El Gobierno busca apurar la definición de la Corte

Esos plazos comprenden unos 60 días a partir de que la causa queda en estado de resolución y para ello el Ejecutivo, entre otras cuestiones, tratará de acelerar los tiempos que le toquen como es el caso de la sustanciación de pruebas.

"Ya tenemos frenando el endeudamiento y si la Corte se toma más tiempo, toda la pelea que dimos por conseguir financiamiento no habrá servido de nada", se quejó la voz oficial.

Todavía sorprendido por la victoria judicial de la UCR, el Gobierno amenaza con una serie de ajustes que aún no define públicamente al detalle, a la espera de que la Corte los notifique de la resolución de la medida cautelar.

Pero para ello pasarán algunos días más, sobre todo, porque los legisladores opositores que presentaron la demanda de inconstitucionalidad y el pedido de una medida cautelar que fue finalmente aceptada, deberán depositar a contracautelar exigida por la Corte y que fue fijada en $2 millones.

La UCR ya definió que presentará en garantía la sede partidaria de la Calle Alem, trámite que legalmente tienen plazo hasta el próximo lunes para realizarlo y lo harán. Caso contrario, lo saben, de no presentar esa caución se caerá la aplicación de la medida cautelar y Pérez quedará habilitado nuevamente para poder endeudarse.

En tanto el día después del freno judicial, recrudeció la puja entre gobierno y oposición por un punto de la resolución de la Corte.

Es aquél que frenó no solo el financiamiento del ejercicio de 2014, sino que también la toma préstamos anteriores. Allí están, por caso, un crédito del BID  por U$S 50 millones que estaban destinados a la construcción de la ruta entre Cacheuta y Potrerillos o a la financiación de Aysam.

El Gobierno, en medio de ataques de que se trató de una "locura de los jueces", denunció que el inciso "e" de  dicha resolución lo obliga a frenar todas estas obras. El radicalismo, en la voz del intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, sostuvo que la Corte no hizo referencia a préstamos previamente acordados y que solo se refirió a los que corresponden al actual ejercicio.

En medio de un silencio sepulcral, desde Tribunales abonaron la postura del Poder Ejecutivo y deslizaron, ante la consulta de este diario, que el freno abarca a todo el paquete de financiamiento del Estado. Incluidos los que se tomaron en períodos anteriores y que se esperan que sean depositados este año.