No hay más lugar para alojar nuevos presos
Las cárceles de Mendoza están sobrepobladas, los internos reclaman mejores condiciones de vida y los organismos de derechos humanos mantienen la vista puesta en la provincia por este tema. Algunas de las leyes que integrarían la Emergencia en Seguridad tienden a aumentar la población en las ya sobrepobladas cárceles, en conjunto deberán construirse nuevos penales y aumentar el personal tanto penitenciario como educativo. ¿Faltan cárceles, penitenciarios y protocolos que funcionen?.
El vicepresidente segundo de la comisión Bicameral de Seguridad, el diputado Daniel Cassia, consideró que con aproximadamente 3.800 internos y entre 1700 y 1800 penitenciarios -muchos de ellos con parte psicológico- los efectivos están en clara desventaja, en cuanto al control de los internos se refiere.
Además, el Director del servicio penitenciario, Eduardo Orellana indicó que en los últimos tres años hubo un aumento sostenido de entre el 10% y el 12% en términos de población penitenciaria, y aclaró que hubo, además, un crecimiento en la gravedad de los delitos por los que las personas ingresan en el sistema.
Por esto, ambos señalaron que es necesario aumentar las plazas, Orellana estimó que se necesitan 1.000 nuevos espacios para alojar a los internos y Cassia habla de al menos el doble de las plazas.,
Además el Director del Servicio Penitenciario estimó que es necesaria una opción de la justicia como podrían ser "las pulseras" -que le permitiría a los detenidos un movimiento extramuros limitado y controlado por la justicia-, para que "no todos vayan preso, porque tiene un impacto distinto en la persona".
"No todo es prisión", insistió el funcionario, y explicó que además de la presencia de los penitenciarios el orden en los penales se mantiene gracias a las actividades educativas que realizan los presos.
Con esto se explica que los motines suelan ocurrir los días feriados o fines de semanas, en momentos en que no se dan dichas actividades.
"El motín del sábado pasado tuvo mucha trascendencia porque hubo una toma de rehén", consideró el penitenciario.
Normalmente es fin de semana o día feriado cuando no asisten las personas que se encargan de dictar las actividades de educación, trabajo o cultura, y se vuelve más monótona la vida en la prisión, dijo Orellana.
Pero advirtió que una vez finalizado un motín se evalúa si lo que falló fue el personal o el protocolo, y normalmente es el protocolo el que fue subestimado. "Lo paradójico es que el mismo penitenciario que no cumple con las formas es el que resulta perjudicado", agregó.
"Los protocolos no fallan sino pasaría todas las veces", advirtió el funcionario, quien explicó que todos los efectivos conocen como deben hacerse las aperturas de los recorridos, los cambios de guardia, etc.
Pero quiso dejar en claro que "no todo lo hacen los hombres de seguridad":
"No puede haber un carcelero por preso, la persona privada de la libertad no se cuida atándola a una cadena, así no se hace la seguridad, se hace con educación e inclusión social".
Sí insistió en la necesidad de mayor personal, y cárceles el diputado, Cassia, quien advierte que no pueden permanecer en libertad personas que circulen con armas ilegales, porque las probabilidades de que cometan un delito que dañe severamente o incluso acabe con la vida de alguien son muy altas:
"Que quien porte un arma de manera ilegal deba explicar hasta el final del proceso la intencionalidad con la que lo hacía y que el juez evalúe si permanece en libertad o no", comentó.
Pero la ley que propone para limitar las excarcelaciones para los portadores de armas no civiles va a tender, necesariamente a aumentar la población en las cárceles, y la necesidad de oficiales que mantengan el orden.
Para esto afirma que es necesario permitir, de forma paralela, la creación cárceles regionales por parte del sector privado. Y explicó que lo ideal sería la creción de cuatro módulos con capacidad para 500 internos cada una y avanzar con la demolición y reconstrucción del penal de la Boulogne Sur Mer.
De todas maneras, Cassia comentó que propuestas similares no pudieron llevarse a cabo por la intervención de organismos de Derechos Humanos, es una de las razones por la que el Estado no avanza con limitar las excarcelaciones.
"La tercera es la vencida, el Estado no construyó nuevas plazas, aunque habían predios disponibles en Gustavo André y en el Valle de Uco, y hoy pagamos las consecuencias de cosas que debieron hacerse hace 10 años, hace 10 años que lo intentamos hacer y la gente dice los políticos no hacen nada, pero no todos somos así lo que pasa es que no tenemos las mayorías para hacerlo", explicó.
Finalmente comentó que es necesario aplicar un "plan integral y atractivo para la captación de personal público, con buenos salarios y prestaciones, además de incentivos como vacaciones con descuentos, planes de pago especiales en autos, jardines marternales para sus hijos, por ejemplo".
"Porque por $8.000 y turnos horarios de 24 por 48 horas, no van a aumentar los interesados en la carrera", consideró.
La Bicameral de Seguridad
La Cámara recomienda despachar el dictamen de la ley de Emergencia que permitirá acceder a un presupuesto mayor para aplicar entre otras medidas las anteriormente señaladas por el funcionario y el diputado -cárceles, penitenciarios, pulseras, etc.- de allí pasará a la comisión legislativa el martes y el miercoles podrían avanzarse pese a que aún no se haya declarado la ley ómnibus.
En tanto que la próxima semana el ministro de Seguridad debería estar acercando una lista de necesidades como son chalecos, armas, municiones, ropa, etc., a la Bicameral de Seguridad. La lista fue requerida hace dos semanas cuando se eligieron las nuevas autoridades de la Cámara.
Daniel Cassia espera además que en Asuntos Legislativos se trate, además que las notificaciones judiciales no sean entregadas por personal policial, al igual que el servicio del 911 no sea operado por ellos -si con la presencia de un oficial despachante-.