Griesa anuló el pago a los bonistas
Finalmente, El juez de Nueva York Thomas Griesa dispuso este mediodía que la Argentina no podrá pagarle a los bonistas reestructurados sin previo acuerdo con los fondos buitres.
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Según cables de agencias internacionales de noticias procedentes de la capital norteamericana, el Banco de Nueva York -hacia donde el Gobierno giró el dinero- aclaró que los dólares para los bonistas aún se encuentran en Buenos Aires.
Este viernes, el juez norteamericano mantuvo una audiencia de casi hora y media con los abogados que representan al Estado argentino y a los fondos buitre.
Ese encuentro fue motorizado por el propio magistrado tras la decisión que tomó el Gobierno argentino de girar 539 millones de dólares al Banco de Nueva York para abonar intereses del bono que vence el lunes próximo, que está en manos de tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
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En la Corte de Nueva York, Griesa sostuvo que las conversaciones con el abogado que él mismo designó como negociador entre las partes, fueron interrumpidas por el pago que hizo Argentina.
En esa audiencia, el juez dijo que "el pago es ilegal y no será realizado", pero aclaró "sería deseable, si fuera posible, que se llegue a un acuerdo", de acuerdo con fuentes que presenciaron el encuentro.
Para el magistrado, la Argentina tendría que haber "negociado una postergación" de sus pagos con los bonistas que ingresaron al canje, casi el 93% del total.
También consideró que "las negociaciones" entre la Argentina y los holdouts se vieron "interferidas" por el pago que realizó el Gobierno argentino.
En tanto, un abogado del Bank of New York Mellon explicó que los 539 millones de dólares fueron depositados en la cuenta que ese banco posee en la Argentina y que aún no fueron transferidos.
Por su parte, los abogados del fondo NML, se quejaron por la actitud "desafiante" de la Argentina, al girar los fondos para el vencimiento del 30 de junio.
Mientras, uno de los abogados del Estado argentino, el estadounidense Carmine Bocuzzi, aclaró que si los funcionarios argentinos no hubieran realizado el pago, podrían enfrentar juicios penales en Argentina.