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Pérez espera un guiño de la Corte por el endeudamiento
El gobierno sondea al máximo tribunal para saber si aceptará o no una medida precautoria presentada por la UCR para frenar la ley que le permitirá tomar deuda. Si los jueces aceptan el planteo radical, el impacto en las finanzas será fuerte. Hacienda apura la primera emisión de un bono para junio.
Mientras el radicalismo hace su juego para evitarlo, el gobierno de Francisco Pérez hace el suyo para poder endeudarse. Luego de que la UCR acudiera a la Suprema Corte de Justicia para que declare inconstitucional la ley que le permitirá al Gobierno emitir deuda este año por $1.270 millones, funcionarios del Ejecutivo comenzaron a tejer contactos con algunos de los miembros del máximo tribunal, sobre todo con Alejandro Pérez Hualde, a quien estaban esperando que regresara de un viaje y sobre quien recae, suponen, la voz más autorizada para dirimir el conflicto.
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El juez de extracción radical es clave por un motivo. No solo porque integra la sala de la Corte que resolverá la cuestión sino que, como especialista en Derecho Administrativo, es quien seguramente hará valer su opinión sobre el punto que lo afectará en los inmediato al Gobierno: a Pérez no lo preocupa la resolución de la constitucionalidad de la reconducción presupuestaria, pero sí lo afectará y mucho que los jueces accedan a suspender la aplicación de la ley porque eso le impediría la toma de endeudamiento.
Tras la negativa de la UCR de los últimos meses a aprobar un nuevo endeudamiento para la provincia de $1.700 millones para 2014, lo que hizo el gobernador a finales de abril fue incorporar un nuevo artículo a la Ley 3799, de Contabilidad, para reconducir el Presupuesto y repetir la pauta del año pasado. Con esto, entendió, quedó habilitado para volver a endeudarse este año por casi $1.300 millones y sortear la valla legal que le impide tomar nueva deuda sin los dos tercios de la Legislatura.
Tras esa movida, los radicales reaccionaron la semana pasada. Acudieron a la Corte patrocinados por los legisladores radicales Victor Hugo Scattaregia, Néstor Parés, Juan Carlos Jaliff, Juan Gerardo del Río y Armando Camerucci, para sostener que la reconducción (ley 8677) entra en contradicción de los artículos 12, 41, 88, 99 incisos 3) y 20) y 101 de la Carta Magna.
Además argumentaron que las sanciones del Senado y Diputados fueron nulas porque se vulneraron los tiempos máximos establecidos para que una sesión no se caiga por falta de quórum, entre otras cuestiones, como que los diputados "desconocían el contenido" de la ley que se votó en un día de sesiones maratónicas.
Junto a esta presentación judicial, el Gobierno adjuntó la solicitud de una medida precautoria para suspender la aplicación de la ley en tanto se resuelva en el máximo tribunal la cuestión de fondo.
Marcelo Costa, el ministro de Hacienda, ya tiene diseñado un cronograma para la toma de deuda que abarcará la emisión de un bono por $1.270 millones que se dividirá en tres etapas y la primera tanta será lanzada en junio.
Si la Justicia los frena, el impacto en las finanzas públicas será gigantesco en el segundo semestre de 2014.
En los papeles la Corte todavía no se abocó a resolver esta cuestión, aunque ya se trató el tema en cruces informales. En principio, no hay humor entre los magistrados para dar lugar al planteo radical porque entienden que, declarar sin efecto la aplicación de una ley, afectaría la división de poderes.
“Acá lo importante es que seguramente se rechazará la cautelar y luego el planteo de inconstitucionalidad entrará en el juego de la Corte que es resolver este tipo de temas sin tiempo definido”, confió a MDZ un conocedor de los manejos de los supremos.
Conscientes de esto, es que algunos legisladores como Enrique Vaquié ya se lanzaron al contrataque. Anoche estaba previsto que llegue a la sede del Comité Provincia una nota en dónde un grupo de dirigentes del partido le pedirán al presidente Sergio Pinto que comience con la ronda de planteos ante los bancos privados y públicos para que no le prfesten plata a Mendoza.
“Queremos hacerle llegar nuestra posición, en pos del respeto de la institucionalidad de la Provincia, que hasta tanto la Justicia no se expida sobre la constitucionalidad o no, nuestra posición sería hacer reserva de los fondos necesarios para honrar toda deuda que se contraiga bajo esta autorización que entendemos no sería legítima”, le escribieron a Pinto.
En tanto se prepara otra jugada. Si bien todavía no está decidido, la UCR apunta a recusar a uno de los integrantes de la Sala I de la Corte en los que recayó este conflicto. Se trata de Omar Palermo, el juez cercano a Pérez, que junto Jorge Nanclares y a Pérez Hualde deberán decidir.
La decisión está tomada: si Palermo es recusado, su lugar será ocupado por Carlos Böhm que le garantizaría al gobierno al menos un voto de los dos que necesita para poder seguir con su plan de endeudamiento y sortear así el freno que le está tratando de imponer el radicalismo.
Junto a esta presentación judicial, el Gobierno adjuntó la solicitud de una medida precautoria para suspender la aplicación de la ley en tanto se resuelva en el máximo tribunal la cuestión de fondo.
Marcelo Costa, el ministro de Hacienda, ya tiene diseñado un cronograma para la toma de deuda que abarcará la emisión de un bono por $1.270 millones que se dividirá en tres etapas y la primera tanta será lanzada en junio.
Si la Justicia los frena, el impacto en las finanzas públicas será gigantesco en el segundo semestre de 2014.
En los papeles la Corte todavía no se abocó a resolver esta cuestión, aunque ya se trató el tema en cruces informales. En principio, no hay humor entre los magistrados para dar lugar al planteo radical porque entienden que, declarar sin efecto la aplicación de una ley, afectaría la división de poderes.
“Acá lo importante es que seguramente se rechazará la cautelar y luego el planteo de inconstitucionalidad entrará en el juego de la Corte que es resolver este tipo de temas sin tiempo definido”, confió a MDZ un conocedor de los manejos de los supremos.
Conscientes de esto, es que algunos legisladores como Enrique Vaquié ya se lanzaron al contrataque. Anoche estaba previsto que llegue a la sede del Comité Provincia una nota en dónde un grupo de dirigentes del partido le pedirán al presidente Sergio Pinto que comience con la ronda de planteos ante los bancos privados y públicos para que no le prfesten plata a Mendoza.
“Queremos hacerle llegar nuestra posición, en pos del respeto de la institucionalidad de la Provincia, que hasta tanto la Justicia no se expida sobre la constitucionalidad o no, nuestra posición sería hacer reserva de los fondos necesarios para honrar toda deuda que se contraiga bajo esta autorización que entendemos no sería legítima”, le escribieron a Pinto.
En tanto se prepara otra jugada. Si bien todavía no está decidido, la UCR apunta a recusar a uno de los integrantes de la Sala I de la Corte en los que recayó este conflicto. Se trata de Omar Palermo, el juez cercano a Pérez, que junto Jorge Nanclares y a Pérez Hualde deberán decidir.
La decisión está tomada: si Palermo es recusado, su lugar será ocupado por Carlos Böhm que le garantizaría al gobierno al menos un voto de los dos que necesita para poder seguir con su plan de endeudamiento y sortear así el freno que le está tratando de imponer el radicalismo.