Tres diputados K reinstalan el debate por la minería en Mendoza
El Frente para la Victoria insiste con los proyectos tendientes a modificar el artículo 1 de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras. Los diputados provinciales José Oscar Muñoz, Raúl Guerra y la diputada Silvia Ramos, presentaron el proyecto para realizar los citados cambios.
Ante la falta de fuentes de trabajo en la provincia y las oportunidades de inversión que las empresas mineras proponen, se vuelve necesario un debate para darle lugar a la actividad de manera responsable. Los ambientalistas opinan que se trata de fuentes de trabajo para hoy y daños ambientales para mañana.
El PJ pide determinar zonas y el mismo gobernador, Francisco Pérez manifestó sus intenciones de impulsar la explotación minera y manifestó que hay que darse el espacio para debatirlo seriamente.
El intendente malargüino, Juan Agulles, reconoció que el proyecto generaría controversias sociales, por lo que se sumó al pedido del gobernador y indicó que se necesita una charla "seria y sin fundamentalismos".
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Además de permitir la utilización de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la explotación minera prevén modificar los artículos 3º, referido a la fase de cateo y exploración; 4º, que establece como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Ambiente; y 5º, que impone la presentación de informes de impacto ambiental.
Uno de los autores de la norma original, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, insistió en que "si llegan a modificar la ley 7722, va a haber un conflicto social en Mendoza".
En cuanto a esto, Raúl Guerra comentó que no se trata de permitir libremente la minería sino de que se controle a fin de no afectar el medio ambiente:
"Se trata de que exista una diversificación de puestos de trabajo genuinos", indicó Guerra.
"El control de las cuencas hídricas es fundamental, nadie se aparta de eso", aseguró Guerra y agregó que además es "fundamental priorizar las voces de los municipios afectados a dicha explotación, que realmente sean ellos quienes decidan si la quieren o no".
Igualmente, Silvia Ramos indicó la necesidad de nuevas fuentes de trabajo y de una actividad que permita un mayor crecimiento económico para la provincia.
Difonso duda de los intereses que puedan llegar a tener los autores del proyecto que busca la reforma. "Me llama mucho la atención que quieran modificar una ley que establece controles en el resguardo de la salud y del agua, en favor de algunos empresarios y a costa del resto del pueblo de Mendoza", comentó.
Si es una ley que cuida el agua, ¿por qué la quieren eliminar?. Es un contrasentido querer eliminar algo que cuida la salud y el agua.
El jefe comunal comentó que a San Carlos "lo llenaron de cateos y pedidos de mineras queriendo explotar la zona".
"Pero tenemos priorizado un plan de sustentabilidad y de desarrollo a largo plazo, y para eso hay que cuidar el agua", finalizó.
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Igualmente, Daniel Funes, miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (quienes manifestaron su repudio al proyecto justicialista) señalaron que en varias ocasiones se ha querido modificar la norma. "Otra vez vuelve la burra al trigo", lamentó.
El ambientalista entiende que se trata de funcionarios que parecen responder a intereses empresarios, porque esgrimen "las mismas excusas de siempre, aumentar los puestos de trabajo y no ven que provincias como Catamarca, que hace años que se dedican a la actividad minera tienen indicadores más bajos que Mendoza".
La gente por ahí está distraída con sus cosas, pero cuando sepa que lo que están haciendo estos legisladores van a volver a las calles a manifestarse, aseguró Funes.
Funes advirtió finalmente que en las Asambleas continúan preocupados con el tema: "Vamos a tener que seguir diciéndoles que esta ley se defiende, y que la minería no va", finalizó.
Un poco más complejo que permitirla o no hacerlo
Otro de los autores de la norma, el diputado nacional por el radicalismo en Mendoza, Enrique Vaquié, consideró por ahora no tiene mucho sentido debatir sobre la posibilidad de la extracción minera, debido a la escasez de agua.
"Para cualquier actividad se necesita agua, y para eso hay que invertir", comentó Vaquié y aseguró que en Mendoza hay más demanda de este recurso que existencia del mismo.
El radical se refirió a la agricultura, para la cual se requiere una inversión "intra finca" y "extra finca", la segunda es responsabilidad del Estado, la primera dependerá de que resulte rentable para el agricultor.
"En las zonas que dependen del Atuel se riega por turnos, con lo cual hay un proceso de inversión pública que se tiene que dar primero para las actividades que ya existen antes de pensar en nuevas", comentó.
Finalmente indicó que previo a la 7722 está la Constitución Provincial que determina que el agua es inherente a la tierra, por eso hoy hay más personas con derecho de agua que los recursos existentes para satisfacer ese derecho.
Aunque se modificara la norma que prohíbe la minería, primero existe la Constitución que determina prioridades para el agua, primero para consumo humano, luego para la actividad agrícola, luego para la fabril y finalmente para la minería, por lo que Vaquié considera que como no existe recurso suficiente, la discusión sobre minería no contribuye. "En lo que hay que trabajar es en inversiones para aumentar el recurso hídrico, para todas las actividades", finalizó.