Gobierno y UCR buscan un nuevo acuerdo
A instancias de la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno y la Unión Cívica Radical se sentarán hoy frente a frente para intentar retomar las negociaciones por el presupuesto y el endeudamiento, que han sido congeladas hace meses ya y que derivaron en un serio conflicto político que se terminó judicializando.
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La cumbre se llevará adelante desde las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno y allí se sentarán el vicegobernador Carlos Ciurca, el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla y el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús, por un lado.
Los radicales serán representados por un grupo de legisladores entre los que estarán Martín Kerchner, Juan Carlos Jaliff y Sergio Moralejo, además del presidente del partido, Sergio Pinto, cuya presencia en la reunión hasta anoche se daba por descontada.
Todo surgió durante una pausa planteada durante la audiencia de conciliación a la que la Corte convocó el pasado miércoles, para intentar acercar a las partes y en donde, tanto el Gobierno como los radicales, cayeron en la cuenta de que el máximo tribunal no tenía intenciones de resolver una cuestión de tamaña gravedad institucional.
Nadie lo dijo abiertamente. Pero Francisco Pérez ya sabe que la Corte difícilmente respalde la constitucionalidad de la ley que le permitió endeudarse este año por $1.500 millones.
Y los radicales, por su parte, que el máximo tribunal no oirá su reclamo para que frene, mediante una cautelar, la toma de préstamos que el gobernador apunta a hacer efectivos en las próximas semanas.
En otros términos, fiel a su estilo, la Corte dejó en claro que no está en su ánimo resolver un conflicto que la política no pudo.
"¿Damos otra vuelta?", fue lo que se dijeron ambas partes en Tribunales cuando se dieron cuenta que el conflicto apunta a un callejón sin salida. Horas después, en una reunión de gabinete, Paco instruyó a sus funcionarios para que intenten un acercamiento con los radicales, quienes a su vez ya habían mandado un mensaje. "Si quieren, aprobamos el Presupuesto entre martes y miércoles de la semana que viene", dijeron. Y los dos pautaron una nueva visita a la Corte pare el 19 de junio.
Pero nada será sencillo y la reunión de esta mañana, por las conversaciones previas, apunta al fracaso si no se ceden posiciones.
El gobierno apunta a dejar de discutir "cuestiones técnicas y jurídicas", para centrarse en encontrar una salida política al conflicto y en ese sentido tratará de negociar hoy un nuevo número de deuda que los radicales aprueben.
La UCR por su parte se para en el mismo lugar que lo llevó a trabar la discusión del Presupuesto en enero. Ellos dirán que la provincia no precisa endeudamiento y que el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, ya dispone este año de alrededor de $3.000 millones de mayor recaudación.
En ese sentido todo apunta a que tanto el gobierno como este partido de oposición reeditarán la pelea del verano, que llevó a la no aprobación del Presupuesto 2014 y a la posterior maniobra de Pérez para poder endeudarse.
Tras la negativa de la UCR de los últimos meses a aprobar un nuevo endeudamiento para la provincia de $1.700 millones para 2014, lo que hizo el gobernador a finales de abril fue incorporar un nuevo artículo a la Ley 3799, de Contabilidad, para reconducir el Presupuesto y repetir la pauta del año pasado. Con esto, entendió, quedó habilitado para volver a endeudarse este año por casi $1.300 millones y sortear la valla legal que le impide tomar nueva deuda sin los dos tercios de la Legislatura.
Tras esa movida, los radicales reaccionaron la semana pasada. Acudieron a la Corte patrocinados por los legisladores radicales Víctor Hugo Scattaregia, Néstor Parés, Juan Carlos Jaliff, Juan Gerardo del Río y Armando Camerucci, para sostener que la reconducción (ley 8677) entra en contradicción de los artículos 12, 41, 88, 99 incisos 3) y 20) y 101 de la Carta Magna.
Si se llegara a un acuerdo y si se aprobara una ley de Presupuesto para este año, las modificaciones a la Ley de Contabilidad derivarían en abstracto al menos para 2014 y eso evitaría que la Corte intervenga. Pero para ello falta mucho aún.