El Gobierno frena la construcción de viviendas

A pesar de la importancia que le ha dado Francisco Pérez a la política de vivienda, el Gobierno provincial evalúa suspender la construcción de aquellos barrios que están por debajo del cincuenta por ciento de ejecución. 

La medida fue anunciada por dos ministros y está relacionada directamente al fallo de la Corte provincial que impide al Poder Ejecutivo tomar endeudamiento. 

Si bien el viernes harán un análisis detallado del problema, Rolando Baldasso, ministro de Infraestructura, adelantó que las casas que están a medio construir podrían "paralizarse", "demorarse en el tiempo" o sufrir una "anulación momentánea". Respecto de las que tienen entre 50 y 80 por ciento de avance, no hay precisiones sobre su destino. Sí indicó el ministro que priorizarán y se seguirá adelante hasta su terminación con las que están en un nivel de ejecución del "75 u 80 por ciento". 

Baldasso explicó que no se podrá seguir adelante con las viviendas con menos avance de construcción debido a los problemas financieros generados por el bloqueo del endeudamiento. Según indicó el ministro, este año el Poder Ejecutivo "tenía pensado darle al IPV 250 millones de pesos en el presupuesto y esos fondos normalmente dependen de que se endeude el Ministerio de Hacienda". 

El presupuesto 2014 nunca se aprobó en la Legislatura provincial y la "reconducción presupuestaria", que fue ideada como una alternativa para tomar endeudamiento, se frenó en la Justicia, por lo cual el Gobierno dice hoy que se encuentra sin opciones para avanzar con muchas soluciones habitacionales. 

En este contexto, el Gobierno afirmó que el IPV sólo cuenta con fondos propios y varios funcionarios sostuvieron que esa plata no va a alcanzar en todos los casos para pagar la "contraparte provincial" de los planes de vivienda que financia el Gobierno Nacional. 

La contraparte de la vivienda social responde a "una mejora en las terminaciones, una mayor superficie de las casas, la variación de precios u obras de urbanización" que absorbe la Provincia, según precisó Baldasso. Generalmente implica un tercio del total de la inversión, ya que los otros dos tercios los envía la Nación a través del Programa Federal de Vivienda. 

Parálisis 

La mala noticia sobre las viviendas se conoció en medio de una jornada plagada de novedades similares respecto de la obra pública. 

Al mediodía, el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, llamó a conferencia de prensa para anunciar la suspensión de la construcción de una moderna planta de residuos para la zona Este debido a la prohibición de tomar crédito y la necesidad de reasignar recursos después del fallo de la Corte. 

El inicio de esta obra no iba a ser menor. El Gobierno tenía previsto que vinieran el jueves a Mendoza el jefe de gabinete, Jorge Capitanich; y el secretario general de la Presidencia, para participar del acto. Pero el gobernador Pérez les llamó a ambos para avisarles que el acto se suspendía por el problema del endeudamiento. 

Elizalde no dio demasiados detalles técnicos, pero explicó, ante la consulta de MDZ, que "no se puede iniciar la obra hasta conocer el alcance del fallo, ya que generaría un impacto comenzar y después tener que suspenderla". 

"Se me cae una foto impresionante", agregó el funcionario, triste por tener que suspender un acto que mezclaría figuras nacionales con los cinco intendentes del Este, entre los cuáles varios son radicales. De hecho, el presidente del consorcio que se armó para el proyecto es el de Rivadavia, Ricardo Mansur, quien pertenece al partido opositor. 

La construcción de la Planta de Disposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Zona Este tiene un costo de 50 millones de pesos. El 71 por ciento de los fondos provienen del Banco Mundial y el 29 por ciento restante es aportado por la Provincia. 

La mala onda se extendió hasta la tarde, cuando un comunicado oficial mostró al ministro Baldasso anticipando que la "parálisis" generada por el fallo de la Corte abarcará al 50 por ciento de la obra pública. 

El Gobierno todavía no recibe notificación oficial de esa decisión judicial, pero obviamente  ya ha trascendido en el Poder Ejecutivo su contenido. La Corte sí notificó a la UCR, que había pedido suspender la aplicación de la ley de reconducción presupuestaria (8667) y logró el aval de dos ministros de la Corte. 

Dos incisos ("b" y "e" del nuevo artículo 80 de la ley de Contabilidad), así como el artículo 14 de la ley 8667, están parados por orden judicial. El freno respecto de las obras que a ojos del Gobierno produce esta decisión es absoluto, dado que no sólo afecta el endeudamiento que iba a buscar Pérez ahora, sino también "los créditos que ya tenía tomados y que financian la obra pública (inciso E)”, según explicó Baldasso. 

En consecuencia, anoche el Gobierno consideraba que está virtualmente parado un crédito de 100 millones de dólares para obras en Aysam que ya fue aprobado por la Legislatura el año pasado; así como una obra de modernización de 86 kilómetros de cauces de agua en Lavalle por 312 millones de pesos que se iba a realizar con fondos del BID y de la Provincia. 

"Los regantes damnificados solicitaron a los ministros de la Corte una audiencia para exponer su situación; y a legisladores de la UCR, que revean su actitud", decía una nota que llegó ayer a los medios desde Irrigación. 

También se dijo en los últimos días que el Gobierno no podrá continuar o iniciar distintas obras viales. Una de las que no se podrían terminar es la históricamente demorada doble vía a Tunuyán, mientras que la que no se podría iniciar es la triple vía en el Acceso Sur. 

Fallo "partidario" 

Desde el punto de vista político, ayer siguieron las críticas oficialistas contra la Corte. Por lo bajo se cuestionó tanto la celeridad como el alcance del fallo. Según fuentes consultadas en el Poder Ejecutivo, la sala 1 de la Corte resolvió la medida cautelar justo cuando Pérez había pedido que el reclamo de la UCR fuera discutido en plenario."Siempre suelen demorarse, pero ahora no fue así", se quejó un ministro. 

Además, no se esperaba que el fallo (que fue calificado como "partidario") afectara el financiamiento que el año pasado fue aprobado en la Legislatura con  mayorías especiales y que la Provincia está en condiciones de recibir. "Con eso nos mataron", dijo un funcionario. 

En el Ejecutivo todavía destilan bronca contra los ministros Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares, los dos que firmaron la resolución de la Corte, dado que el tercer miembro de la sala, Carlos Bhöm, se encuentra de licencia. Los dos cuestionados tienen origen radical y por ello ya hay quienes señalan en el Ejecutivo que está en análisis una recusación oficial. 

Sea ésta u otra, reacción va a haber. En principio, el Gobierno apelará la resolución de la Corte con el objetivo de evitar que abarque el financiamiento que ya se había asegurado. También se pedirá que la acción de inconstitucionalidad se defina rápido y se insistirá en que todos los ministros de la Corte intervengan al tratar la cuestión de fondo, en lugar de una sola sala. 

Todo esto, de todos modos, no se hará hasta la semana que viene. Mas concretamente ocurrirá el martes, fecha en que la Corte notificaría de su resolución al Gobierno. La demora tiene que ver con que la UCR deberá rendir "una caución real por la suma de dos millones de pesos" antes de esa fecha para evitar que la medida cautelar se caiga. 

Hasta entonces, el Ejecutivo seguirá haciendo reuniones de análisis y advirtiendo sobre el impacto de la medida judicial. Ayer fueron invitados al despacho de Pérez el vicegobernador Carlos Ciurca y el bloque de senadores del PJ en horas del mediodía. "Estamos todos espalda contra espalda", aseguró una fuente, después de ese encuentro. 

En tanto, la ventana para negociar con el radicalismo una salida distinta no aparece, a pesar de que los senadores oficialistas les dijeron ayer al gobernador que hay "divisiones" y "preocupación" en el partido opositor por la situación de la obra pública.