Seguridad: el PJ contradice a Pérez en el Senado

A pesar del rechazo de Francisco Pérez a la iniciativa, el justicialismo finalmente presentó en el Senado provincial un proyecto de ley para declarar en Mendoza la emergencia en seguridad pública por el término de un año.

El proyecto (expediente 65036) pertenece a la senadora Claudia Torres y fue entendido como una "manifestación política" del vicegobernador Carlos Ciurca, quien impactó fuerte en la opinión pública con esta idea hace cinco días y aún la mantiene, a pesar de que no sea de gusto para el gobernador.

Ciurca dominó el centro de la escena al anunciar en Twitter que esta semana propondría la Emergencia y esa promesa se convirtió en realidad pocos días después, gracias a un proyecto que busca "incrementar la protección integral de la vida y los bienes de las personas" y que se propone "promover el consenso de las distintas fuerzas políticas para lograr acciones concretas y herramientas ágiles contra la inseguridad".

El proyecto vale más por el gesto que por el contenido, ya que en el articulado se limita a encomendar el "estudio y análisis" por parte de la comisión Bicameral de Seguridad de propuestas existentes en la Legislatura para el combate del delito.

Pero el pronunciamiento tiene impacto político dado que el gobernador señaló varias veces esta semana que la declaración de emergencia no sirve.

Además, con este proyecto, la Legislatura ya suma tres que van en el mismo sentido. Es que la oposición abrazó rápidamente el concepto de la emergencia en seguridad.

En el Senado, la propuesta del PJ deberá acumularse a la que presentó el radical Juan Carlos Jaliff el martes y que pasó a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Por su parte, el diputado del Frente Renovador Daniel Cassia formalizó dos dias después uno similar en la Cámara Baja y desde su partido dijeron que la semana próxima pedirán preferencia para acelerar el tratamiento.

Los proyectos

El peronismo cree que el estado de emergencia se extenderá un año y su proyecto detalla una serie de propuestas que se podrían aprobar para mitigar la inseguridad.

Las iniciativas que el PJ sugiere analizar giran en torno a los siguientes temas: portación de armas ilegales, competencia de la Justicia provincial en narcocriminalidad, adecuación de juzgados existentes, formación de cuerpos especiales en la Policía, incorporación de efectivos, creación de la Policía Judicial, construcción de nuevas cárceles y mejoramiento del sistema de cámaras de seguridad, entre otros.

Por otra parte, el modelo de emergencia redactado en el radicalismo se extiende solamente hasta el 31 de diciembre de este año, pero tiene una particularidad: en el articulado no se mencionan proyectos, sino que aparecen las acciones específicas que el Gobierno debería tomar para abordar la situación.

Incorporar 700 agentes policiales en un plazo de 30 días es el primer punto. También propone adquirir 200 móviles y mejorar la tecnología existente en la Policía, así como la incorporación de mil plazas en el establecimiento penitenciario de Almafuerte.

La reimplementación del Servicio Cívico y la puesta en funcionamiento de un plan de videvigilancia son otros puntos, aunque el que más polémica con el PJ genera es uno que propone "dejar sin efecto el proyecto de construcción de la Villa Olimpica reasignando las partidas presupuestarias a los fines del cumplimiento de la presente ley".

Ese artículo pretende tirar abajo una inversión del Gobierno en obra pública superior a los 200 millones de pesos, que ya fue cuestionada por el radicalismo ante la Fiscalía de Estado, por supuestas irregularidades en la licitación.

Por último, el proyecto de emergencia más reciente es del Frente Renovador y fue presentado en la Cámara de Diputados. Cassia quiere que la Emergencia se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2015 y que abarque, además de la seguridad pública, el sistema vial y penitenciario.

Cassia impulsa la emergencia con la convicción de que esta ley no solo aportará "flexibilidad presupuestaria para la dotación de bienes y servicios", sino que permitirá una "intervención integral y obligatoria del Estado para hacer cumplir el derecho y garantizar la paz de los mendocinos".

Se viene el debate

Los proyectos para declarar la emergencia en seguridad calentarán el debate la semana próxima en la Legislatura.

Se cree que estas iniciativas se terminarán discutiendo fuerte en la comisión Bicameral de Seguridad, que se reunirá el jueves próximo. El radicalismo invitó a ese encuentro al ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, hasta ahora un espectador de las discusiones que se dieron dentro y fuera del PJ por el delito y los asesinatos.

Un punto importante será la definición de las autoridades de esa comisión. El radicalismo busca que la presidencia sea ejercida por el cornejista Héctor Quevedo, aunque el oficialismo haría fuerza para que el control recaiga en el massista Daniel Cassia o en cualquier opositor no radical.

En el medio, habrá que seguir los pasos de Pérez, que niega y combate el estado de emergencia reconocido por Ciurca y que sólo tomó dos medidas puntuales frente a la crisis: envió a la Legislatura un proyecto para restringir la circulación de personas en moto (cree Seguridad que el 90 por ciento de los delitos se cometen a bordo de estos rodados) y pidió a su gabinete medidas urgentes para dotar de seguridad al parque General San Martín.