Pérez busca armar un frente común ante el "pacto petrolero"
El gobernador mendocino negocia con su pares de las provincias productoras de petróleo una posición común ante el intento de la Nación y de YPF de avanzar en un nuevo acuerdo hidrocarburífero. "Nosotros no vamos a confrontar con la Nación, pero tenemos límites. Si no, los mendocinos nos van a patear la Casa de Gobierno", admiten.
Francisco Pérez está buscando armar un frente común de gobernadores ante la discusión del nuevo “pacto petrolero” que se avecina, en dónde las provincias podrían resignar recursos en pos de beneficios para la Nación y para la empresa YPF.
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En los últimos días el mandatario mendocino comenzó una serie de consultas con sus pares de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), sobre todo con el neuquino Jorge Sapag, para unificar criterios y para intentar fijar una postura común a llevar al encuentro con la presidenta Cristina Kirchner el próximo lunes 9.
En el Gobierno, el encuentro del lunes ya generó una postura: Paco irá con ánimo de acordar, aunque ya fijó con el resto de los mandatarios que su límite será “que no se vean afectados los derechos jurídicos y económicos de la provincia”.
En términos generales, el gobierno no tiene más información a la mano que un documento que circula desde principios de esta semana y que abarca una serie de puntos que apuntan a regular la explotación del petróleo y del gas no convencional.
Una de las pocas precisiones con las que cuentan en Peltier 351, es que lo que se negociará es una ampliación del decreto 929/13, firmado por la presidenta y que le dio marco al acuerdo rubricado con la empresa Chevrón para la explotación de Vaca Muerta. Y también que luego de ello se buscará sancionar un proyecto de ley que pondría en discusión la potestad total que hoy tienen las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos, apuntando directamente al denominado “shale oil”.
En trazos gruesos, el gobierno no dispone de mucha más información de la que trascendió en los medios hasta el momento. “Nuestra expectativa es saber qué nos plantearán el lunes y allí veremos. Nosotros vamos a ir con la postura de acordar”, relató a este diario uno de los hombres cercanos a Pérez que está al tanto de la negociación, aunque la información de la que dispone la provincia sea poca.
Para Pérez el único límite será que no se afecten los derechos jurídicos y económicos provinciales. O como sinceró un funcionario: “Nosotros no vamos a confrontar, siempre y cuando se resguarden los derechos de la provincia. Si no, van a ser los mendocinos los que nos pateen las puertas de la Casa de Gobierno”.
Sobre sus recursos ya algo tienen en claro: las decisiones que se tomen, no afectarán a las concesiones ya realizadas como las que se lanzaron a mediados de mayo y que fueron el puntapié inicial de la controversia entre YPF y las provincias.
La afectación de los derechos provinciales es un tema a resolver. Lo que se sabe hasta aquí es que se establecería que las regalías no podrán superar el 12%, tal como está fijado en la Ley de Hidrocarburos, que se buscará fijar un parámetro común para el Impuesto a los Ingresos Brutos que hoy tiene alícuotas diferentes de acuerdo a la decisión de cada provincia y, entre otras cuestiones más, que también se exigirán estándares mínimos en materia de medio ambiente.
Pero sobre todo, Miguel Galuccio con el aval de Cristina, pretende restringir el modelo de “acarreo” que se aplica en varias provincias con empresas provinciales de energía (Mendoza es una de ellas) en dónde los riesgos de inversión en materia exploratoria corren por cuenta del sector privado y no de su socio estatal.
Este dato es clave para Pérez que tiene a EMESA como uno de los bastiones de gestión y que ya licitó, el 15 de mayo, las primeras áreas bajo el método que Galuccio cuestiona.
Aquí surge uno de los primeros interrogantes acerca de este conflicto. ¿Por qué el problema de las inversiones afecta solo a YPF y no al resto de las empresas privadas que sí se presentaron afrontando incluso los costos de exploración y sin objetar el “acarreo”?
Y el otro: la Nación descarga sobre las provincias la exclusividad de la responsabilidad de la posible caída de inversiones, sin reparar que medidas económicas como la aplicación de retenciones al petróleo o los cuestionamientos a la seguridad jurídica también jugaron en estos últimos años un papel importante.
Hace poco menos de quince días quedó en claro que Mendoza resultó atrapada en medio de la pelea entre YPF y Neuquén, cuando la petrolera decidió no presentarse en el proceso a través del cual la provincia licitaba 8 áreas para explorar en Malargüe. Esto a pesar de que hasta días antes la empresa era uno de los principales interesados en el negocio.
Esa puja se desató porque el gobernador Sapag, una vez vencidas las concesiones actuales, planea destinar las áreas que hoy están en explotación a la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), la empresa estatal de energía neuquina, que pasará a ser la concesionaria y negociará contratos de servicio con las operadoras. Esto, según entiende Galuccio, sería un golpe letal para el crecimiento de YPF sobre todo pensando en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
El mismo día del plantón a Pérez, Galuccio emitió un comunciado a través del cual explicaba que “YPF defiende enfáticamente la potestad de las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos. Pero, al mismo tiempo, trabaja para que grandes inversiones de importantes petroleras internacionales lleguen al país y a cada territorio provincial”. Y allí se desató la pelea.
En trazos gruesos, el gobierno no dispone de mucha más información de la que trascendió en los medios hasta el momento. “Nuestra expectativa es saber qué nos plantearán el lunes y allí veremos. Nosotros vamos a ir con la postura de acordar”, relató a este diario uno de los hombres cercanos a Pérez que está al tanto de la negociación, aunque la información de la que dispone la provincia sea poca.
Para Pérez el único límite será que no se afecten los derechos jurídicos y económicos provinciales. O como sinceró un funcionario: “Nosotros no vamos a confrontar, siempre y cuando se resguarden los derechos de la provincia. Si no, van a ser los mendocinos los que nos pateen las puertas de la Casa de Gobierno”.
Sobre sus recursos ya algo tienen en claro: las decisiones que se tomen, no afectarán a las concesiones ya realizadas como las que se lanzaron a mediados de mayo y que fueron el puntapié inicial de la controversia entre YPF y las provincias.
La afectación de los derechos provinciales es un tema a resolver. Lo que se sabe hasta aquí es que se establecería que las regalías no podrán superar el 12%, tal como está fijado en la Ley de Hidrocarburos, que se buscará fijar un parámetro común para el Impuesto a los Ingresos Brutos que hoy tiene alícuotas diferentes de acuerdo a la decisión de cada provincia y, entre otras cuestiones más, que también se exigirán estándares mínimos en materia de medio ambiente.
Pero sobre todo, Miguel Galuccio con el aval de Cristina, pretende restringir el modelo de “acarreo” que se aplica en varias provincias con empresas provinciales de energía (Mendoza es una de ellas) en dónde los riesgos de inversión en materia exploratoria corren por cuenta del sector privado y no de su socio estatal.
Este dato es clave para Pérez que tiene a EMESA como uno de los bastiones de gestión y que ya licitó, el 15 de mayo, las primeras áreas bajo el método que Galuccio cuestiona.
Aquí surge uno de los primeros interrogantes acerca de este conflicto. ¿Por qué el problema de las inversiones afecta solo a YPF y no al resto de las empresas privadas que sí se presentaron afrontando incluso los costos de exploración y sin objetar el “acarreo”?
Y el otro: la Nación descarga sobre las provincias la exclusividad de la responsabilidad de la posible caída de inversiones, sin reparar que medidas económicas como la aplicación de retenciones al petróleo o los cuestionamientos a la seguridad jurídica también jugaron en estos últimos años un papel importante.
Hace poco menos de quince días quedó en claro que Mendoza resultó atrapada en medio de la pelea entre YPF y Neuquén, cuando la petrolera decidió no presentarse en el proceso a través del cual la provincia licitaba 8 áreas para explorar en Malargüe. Esto a pesar de que hasta días antes la empresa era uno de los principales interesados en el negocio.
Esa puja se desató porque el gobernador Sapag, una vez vencidas las concesiones actuales, planea destinar las áreas que hoy están en explotación a la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), la empresa estatal de energía neuquina, que pasará a ser la concesionaria y negociará contratos de servicio con las operadoras. Esto, según entiende Galuccio, sería un golpe letal para el crecimiento de YPF sobre todo pensando en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
El mismo día del plantón a Pérez, Galuccio emitió un comunciado a través del cual explicaba que “YPF defiende enfáticamente la potestad de las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos. Pero, al mismo tiempo, trabaja para que grandes inversiones de importantes petroleras internacionales lleguen al país y a cada territorio provincial”. Y allí se desató la pelea.