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Efecto Yaqui: crecen al doble los "narco presos"
Es porque después del "apriete" político, en 90 días lograron coordinar a jueces y fiscales con la Justicia Federal. Hay 230 detenidos por narcotráfico, la mayoría por "kioscos" de drogas en el Gran Mendoza. Puede que sea la ínfima parte de lo que en verdad ocurre. Pero es mejor que nada.
En tres meses la cantidad de presos por narcotráfico se duplicó en Mendoza. Hoy hay sólo a disposición del juez Walter Bento 230 presos en distintos grados de procesamiento. La mayoría, por la instalación de “kioscos” de drogas en el Gran Mendoza, aunque también los hay por el mismo delito en el Valle de Uco y en el sur provincial. Parece una buena noticia, en realidad lo es, pero no es completa: ninguno de estos presos va a devolver la vida del adolescente Cristian Puleo, muerto el año pasado en un asado con drogas junto a sus amigos, en Lunlunta; ni va a calmar el dolor de la familia de la periodista Paula Giglio, asesinada la semana pasada por un hombre muy afectado en su psiquis por el consumo de estupefacientes.
Meses atrás, antes de la Vendimia y con el verano a pleno, el “Caso Yaqui”, la jefa narco del oeste presa ahora por narcotráfico mientras proclama su inocencia a gritos; puso la temperatura de la seguridad al rojo y reveló graves desconexiones entre la justicia federal y la provincial, entre fiscales propios de la provincia, y entre los distintos ámbitos de competencia. Aún dentro de la justicia federal era casi imposible compatibilizar el pensamiento de los fiscales federales, el juez Walter Bento y la Cámara Federal. Todo ello, mientras en el gran Mendoza seguían creciendo los delitos conexos al narcotráfico: asaltos, robos, violencia entre bandas, ajustes de cuentas y crímenes varios, entre ellos el doble asesinato de una kiosquera de Godoy Cruz y su marido, y otro doble crimen de dos jóvenes en el mismo departamento, aún sin esclarecer.
La escalada con repercusión pública había empezado en enero, cuando en un enfrentamiento en el Campo Pappa fue baleado Cristian Mauricio Gelvez Gatto, pareja de Sandra Yaquelina Vargas (a) “La Yaqui”, quien incluso fue señalada en algún momento por haber sido distribuidora del ahora condenado “Gato” Araya. Toda gente buena. Luego de la muerte de Gelvez Gatto creció el enfrentamiento entre bandas. Noches a tiros, muertos arrojados a la calle o en el pedemonte, y la paciencia de la población al límite. Con cada robo seguido de muerte, no faltó el vecino que dijese “en tal o cual lugar hay un kiosco de drogas manejado por fulano”.
Con los organismos oficiales desconectados, lo que funcionó fue el método más viejo de la política: el apriete. El gobernador Francisco Pérez salió con los tapones de punta, le apuntó duro al procurador Rodolfo González, a fiscales de Godoy Cruz y de Luján-Maipú, a la justicia federal, y a todo el que se le pusiera delante. El 14 de febrero directamente Pérez le echó la culpa a la justicia –del color que fuere- por lo que consideraba escasos avances. Después, los resultados comenzaron a aparecer. En estricto “off the record”, funcionarios del gobierno contaban jugosos detalles de las escuchas que involucraban a la Yaqui en diversos delitos, entre ellos un fallido intento de venganza por el asesinato de su marido. Come sea, días después la Yaqui se presentó en la justicia para anunciar que en realidad no era una jefa narco, y pocas semanas después cayó en San Luis con buena parte de su familia. Les secuestraron autos, celulares, y dinero en efectivo. Finalmente, ella y su hija Silvina Gelvez fueron imputadas por lavado y narcotráfico, un cuñado de la Yaqui escapó de la cárcel días atrás, y en un reportaje a Los Andes, la mujer se quejó de que la policía y la justicia la habían transformado en un “monstruo”.
El gobierno puso entonces todos los “fierros” a disposición. Mientras el gobernador Pérez hacía de “policía malo”, los ministros Leonardo Comperatore (Seguridad) y Rodolfo Lafalla (Gobierno) allanaban el camino con fiscales y jueces provinciales y federales. A su vez, la procuradora general Alejandra Gils Carbó hizo los deberes. La funcionaria cumple al pie de la letra el relato y les tira el aparato encima a los fiscales que investigan la corrupción, como en el caso Campagnoli, pero en temas relativos al narcotráfico no es muy flexible. Prefiere ver a los narcos presos que afuera, y criticó incluso el “discurso drogadicto” de quienes mantienen posturas más “progresistas”, así, entre comillas. Gils Carbó envió a Mendoza al jefe de la PROCUNAR, Félix Crous. La repartición que conduce es una súper fiscalía especial de delitos contra el narcotráfico, y los fiscales federales mendocinos tomaron nota del mensaje. “De repente, dejó de pasar lo que pasaba… que el juez Bento pedía detenciones a pesar de dictámenes en contra de los fiscales federales, y que la Cámara Federal se lo diese vuelta dándole la razón a los fiscales en vez de al juez” contó una fuente de la justicia federal.
Pasaron tres meses desde aquel jaleo, y la cantidad de presos federales por causas federales es del doble respecto de meses atrás. “La demanda de Narcocriminalidad de la provincia es mayor y los allanamientos dan positivo” dijo la misma fuente federal.
En el gobierno festejan la noticia. Saben que es como vaciar el océano con una tapita de gaseosa de medio litro, pero es mejor que nada. “El ‘apriete’ funcionó, más allá de que hubo mucho trabajo para coordinar a jueces y fiscales y con la justicia federal. Lo que más han detenido es gente relacionada a kioscos de la droga. La gente sabe dónde están. Nosotros sabemos dónde están. Y es el tipo de asunto que hace que la gente se enoje, y mucho, sobre todo después de algún crimen. La diferencia ahora es que nos dan muchos allanamientos que antes no nos daban” dijo una fuente del ministerio de Seguridad.
Entre los 230 detenidos, el único uniformado preso es un ex policía de Narcocriminalidad, Martín Berdejo, acusado de asesinar a un matrimonio chileno con supuestos negocios narco. Dicen que la pareja esperaba un cargamento de 300 kilos de cocaína de Bolivia. Pero igual hay una estrecha vigilancia sobre el comportamiento de policías. En San Rafael, a pedido del juez Eduardo Puigdéngolas, algunos efectivos fueron sigilosamente retirados de su camino y colocados en otras reparticiones. Días atrás, además, Puigdéngolas se reunió con los tres jueces de instrucción del departamento para coordinar investigaciones. Un camino a seguir, para unificar de alguna manera las pesquisas de causas provinciales y federales que muchas veces se desprenden de un mismo caso.
Los funcionarios y la policía siempre dicen tener más información de la que la justicia procesa. Pero algún resultado hubo, si los detenidos por causas narco son el doble que 12 semanas atrás. El último “gol” que gritaron en el gobierno fue el sábado último, con la detención de un narco apodado “El Chileno” Sotelo en San Rafael. Claro que no sólo crecen las detenciones. También se bajan a tiros todo lo que pueden. La semana pasada, el periodista mendocino Pablo Mannino publicó en La Nación que ya ocurrieron un 50 % más de crímenes este año respecto de 2013, y la mayoría por el consabido “ajuste de cuentas”. “Al terminar el año podría superarse la cifra récord de la década: 141 homicidios en 2012...” escribió Mannino.
Hubo muchos crímenes muy resonantes este año. La kiosquera Daiana Reynoso en enero, con signos de tortura. Su marido había sido ejecutado semanas antes de aquel asesinato. Un doble homicidio de dos jóvenes en Godoy Cruz, el asesinato de Cristian Gelvez Gatto, pareja de la Yaqui, y algunos crímenes ocurridos en medio de algún robo. El de mayor trascendencia pública fue el del turista neozelandés Nicholas Heyward, de 32 años. Lo mataron motochorros en el Parque y a la hora de la siesta; y se disparó entonces un debate tan enorme como improductivo, que terminó con una “emergencia” inconclusa en seguridad y una pelea política de proporciones. A ello hay que sumar los asesinatos del médico Sebastián Prado, el comerciante Luis Berardy, el defensor público Marcos Derpich, y tantos otros, más la confusa muerte del chico Andy García Campoy el viernes 13 con gendarmes involucrados, y el asesinato a sangre fría -a manos de un loco- de la periodista Paula Giglio. Demasiadas muertes. La mayoría, impunes.
Que haya el doble de detenciones por delitos narco que semanas atrás es una buena noticia. Pero hay que hacer mucho más –todos-, para que la gente se sienta segura y baje el nivel de delito. Mendoza ya no es un lugar “de paso”. Los crímenes y los muertos así lo atestiguan.
Pasaron tres meses desde aquel jaleo, y la cantidad de presos federales por causas federales es del doble respecto de meses atrás. “La demanda de Narcocriminalidad de la provincia es mayor y los allanamientos dan positivo” dijo la misma fuente federal.
En el gobierno festejan la noticia. Saben que es como vaciar el océano con una tapita de gaseosa de medio litro, pero es mejor que nada. “El ‘apriete’ funcionó, más allá de que hubo mucho trabajo para coordinar a jueces y fiscales y con la justicia federal. Lo que más han detenido es gente relacionada a kioscos de la droga. La gente sabe dónde están. Nosotros sabemos dónde están. Y es el tipo de asunto que hace que la gente se enoje, y mucho, sobre todo después de algún crimen. La diferencia ahora es que nos dan muchos allanamientos que antes no nos daban” dijo una fuente del ministerio de Seguridad.
Entre los 230 detenidos, el único uniformado preso es un ex policía de Narcocriminalidad, Martín Berdejo, acusado de asesinar a un matrimonio chileno con supuestos negocios narco. Dicen que la pareja esperaba un cargamento de 300 kilos de cocaína de Bolivia. Pero igual hay una estrecha vigilancia sobre el comportamiento de policías. En San Rafael, a pedido del juez Eduardo Puigdéngolas, algunos efectivos fueron sigilosamente retirados de su camino y colocados en otras reparticiones. Días atrás, además, Puigdéngolas se reunió con los tres jueces de instrucción del departamento para coordinar investigaciones. Un camino a seguir, para unificar de alguna manera las pesquisas de causas provinciales y federales que muchas veces se desprenden de un mismo caso.
Los funcionarios y la policía siempre dicen tener más información de la que la justicia procesa. Pero algún resultado hubo, si los detenidos por causas narco son el doble que 12 semanas atrás. El último “gol” que gritaron en el gobierno fue el sábado último, con la detención de un narco apodado “El Chileno” Sotelo en San Rafael. Claro que no sólo crecen las detenciones. También se bajan a tiros todo lo que pueden. La semana pasada, el periodista mendocino Pablo Mannino publicó en La Nación que ya ocurrieron un 50 % más de crímenes este año respecto de 2013, y la mayoría por el consabido “ajuste de cuentas”. “Al terminar el año podría superarse la cifra récord de la década: 141 homicidios en 2012...” escribió Mannino.
Hubo muchos crímenes muy resonantes este año. La kiosquera Daiana Reynoso en enero, con signos de tortura. Su marido había sido ejecutado semanas antes de aquel asesinato. Un doble homicidio de dos jóvenes en Godoy Cruz, el asesinato de Cristian Gelvez Gatto, pareja de la Yaqui, y algunos crímenes ocurridos en medio de algún robo. El de mayor trascendencia pública fue el del turista neozelandés Nicholas Heyward, de 32 años. Lo mataron motochorros en el Parque y a la hora de la siesta; y se disparó entonces un debate tan enorme como improductivo, que terminó con una “emergencia” inconclusa en seguridad y una pelea política de proporciones. A ello hay que sumar los asesinatos del médico Sebastián Prado, el comerciante Luis Berardy, el defensor público Marcos Derpich, y tantos otros, más la confusa muerte del chico Andy García Campoy el viernes 13 con gendarmes involucrados, y el asesinato a sangre fría -a manos de un loco- de la periodista Paula Giglio. Demasiadas muertes. La mayoría, impunes.
Que haya el doble de detenciones por delitos narco que semanas atrás es una buena noticia. Pero hay que hacer mucho más –todos-, para que la gente se sienta segura y baje el nivel de delito. Mendoza ya no es un lugar “de paso”. Los crímenes y los muertos así lo atestiguan.