Pérez quiere una emergencia "light"

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El gobernador conversó durante cerca de dos horas en un tono cordial con los presidentes del radicalismo, Sergio Pinto; el jefe del PD, Gustavo Valls (Frente Renovador) y Néstor Márquez (Unidad Popular).

Lo acompañaron por el oficialismo el propio Ciurca, el presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá; y el vicepresidente del PJ, Jorge Omar Giménez (PJ).

Atento a las señales que se produjeron a lo largo del día, Pérez evitó citar a los representantes del Frente de Izquierda. Esto se debió a que el FIT aviso en la reunión de Labor Parlamentaria que no estaba de acuerdo con la emergencia, dado que está apuntada únicamente a dar soluciones de tipo policial.

Las declaraciones de los jefes opositores fueron suaves. “Es algo positivo y acudimos con el ánimo de colaborar con nuestros aportes, aunque la responsabilidad es del Ejecutivo. El gobernador quiere que se movilicen algunas leyes y el tiempo dirá si esto se transforma en una política de estado”, indicó Bataggion.

Por su parte, Valls afirmó que se hizo un relevamiento de proyectos que el gobernador ya conocía, entre ellos el de transformar a la portación de armas ilegales civiles en un delito no excarcelable , del legislador massista Daniel Cassia, y calificó el encuentro como “complementario” de la reunión del mediodía en la Legislatura.

Pinto, del radicalismo, ratificó por su lado la colaboración del principal partido opositor para que se discutan ideas en la Legislatura y la Mesa de Enlace, aunque también hizo hincapié en que hay problemas de gestión que son responsabilidad exclusiva del Gobierno.

¿Emergencia?

La mirada particular de Pérez sobre el problema fue asomando de a poco en la reunión, a pesar de los gestos de aval a la propuesta de Ciurca y la serenidad del encuentro.

“Pérez dijo que no cree que sea un aporte sustantivo la declaración de emergencia. Si es para hacer compras directas, no tiene sentido”, expresó Bataggion.

“El problema es que no está definido para qué es la emergencia y yo creo que va a quedar sin efecto”, agregó el presidente demócrata, al tiempo que el referente massista Valls dijo que para él tampoco es necesaria la ley.

El problema radica en que el propio oficialismo, en este caso por boca de Ciurca, había abierto al mediodía, con claridad, la puerta a la sanción de una ley que permita tomar todo tipo de acciones especiales contra la inseguridad.

Este martes, la única propuesta formal fue la del senador radical Juan Carlos Jaliff, quien propuso declarar la emergencia hasta fin de año para tomar medidas como compra de móviles, incorporación de efectivos policiales, aumento de plazas carcelarias y compra de más cámaras de vigilancia.

La picardía radical consistió en proponer que el Gobierno resigne la construcción de la Villa Olímpica en el parque General San Martín, un proyecto muy cuestionado por la UCR, para reasignar unos 200 millones de pesos a la seguridad.

Pero lo cierto es que otros opositores coincidieron con la idea central de Jaliff. Es el caso de Cassia, quien directamente propuso que la Emergencia en Seguridad se extienda hasta fines 2015 y que abarque la política de seguridad, la penitenciaria e incluso la vial. “No hay que limitar el alcance de esa ley”, indicó

El vicegobernador está de acuerdo con tomar este camino y esto fue confirmado a MDZ por la senadora justicialista Claudia Torres, quien estaría a cargo de la redacción del proyecto.

Torres no dejó dudas al señalar que “el vicegobernador va a presentar la declaración de emergencia en la Legislatura aunque hay que ponerse de acuerdo en los plazos”. Es decir que, de acuerdo con la legisladora, se debatirá cuánto tiempo estaremos en emergencia, no si conviene declarar esa emergencia o no, como sostiene el gobernador.

Por otro lado, se estableció al mediodía que la comisión Bicameral de Seguridad resolverá en un plazo de 30 días cuáles son las leyes que deben sancionarse en el marco de la emergencia.

En el Senado se cree que hay más de una decena de proyectos en condiciones de discusión o sanción definitiva. El listado se ha ido desgranando desde que Ciurca difundió la necesidad de aplicar acciones de emergencia este fin de semana, gesto que estuvo claramente ligado al impacto social y político –desacomodó al ministro del área, Leonardo Comperatore- del asesinato del turista neocelandés en el Parque.

Torres realizó una reseña de los proyectos de distintos partidos donde aparecen la extensión de juzgados de flagrancia, la largamente discutida competencia de la Justicia provincial en delitos de narcocriminalidad y la modificación del Código Procesal Penal para castigar con más severidad a quienes portan armas.

También estará en condiciones de debatirse la idea de condenar a cárcel efectiva a los que ocupan el número 911 para hacer bromas, un planteo que promueve la instalación de cámaras de vigilancia en el ámbito privado, la creación de una Policía Caminera para evitar la circulación de estupefacientes y más destacamentos para la Policía Rural en el Este y el Sur de la provincia, entre otros proyectos.

Debe sumarse a todo esto la decisión oficial de restringir la circulación de dos personas a bordo de una moto, aunque en este sentido, ayer se conoció una curiosidad: el único proyecto que hasta aquí aportó Pérez para enfrentar la inseguridad, todavía no fue enviado a la Legislatura, según reveló la senadora Torres.