Fuerte rechazo de los gremios a la ley de tope salarial

Los gremios más representativos de los empleados estatales mendocinos se preparan para salir al cruce de la ley de tope salarial que discute el Senado a instancias del legislador oficialista Fernando Simón.

La propuesta de Simón busca introducir el debate a favor de una nueva ley de Sueldos con un primer objetivo menos ambicioso que la regulación general de los salarios estatales. El senador del PJ propone reestablecer la pirámide de los sueldos públicos para que el gobernador sea el que más gana, a través de un gradual recorte en los futuros aumentos de los que cobran más que él. De este planteo están excluidos los jueces, debido a la intangibilidad de sus sueldos.

Algunos sindicatos, como ATE, ya están en guardia. Consultaron la situación del proyecto en la Cámara de Diputados y harán lo mismo la semana que viene en el Senado.

Según la secretaria general de este gremio, Raquel Blas, el oficialismo se despegó y sostuvo que es "un proyecto de Simón, no del Poder Ejecutivo". Pero más allá de este matiz, la gremialista destacó que "cualquier proyecto que fije topes de salarios para un sector con paritarias, sería inconstitucional, por lo tanto lo considero nulo".

Aunque el SUTE está en una vereda distinta a nivel político (el ATE, crítico del Gobierno; la actual conducción del gremio de los maestros, más cerca del kirchnerismo), su conductor, Adrián Mateluna, también se expresó en contra del tope salarial. "Los salarios de los trabajadores se tienen que discutir en paritarias", simplificó Mateluna.

El tope salarial surgió como reacción legislativa al estado de "anarquía salarial" que para muchos se reflejó en la paritaria estatal de este año, donde, a partir de la suba del 30.5 por ciento, algunos accedieron a aumentos de 15 mil pesos o más y lograron un sueldo que duplica al del gobernador. Ante esta situación, el ministro de Salud, Matías Roby, propuso colocar un tope de incremento de 5.500 pesos, pero fracasó en el intento.

Los agentes del área de la salud están desde entonces en la mira legislativa (hay pedidos de informes para blanquear la nómina de los que más ganan), pero el gremio que representa a los profesionales de ese ámbito, que es AMPROS, dice que la anarquía es responsabilidad del Poder Ejecutivo y los "acomodos políticos".

Así lo indicó la secretaria gremial de AMPROS, Claudia Iturbe, quien también está en contra del tope salarial. "La gente que gana 60 u 80 mil pesos son aquellos que ocuparon cargos políticos y cuando dejaron la función se llevaron el cargo, como es el caso de algunos directores de hospitales", explicó.

Y agregó: "Esta gente se hizo poner adicionales como mayor dedicación y bloqueo de título. Esas son atribuciones del Poder Ejecutivo, o sea que el cobra más es porque lo autoriza el gobernador".

Opiniones gremiale sobre el tope

Además agregó: "En cualquier provincia argentina, cualquier sueldo de escalafón está por encima del de los funcionarios. Es totalmente normal que así sea. Los sueldos más altos les llegan a personas con amplia experiencia, zona y todo lo demás. Jugar con eso es poner a la provincia en condiciones de que los médicos emigren".

La sindicalista reconoció que hay "casos irregulares" en la administración pública mendocina, pero, en un planteo similar al de Iturbe, sostuvo que esos casos son los de los empleados que "usan el sueldo de escalafón para pagarse más plata que la que ganan con los sueldos políticos".

También se quejó de que el proyecto no se meta con los sueldos de los jueces y sentenció que, hoy, "un chofer de micro cobra más que un médico".

Por su parte, Mateluna, del SUTE, afirmó que el Gobierno "tiene que entender que es difícil construir democracia si no les da participación a los trabajadores, el Gobierno tiene que trabajar en paritarias".

Mateluna agregó: "Nosotros no tenemos problemas con ese tipo de situaciones porque no hay sueldos que se escapen de la lógica, pero ideológicamente hay que decir que los salarios se resuelven en paritarias. No porque coyunturalmente no nos toque hay que opinar otra cosa".

El menos concluyente de todos los consultados fue Carlos Ordoñez, del gremio de los empleados judiciales, quien pidió no opinar por desconocimiento del proyecto. "Esto no nos abarca porque no tenemos ni por casualidad sueldos más altos que el gobernador. Eso lo cobran los jueces. Pero lo que creo es que hay que diagnosticar bien quiénes son", dijo Ordoñez.

Por último, Iturbe, de AMPROS, se quejó de entrada: "Esta es una ley de sueldos para nosotros los médicos. Pienso que la Legislatura no debe meterse en las paritarias nuestras. Hay que aplicar las leyes que están, que dicen cómo trabajar y cómo cobrar. Esto no será solución para los funcionarios y acomodados políticos. Al que no trabaje tienen que hacerle un sumario".

"Esta ley perjudica a todo el mundo. Si alguien trabaja el doble de horas, ocupa su auto para trabajar lejos y es de una especialidad muy importante, tiene que ganar más que el gobernador. Además, el gobernador tiene gastos reservados y viáticos", expresó Iturbe.

"Si se paga cada vez menos porque alguien se excede de lo que gana el gobernador oficialmente, el profesional no va a querer dar el servicio y se va a volver al tiempo en que la gente rechazaba la mayor dedicación", completó Iturbe.

La otra pelea

Más allá de la polémica del tope salarial, hoy por hoy, los gremios estatales tienen problemas más urgentes.

Muchos están preocupados, directamente, por la continuidad en el pago de los aumentos conseguidos. Las dudas han surgido en la Legislatura, donde aún no se homologan los acuerdos salariales de las paritarias debido a ciertas discusiones en torno a la legitimidad que tendría pagarlos cuando el instrumento legal (la reconducción presupuestaria) ha sido cuestionada ante la Corte.

La presión de los sindicalistas por esta situación está creciendo. Mateluna, de los docentes, afirmó al respecto que "la Legislatura tiene que homologar los acuerdos, porque ha sido una negociación ardua y los legisladores tienen que entenden que lo que les llega a las manos excede su representatividad. Ellos no tienen que poner trabas".

"Se están usando los acuerdos para hacer chicanas. Tienen que seguir los proceso normales y homologar los acuerdos y esto lo vamos a pedir a senadores y diputados. De todos modos los diputados dicen que los van a aprobar la semana que viene", expresó por su lado Blas.