Cambiarían las reglas del negocio petrolero

“A lo que está invitando Galuccio, es a pensar de nuevo el modelo para implementar uno que nos pueda servir. Y está claro que la línea entre la presidenta y el CEO de YPF es directa”, confiaron funcionarios mendocinos que mantuvieron contactos directos con Pérez a su salida de su reunión en Infrasestructura.

Según relataron, la intención del gobierno nacional es “bajar los decibeles” de las pujas entre los gobernadores petroleros y la empresa estatal y comenzar a preparar el terreno para la reunión de Cristina con todos ellos.

Allí, estiman, la mandataria plantearía un nuevo esquema que no pasará por la modificación a la ley de Hidrocarburos (conocida como Ley Corta), pero sí por buscar un nuevo modelo normativo que se adapte a la condición estatal de la empresa ya que, argumentan, el anterior fue estructurado durante la etapa de administración privada de la empresa.

En este punto Pérez ya fijó postura. Acompañará el proceso para acordar un nuevo modelo, aunque pondrá como límite la potestad que ejerce la provincia sobre sus recursos.

En este asunto lo que barajan en el gobierno local es que los cambios se llevarán adelante en el marco del decreto 929/13 firmado por la presidenta y que le dio marco al acuerdo rubricado con la empresa Chevrón para la explotación de Vaca Muerta.

Esa norma instrumentó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y generó mucha controversia en su momento. Y por varios motivos: uno de ellos fue que , según se la criticó, la medida terminaba favoreciendo las posiciones de las empresas privadas en demérito de YPF. Además ese acuerdo, fue posteriormente objetado en la Justicia y la investigación continúa hasta hoy.

El problema del "acrarreo"

Hace poco menos de quince días quedó en claro que Mendoza había quedado en medio de la pelea entre YPF y Neuquén, cuando la petrolera decidió no presentarse en el proceso a través del cual la provincia licitaba 8 áreas para explorar en Malargüe. Esto a pesar de que hasta días antes la empresa era uno de los principales interesados en el negocio.

Esa puja se desató porque el gobernador Sapag, una vez vencidas las concesiones actuales, planea destinar las áreas que hoy están en explotación a la empresa Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), la empresa estatal de energía neuquina, que pasará a ser la concesionaria y negociará contratos de servicio con las operadoras. Esto, según entiende Galuccio, sería un golpe letal para el crecimiento de YPF sobre todo pensando en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

El mismo día del plantón a Pérez, Galuccio emitió un comunciado a través del cual explicaba que “YPF defiende enfáticamente la potestad de las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos. Pero, al mismo tiempo, trabaja para que grandes inversiones de importantes petroleras internacionales lleguen al país y a cada territorio provincial”.

Días después, el propio CEO precisaba sus intenciones. “ YPF no está en contra de la ley, sino que trabaja en el marco de lo que es constitucional y de las leyes. Pienso que la Ley Corta en el modo de transmitirle el poder concesionario a las provincias es algo acertado", aseveró Galuccio para aclarar que "después han habido muchas discusiones con las empresas provinciales sobre el acarreo, que es otro tema y no tiene nada que ver con la Ley.Es un sistema regresivo que le carga a un proyecto que tiene que invertir millones de dólares, el 15 o 20 por ciento de acarreo".

El “acarrero”, fue precisamente el punto de conflicto con Mendoza ya que la provincia, a través de sue empresa de energía, Emesa, no arriesgaba inversión en el proceso exploratorio mientras la empresa sí. Y es uno de los aspectos que ahora apuntan a cambiar.