La trama secreta del freno a la emergencia

La relación política entre el gobernador Francisco Pérez y su vice Carlos Ciurca tocó su máximo pico de tensión este miércoles debido a la discutida emergencia en seguridad.

Los hechos hablan por sí solos. Ciurca se esforzó el martes para sancionar una ley de emergencia al filo de que se cumpliera un mes desde que lanzó la iniciativa. Al día siguiente, Pérez criticó duramente el proyecto e impidió su sanción definitiva.

Y no se trata de una ley a la que el gobernador haya sugerido hacerle sólo retoques. "Es incierta la situación del proyecto. Como ley no sirve para nada y no está en condiciones de salir", señalaron anoche desde la Cámara de Diputados.

El gobernador y su vice se pelearon varias veces hasta ahora, por ideas como la reelección o en las propias urnas, cuando el PJ fue a internas. Pero hasta aquí esa relación tensa nunca había tenido efecto directo en una acción de gobierno, más allá de que las disidencias sobre la emergencia en seguridad se hicieron notorias desde el principio. Parecía que Pérez y Ciurca iban a chocar y, finalmente, chocaron.

A pesar de todos los intentos por suavizar el tono del conflicto, ayer la Casa de Gobierno y la Legislatura vivieron un día de furia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, expresó temprano por un canal televisivo que intentaría sancionar este miércoles la emergencia que se había aprobado un día antes en la otra cámara.

Un rato después sonó su celular y del otro lado el que hablaba era Pérez. "Me pidió por favor que revisáramos el texto porque no se puede cumplir", señaló Tanús respecto de esa conversación.

Un tiempo antes, el gobernador había pedido al presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá, el texto de la ley de Emergencia que había sancionado la Cámara Alta.

La opinión de Pérez se hizo pública más tarde, durante un acto en Guaymallén. "El proyecto es una declaración" descalificó el gobernador, quien consideró además que "carece de sentido", salvo como paso previo para que se sancionen otras leyes que están en estudio en la comisión Bicameral de Seguridad.

En semejante clima, Tanús optó por congelar el tratamiento de la ley de emergencia y el bloque del PJ votó unánimente en ese sentido. Con un detalle particular: se fijó que el voto debía ser nominal, para que quedara claro que todo el oficialismo pensaba de esa manera.

"Hicimos una reunión de bloque para definir esto y después hablé con Bauzá", indicó el presidente de la Cámara Baja. Bauzá había quedado como máximo interlocutor del Senado dado que Ciurca estaba en una actividad con Karina Rabolini, la mujer del gobernador bonaerense Daniel Scioli, y se desentendió de las cuestiones legislativas.

Ese diálogo entre Tanús y Ciurca, según aseguró el referido senador, no fue agresivo, aunque sí reflejó las diferencias de criterio en el oficialismo. "No hubo ninguna discusión con Tanús. Dicen que van a esperar una semana más, aunque yo creo que, políticamente, era el momento de tratar la ley", se plantó Bauzá.

Por qué se frenó la ley

Tanús afirmó que Pérez frenó la ley de emergencia porque la considera "contradictoria" y porque contempla "obligaciones incumplibles".

Las contradicciones que marca el gobernador y que los diputados peronistas en pleno parecen aceptar se dan principalmente entre los artículos 2 y 4, de una ley que lleva un mes en debate y tiene solamente 4 puntos en total.

Es que el artículo 2 fija una serie de "objetivos estratégicos", entre ellos, la ampliación de 1.000 plazas en la cárcel de Almafuerte de aquí al 31 de diciembre, pero el 4 aclara que "la emergencia declarada no implicará el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo".

El jefe del Poder Ejecutivo entiende que en la ley hay una serie de obligaciones y plazos, pero no fondos para cumplirlas. Además de la cárcel, la norma habla de incorporar agentes policiales, adquirir móviles e sumar tecnología, además de poner en funcionamiento un registro de ADN.

Pero hay más. Algunos diputados del PJ reaccionaron ayer también frente al artículo 3, donde se encomienda a la Bicameral de Seguridad el "estudio y análisis" de los proyectos necesarios para combatir la inseguridad. "La ley manda a los legisladores a estudiar y eso es lo que estamos haciendo. Además faltan cosas importantes, como la ley para que la Justicia intervenga en casos de narcomenudeo", dijo sin tapujos Claudio Díaz, diputado del PJ en la Bicameral.

"Sancionar esto era una irresponsabilidad", agregó Díaz, sobre quien se hace necesario marcar un detalle: políticamente está alineado con el vicegobernador, es decir, el impulsor de la emergencia.

Cuando Tanús pidió explicaciones sobre los aspectos polémicos del proyecto, desde el Senado le contestaron que la ley "fue madurando y cambiando". En efecto, el primer modelo de ley de Emergencia del PJ no establecía obligaciones para el Ejecutivo. Esos puntos fueron concesiones del oficialismo a la UCR, así como el cepo a las "facultades extraordinarias" del gobernador, un punto que reclamaron el Frente Renovador y el PRO para acompañar la iniciativa.

Está claro que el oficialismo buscó obtener en el Senado el máximo nivel de consenso y eso lo hizo modificar la emergencia. Aunque hasta anoche, los aliados de Ciurca entendían que la situación no era tan grave. "Sacamos el artículo que obligaba a suspender la Villa Olímpica pero perdimos por un voto en lo de la cárcel", dijeron en el entorno del vicegobernador. 

Desde el Senado marcaron también que el Gobierno tiene previsto licitar antes de fin de año una nueva cárcel "llave en mano", por lo cual, la orden de generar 1.000 plazas en Almafuerte tampoco sería un problema.

"Nada de lo que hay en la ley implica más recursos", insistió un legislador del PJ, desde su barricada de la Cámara Alta. "Ni siquiera hace falta una ley para hacer compras directas, debido a que no hay plata para gastar y además los móviles se pueden adquirir por catálogo", agregó.

Comperatore, sobre un polvorín

En medio de este polvorín político, Leonardo Comperatore, ministro de Seguridad, acudiría este jueves a la Legislatura.

El funcionario tiene agendada una reunión con los legisladores de la comisión Bicameral de Seguridad para dar a conocer un "plan de acciones concretas" contra el delito.

Esto es una paradoja, dado que la discusión legislativa de la emergencia, que hasta ahora le había servido como escudo protector frente a las críticas, ahora lo obliga a asumir todo el protagonismo.

Los allegados al ministro confirmaron la asistencia de Comperatore a la Bicameral, pero algunos diputados del radicalismo la pusieron en duda.

En el medio, los propios diputados del PJ intervinieron para sugerir que vaya a la Bicameral. "El ministro debe clarificar cuáles son las necesidades materiales que tiene para poder implementar acciones", afirmó Díaz, al final de una jornada muy conflictiva para Paco, Ciurca y buena parte del justicialismo.