Pérez quiere más beneficios para las petroleras
Francisco Pérez, como el resto de los gobernadores petroleros, respiraron aliviados el lunes a la noche mientras escuchaban a Cristina Kirchner esbozar el nuevo pacto petrolero que quiere llevar adelante impulsada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
“Apenas comenzó la reunión y se distribuyó el borrador, se mostró que lo que se pretende es una ley para incentivar las inversiones y que además iba a estar abierto a todos los gobernadores de la OFEPHI.
Por eso se tomó bien esto, los gobernadores se sintieron parte”, siguió confiando la voz oficial a MDZ.
En trazos gruesos, lo que se está discutiendo es un amplio paquete de beneficios a las empresas que quieran invertir en la exploración y explotación del petróleo no convencional a través de las modificaciones de los decretos 927 y 929 de 2013. Este último, fue el que reguló las inversiones de la empresa Chevrón en Vaca Muerta y por ello muchos entendieron a esta nueva legislación que se quiere instrumentar como una generación de beneficios a las empresas.
La discusión incluye, entre otros puntos, una baja en los derechos de importación para equipamiento, la autorización para exportar hasta 20% de la producción sin la aplicación de retenciones y libre liquidación de divisas al exterior. Asimismo se baja de U$S 1.000 millones a U$S 250 millones el monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios.
Si bien en el encuentro con la presidenta el “acarreo” (punto central de la discusión entre YPF y las provincias) no se discutió en profundidad, quedó en claro que las empresas provinciales de energía sufrirán un recorte en su participación en el negocio del shale oil.
Para la exploración y explotación del petróleo no convencional, deberán ceder la potestad que tenían hasta ahora para hacer los llamados a licitación y tendrán que subordinarse a lo que dicte la ley nacional. Esto es un golpe fuerte para EMESA, la empresa provincial de energía, que había sido diseñada, incluso, por influencia del gobierno nacional y por Néstor Kirchner en su momento.
La nueva normativa, tras el acuerdo con los gobernadores, entrará al Congreso de la Nación y será el Senado el que lo trate en primera instancia. Pérez prometió ayer que además lo hará conocer entre los legisladores provinciales, ya que serán las Legislaturas de cada distrito las que terminarán aprobándolo o rechazándolo.
El radicalismo ya se prepara para esa discusión, aunque con algunas visiones diferentes al respecto. El senador Ernesto Sanz, por caso, sostiene que esta discusión no está acotada solo a la renta petrolera sino que si no se llega a un acuerdo entre la Nación y las provincias el petróleo y el gas no convencional seguirán en el subsuelo. En tanto el diputado Enrique Vaquié mira de reojo el principio de acuerdo y lo critica porque toda la carga para atraer inversiones la llevan las provincias.
Lo que sí, la UCR ya se puso de acuerdo en un punto: si Pérez los llama a discutir el acuerdo, irán como partido y no en forma separada para darle un marco institucional al debate.
El próximo lunes los gobernadores de la OFEPHI se volverán a reunir para intentar cerrar un acuerdo y allí Pérez intentará agregar al proyecto un par de puntos que ya tiene conversados con sus colegas. Uno de ellos está vinculado a la establecer parámetros ambientales, sobre todo en la utilización del agua para los proyectos de explotación petrolera. Y el otro es clave para las aspiraciones de Paco: extender los beneficios a las empresas que quieran invertir no solo para la exploración del petróleo no convencional.
Sino también al denominado “petróleo pesado” y a lo que se conoce como “recuperación terciaria”.
La primara clase de hidrocarburos es la que se extrae fundamentalmente de los yacimientos malargüinos de Llancanelo y el otro aspecto abarca a las enormes cantidades de petróleo que queda por recuperar en muchos pozos actuales o en aquellos que ya han sido abandonados.
El plan de Paco es que, en caso de que la nueva legislación contemple beneficios a empresas interesadas en este tipo de emprendimientos, sentarse a negociar con YPF la cesión a la provincia de pozos en los cuáles la petrolera estatal no invierta para re licitarlos bajo las nuevas condiciones.