: recortar gastos para no endeudarse.
Pero no descartó que con "un plan de ordenamiento concreto, sin amenzar a los proveedores, a los empleados públicos y a los servicios", se podría llegar a un acuerdo con el radicalismo para tomar deuda, siempre enfrentando un "plan de austeridad fiscal".
Mientras el radicalismo esgrime argumentos sobre lo que se debe hacer para que la Provincia salga de la recesión en la que se encuentra, sin que se tome deuda, el oficialismo asegura que sin obra pública habrá recesión, y que sin deuda no hay posibilidades de hacer obra pública, en tanto las soluciones para los mendocinos no llegan y el panorama parece complicarse cada vez más en una pulseada por el poder, donde nadie afloja y el pueblo paga.