Pérez se endeudará en julio y en el país
Mendoza saldrá a buscar financiamiento a partir del mes de julio y en el mercado local, según ya quedó definido ayer a nivel oficial tras conocerse el golpe que recibió el país con el fallo adverso de los fondos buitre y luego de que fracasara otro intento de acuerdo entre el gobierno y la Unión Cívica Radical por este tema, en el marco de una conciliación planteada por la Suprema Corte de Justicia.
El Gobierno congeló todo tipo de trámite esta semana para la colocación de deuda, como parte del compromiso de buena voluntad que asumió con los radicales mientras se intentaba negociar una salida al conflicto de la inconstitucionalidad planteada en el marco de la Justicia por la forma en que está buscando endeudarse Francisco Pérez. Pero a partir del lunes retomará su cronograma para la emisión de un título público que, según estaba siendo analizado, será por $1.500 millones y en tres etapas de julio a noviembre.
El ministro de Hacienda, Marcelo Costa, admitió algo este martes. A raíz de la sentencia desfavorable hacia Argentina por parte de la Justicia norteamericana en relación a los fondos buitre, Mendoza viró en su estrategia de obtener financiamiento en el exterior, tal como venía negociando hasta hace unos días con el ministerio de Economía de la Nación, para concentrarse en la búsqueda de la emisión de un título en el mercado local.
“Todo sigue igual (en cuanto a la estrategia de conseguir financiamiento) la única diferencia es que, a raíz de la situación con los fondos buitre, en lugar de buscar financiamiento en el exterior lo haremos en Argentina”, sinceró el ministro en declaraciones que formuló a este medio.
Hasta hace unos días, Costa esperaba el okey del ministro de Economía, Axel Kicillof, para salir al mercado internacional a colocar deuda por alrededor de U$S 200 millones como parte de la estrategia nacional para captar dólares del exterior: El plan abarcaba tanto al propio gobierno nacional como a varias provincias, incluida Mendoza
El titular de Hacienda apostaba a este juego por varios motivos, entre uno de ellos, obtener préstamos del exterior le garantizaba plazos de pago que podían llegar en algunos casos hasta los 15 años.
Ahora el plan será otro. El gobierno de Mendoza buscará la colocación de un bono y no de una letra (la diferencia es el plazo de pago, más corto en la segunda alternativa) y en es sentido las opciones son dos, según lo que ofrece el mercado hoy.
Una de ellas es la emisión de un bono atado a la cotización del dólar (dólar linked) en un plazo de tres a cinco años. Y la otra, la colocación de un título atado a la tasa referencial de mercado (badlar más bancos privados) que hoy podría llegar al 35% anual.
Esta última alternativa es cara (legisladores del radicalismo como Martín Kerchner calificaron de “una joda” la intención del Gobierno de emitir deuda de esta manera), aunque sería la opción elegida ya que la otra, atada al dólar, obligará al Gobierno a quedar sujeto a una casi segura devaluación a futuro para saber cuánto terminará pagando.
Pero allí no terminarán los problemas. Se especula con que en las próximas semanas tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires, también saldrán al mercado para la colocación de bonos, con lo cual podrían terminar “secando la plaza”. El gobierno de Daniel Scioli estuvo buscando la emisión de un título por U$S 500 millones hasta que todo se complicó en el exterior.
La Corte ya dio una señal
El gobierno no lo admite, pero ya recibió la señal de la Suprema Corte de Justicia de que es casi un hecho de que fallará a favor del planteo de los radicales acerca de la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de Contabilidad, que le permitieron a Pérez salir a la búsqueda de créditos.
Tras la negativa de la UCR de los últimos meses a aprobar un nuevo endeudamiento para la provincia de $1.700 millones para 2014, lo que hizo el gobernador a finales de abril fue incorporar un nuevo artículo a la Ley 3799, de Contabilidad, para reconducir el Presupuesto y repetir la pauta del año pasado. Con esto, entendió, quedó habilitado para volver a endeudarse este año por casi $1.300 millones y sortear la valla legal que le impide tomar nueva deuda sin los dos tercios de la Legislatura.
Tras esa movida, los radicales reaccionaron la semana pasada. Acudieron a la Corte patrocinados por los legisladores radicales Víctor Hugo Scattaregia, Néstor Parés, Juan Carlos Jaliff, Juan Gerardo del Río y Armando Camerucci, para sostener que la reconducción (ley 8677) entra en contradicción de los artículos 12, 41, 88, 99 incisos 3) y 20) y 101 de la Carta Magna.
La Sala del máximo tribunal que tomó la causa (integrada por Jorge Nanclares, Carlos Bhöm y Alejandro Pérez Hualde) avanzaría en respaldar el planteo radical, aunque no en el corto plazo.
La Corte no solo esperará a mañana para que las dos partes en conflicto le lleven una posible solución en el marco de la conciliación que planteó hace diez días, sino que además dejará pasar la feria judicial de julio antes de resolver.
Se especula con que una sentencia no se conocería antes del mes de agosto (conspiran contra la celeridad varios viajes al exterior de Pérez Hualde), tiempo suficiente para que el gobierno apure la toma de préstamos en el marco de la ley que hoy tiene a la mano y que está vigente.