La Nación definirá cómo se endeudará Pérez
Un protagonista inesperado se coló entre Francisco Pérez y su necesidad de endeudarse. Mientras se sigue llevando adelante en sigilo un duro tironeo en la Suprema Corte de Justicia por este tema, el gobierno mendocino deberá esperar ahora una señal del ministerio de Economía de la Nación para determinar qué tipo de deuda tomará y en qué moneda.
Así quedó determinado estos últimos días en los que Marcelo Costa, el ministro de Hacienda, terminó por confirmar que deberá esperar a que Axel Kicillof le diga a él (y al resto de las provincias que necesitan financiamiento este año para cubrir el rojo en sus cuentas) si podrá emitir bonos en pesos o si, como se especula que sucederá, las provincias deberán salir a captar dólares en el exterior.
La jugada tiene algunos ribetes ya conocidos. La Nación es quien debe autorizar la colocación de deudas de las provincias si el plazo es mayor de un año y en dólares, porque ese financiamiento tiene la garantía de la coparticipación federal. Pero hay más: tanto la presidenta Cristina Kirchner, como Kicillof y también el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, quieren utilizar la necesidad de endeudamiento de las provincias para alentar el ingreso de dólares al país y fortalecer las reservas de la entidad que conduce el mendocino.
La provincia deberá sujetarse a eso, aunque el endeudamiento sea más caro, porque de otra forma la pasará mal. Si no consigue financiarse, la situación se tornará más que delicada durante el segundo semestre de este año. Igual que varias provincias que, en total, precisan tomar deudas por alrededor de $40.000 millones este año.
Costa ya tiene diseñado un cronograma para la toma de deuda que abarcará la emisión de un bono por $1.270 millones que se dividirá en tres etapas y la primera tanda estaba lista para ser lanzada en junio.
La presión de la Casa Rosada obligó a un retoque en esos planes: el titular de Hacienda se concentró en buscar inversores entre los bancos nacionales, mientras que el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, comenzó a tejer contactos con inversionistas de Nueva York y de Londres, a la espera de la bajada de línea.
Una sola cosa está clara en medio de la falta de definiciones: Mendoza no emitirá este año una letra, optará por los bonos, ya que esto le permitirá pagos a más largo pazo que terminarán abarcando a otras gestiones.
Pero mientras espera un guiño de Kicillof, Pérez sigue con detenimiento lo que sucede en la Corte. Desde hace unas semanas descansa en el máximo tribunal una presentación del radicalismo que planteó la inconstitucionalidad de la ley que le permitió al gobierno encarar la toma de endeudamiento y que tiene un condimento extra. La UCR adjuntó la solicitud de una medida precautoria para suspender la aplicación de esa norma (las modificaciones a la Ley de Contabilidad) en tanto se resuelva la cuestión de fondo.
A mediados de semana se precipitaron un par de acontecimientos fuerte en esta puja. El primero fue que la Corte le dio vista al Poder Ejecutivo, con lo cual se especula que en los próximos días habría novedades sobre este último planteo de los radicales.
Y el segundo fue que finalmente los patrocinantes de la UCR recusaron al juez Omar Palermo (por su cercanía con Pérez) quien integraba la sala que deberá dirimir esta contienda.
El radicalismo no puede cantar victoria tras este golpe. Palermo será reemplazado por Carlos Bhöm, otro supremo permeable a las posiciones políticas del gobierno y de esta forma, además del veterano magistrado, quienes definirán la cuestión serán Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde. Los abogados oficiales plantearon recusar a este último por su extracción radical. Pero Pérez dijo que no.
De todas formas la Corte todavía no se abocó a resolver la cuestión, salvo en algunos encuentros informales. La señal fue positiva para las ambiciones financieras de Costa: no hay humor entre los magistrados para dar lugar al planteo radical porque entienden que, declarar sin efecto la aplicación de una ley, esto terminaría afectando la división de poderes.
La emergencia, en vía muerta
La soledad pero fría mañana de sábado fue el marco de un encuentro que desde hace algunos meses vienen llevando adelante cuatro o cinco funcionarios clave del gobierno. Pérez se reunió con el vicegobernador Carlos Ciurca, cónclave del que habitualmente participan el senador Eduardo Bauzá, el ministro Francisco García Ibáñez y el operador político del gobernador en Buenos Aires, Félix González.
En el aire flotó la ratificación de las ambiciones políticas del senador Adolfo Bermejo, quien ya dijo que aspira a competir por una candidatura a gobernador por el sector de los azules del peronismo. Ciurca impulsará un candidato de su corriente interna y Pérez, esto ya es seguro, buscará un delfín.
Aunque todavía no sabe a quién ungir. Salvo por los movimientos de algunos integrantes del Ejecutivo, casi ningún ministro mostró hasta ahora hambre político para pelear convertirse en el elegido de Paco.
Quizás el más movedizo haya sido hasta aquí el titular de Irrigación, José Luis Álvarez, quien es uno de los pocos que está cumpliendo con algunos de los puntos centrales del manual gubernamental para el buen candidato. Esto es, que salga a caminar el territorio.
Otro que asomó la nariz este fin de semana fue el ministro de Transporte, Diego Martínez Palau, quien comenzó a moverse y un marco político distinto: el funcionario es uno de los pocos que en el peronismo mendocino ya se mostró a favor de la candidatura del ministro de Interior, Florencio Randazzo.
El gobierno está terminando de cocinar algunos temas de gestión que saldrá a vender en poco tiempo. Uno de ellos, es una profunda transformación en la OSEP que seguiría de algunas medidas en Salud que ya fueron barajadas por el ministro Matías Roby, como la demorada implementación de sistema de turnos telefónicos en los hospitales.
El tema de la seguridad fue uno de los temas tratados entre la primera línea de Gobierno ayer, aunque ya se sabe desde hace rato que de la proclamada necesidad de declarar la emergencia habrá poco y nada. Hasta el momento lo único que se logró (a 21 días de lanzada la alerta vía Twitter por el vicegobernador) fue la media sanción de una ley para aumentar la competencia de los juzgados correccionales que desde hace más de un año esperaba en el Senado. Hasta aquí cada protagonista central de esta historia logró conseguir lo que buscaba tras todas esas movidas.
El vice necesita tiempo para el ministro Leonardo Comperatore. Y el gobernador, que no se produzca la declaración de una emergencia que iba a terminar poniendo el foco en los problemas de su gestión. "Más allá de los dialéctico, a la emergencia yo no le doy mayor trascendencia", fue el razonamiento final de Paco.