Emergencia en seguridad: hablan de un plan a diez años
La jugada del vicegobernador estuvo clara desde el primer tuit. Cuando Carlos Ciurca salió hace dos domingos a pedir que se declare la emergencia en seguridad, no estaba haciendo otra cosa más que sostener de manera casi desesperada a Leonardo Comperatore en su cargo.
El ministro tambaleó luego del asesinato del turista neozelandés en el Parque e incluso no fueron pocas las voces que afirmaban que había planteado, tras los insultos que recibió en una protesta posterior a ese asesinato, su decisión de irse.
Una prueba del apuro de Ciurca puede encontrarse en la manera en que se enteró Francisco Pérez del asunto. Cuentan que lo llamó un legislador oficialista ese mismo domingo a la tarde y que lo encontró durmiendo la siesta. "¿Qué emergencia?", preguntó el gobernador, mientras del otro lado de la línea le contaban lo que estaba apareciendo en Twitter.
Pero los hechos confirman que primero se lanzó la idea y después se pusieron a trabajar en ella. Recién este jueves se pudo tener un panorama más claro acerca de qué quiere hacer el gobierno con este tema y se definió que todo pasará por dos niveles.
Luego de muchas idas y vueltas, Comperatore se sentó con los legisladores de la Bicameral de Seguridad para acordar una ley que contenga la mayor cantidad de proyectos posibles sobre este tema y que podría ser sancionada en los próximos días por la Legislatura.
Ese promocionado "paquete de leyes", como se sabe, consta de tres proyectos distintos: uno radical, otro del Frente Renovador y el otro del Frente para la Victoria (que incluye algunos aportes del PD) de los cuales saldrá uno por consenso.
Aquí hay de todo. Desde definir la competencia en narcocriminalidad por parte de la justicia provincial, la construcción de más cárceles, una reforma al Código de Faltas o regular las llamadas al 911 con arrestos y multas efectivas a raíz de un dato inconcebible: en Mendoza se registran 4.364 llamadas truchas por días a ese servicio vital.
Si se sanciona la ley, el vice habrá logrado transformar en los hechos algo que, luego de su avanzada, parecía desmoronarse. Pérez nunca asimiló la idea de declarar la emergencia por considerar que eso lo debilitaba políticamente. Ciurca apostaba al pragmatismo y buscó imponerla como forma ya no solo de sostener a Comperatore. Sino también como un mecanismo para que la oposición también se meta en la discusión.
Tras la diferencia de criterio (otra más) entre el gobernador y su vice, lo que se encontró fue una salida negociada. La emergencia será declarada solo a nivel legislativo y no por decreto gubernamental.
Pero habrá más. Tras la sanción de la ley consensuada en la Legislatura, la idea oficial es avanzar en un plan de seguridad "para los próximos ocho o diez años", que contemple aspectos como la inversión o el ritmo de incorporación de policías.
Nadie se atreve a mencionar que será una política de Estado, para que no salte la comparación con aquél acuerdo histórico de los partidos políticos de 1998 en donde se sancionaron dos leyes, la 6721 y a 6722, que todavía están vigentes y que pusieron a la policía bajo control civil.
Pero en esta necesidad de dar alguna respuesta, el gobierno busca darle a ese plan la misma trascendencia.
Es más. El propio Ciurca ya había comenzado a moldear esta idea hace un mes con los principales referentes opositores en contactos reservados, pero la debilidad de Comperatore obligó a acelerar todo.
Ahora bien: reflejo de lo que sucede en la provincia, hace una década se elaboró lo que se llamó el "Plan Quinquenal de Seguridad" que, de haberse respetado, quizás la situación de inseguridad hoy sería distinta.
La foto que Comperatore no tiene
Ciurca y su senador más leal, Eduardo Bauzá, son los encargados de sostener a Comperatore ya no solo con jugadas políticas, sino también tratando de desactivar todas las bombas que podrían llegar a estallar contra el ministro en los medios.
"Está claro que las respuestas ya empiezan a no alcanzar. No podemos seguir boludeando con echarle la culpa a los jueces, a los fiscales y no reconocer que tenemos un problema", fue la frase que se escuchó de boca de uno de los miembros del elenco de Seguridad que admiten falencias.
Aunque nadie lo haya dicho todavía en público, en reuniones reservadas en Seguridad reconocen que en estos últimos años hubo desinversión en la lucha contra el delito por parte del Estado.
Y aquí juega en parte la situación nacional. Celso Jaque consiguió en su momento $50 millones para Seguridad de manos de Cristina Kirchner, dinero con el que hoy Pérez ni podría soñar por más que recorra y recorra los pasillos de la Casa Rosada.
El propio ministro sintió en carne propia la impotencia el sábado 3 de mayo, cuando fue a dar la cara ante los usuarios del Parque que lo terminaron abucheando.
Comperatore siguió la línea de su mentor, Ciurca, en la forma de enfrentarse a los vecinos indignados y ponerle el pecho a las balas. Pero esa estrategia tiene hoy un problema.
Ciurca podía mostrar un 80% de resolución de los hechos graves y era un clásico verlo en las fotos, cuando posaba a propósito, en el momento de la detención de peligrosos delincuentes.
Comperatore jamás hasta aquí pudo dar esa señal, alimentando la sensación de que la vara de impunidad en la provincia cada vez está más baja.