La Justicia corre la pata estatal de la causa Papel Prensa
La Cámara Federal porteña otra vez tuvo un fallo que no beneficia al kirchnerismo, del que hasta hace poco, era fiel colaboradora. Es que el órgano de justicia ratificó que la Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá ser parte querellante en la causa que investiga la existencia de delitos de lesa humanidad en el traspaso accionario de la empresa Papel Prensa en 1976 durante la dictadura cívico militar.
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La sala I del tribunal de apelaciones avaló lo resuelto por el juez de la causa, Julián Ercolini, quien rechazó tener como querellante a la UIF, según la resolución firmada por los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Los jueces también desestimaron un planteo para fijar un "embargo preventivo" contra los imputados en la causa.
En cuanto a la condición de querellante que pretendía la UIF, la Cámara recordó que ya actúan en la causa en ese rol la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rafael Ianover y Lidia Papaleo, además de la fiscalía del caso. "En este sumario se inspecciona un presunto traspaso ilícito de acciones ocurrido en el año 1976", detalló la Cámara en su resolución y advirtió que "los planteos del impugnante aluden -en abstracto- a una hipótesis de `autolavado` de activos de origen ilícito ocurrido a partir del año 2011".
En la causa están imputados los directivos del diario Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; así como también Bartolomé Mitre, de La Nación; y Patricio Peralta Ramos (quien falleció en 2010), de La Razón. Se trata de los medios que adquirieron el paquete accionario de Papel Prensa, que pertenecía al fallecido banquero David Graiver, durante la última dictadura cívico militar. En la causa se investiga si el traspaso se hizo a precio vil y bajo presión de la dictadura militar a los herederos del banquero, mediante secuestros y apremios ilegales.
(TELAM)