La UCR no descarta recusar a un ministro de la Corte
Ayer comenzó la pelea judicial del radicalismo contra la "reconducción presupuestaria" del Gobierno y en el seno del partido opositor se analizan medidas para encontrar eco en la Corte.
En esa estrategia no descartan la posibilidad de que sea recusado uno de los miembros de la sala que recibió el recurso de inconstitucionalidad de la UCR: Omar Palermo, último ministro en llegar al alto tribunal y el único que fue nombrado por el actual gobernador, Francisco Pérez.
La recusación de Palermo se analizará aproximadamente dentro de una semana, cuando la UCR reciba la notificación respecto de cuál sala actuará en este caso.
La recepción de la denuncia radical estuvo a cargo de la Sala I, que está compuesta por los supremos Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Palermo. Esto aceleró sospechas, ya que Palermo es el único ministro del que algunos radicales "desconfían".
No está definido lo que los radicales harán si Palermo es uno los magistrados que queda a cargo de la causa. Pero lo cierto es que tienen a mano la herramienta jurídica para bloquear a quien consideren que puede no ser imparcial: esa arma se denomina "recusación sin causa" y podrán usarla apenas sean notificados.
Un punto importante es, de todos modos, la posibilidad de que la Sala I (Civil)finalmente no se quede con el expediente. Esto ocurrirá si la acción de inconstitucionalidad es convertida en una Acción Procesal Administrativa (APA). En ese caso, la causa irá a sorteo entre las salas de la Corte.
Acción
Accionar ante la Justicia es uno de los caminos que decidió tomar la UCR para batallar contra las modificaciones de la Ley de Contabilidad que se sancionaron hace poco.
Pérez forzó esta ley debido a que no contaba con la aprobación del presupuesto 2014 y dijo que no tenía herramientas para gobernar, por lo cual necesitaba "reconducir" el que se sancionó en 2013.
El punto más delicado de la reconducción es que, por mayoría simple de ambas cámaras, la Legislatura ratificó el endeudamiento que había recibido el Poder Ejecutivo el año pasado (unos 1500 millones de pesos), a pesar de que la Constitución ordena que el endeudamiento tenga aprobación de dos tercios de las cámaras.
Así es que el escrito presentado por los legisladores radicales Victor Hugo Scattaregia, Néstor Parés, Juan Carlos Jaliff, Juan Gerardo del Río y Armando Camerucci sostiene que la reconducción (ley 8677) entra en contradicción de los artículos 12, 41, 88, 99 incisos 3) y 20) y 101 de la Carta Magna.
Consigna además el planteo que las sanciones del Senado y Diputados fueron nulas porque se vulneraron los tiempos máximos establecidos para que una sesión no se caiga por falta de quórum, entre otras cuestiones, como que los diputados "desconocían el contenido" de la ley que se votó en un día de sesiones maratónicas.
El texto de 50 páginas contiene además una medida cautelar en la que los radicales solicitan que "preventivamente, hasta tanto se resuelva lo sustancial del presente litigio, ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar la Ley Nº 8667, o en su defecto de ejecutar todas y cada una de las previsiones contenidas en los artículos 7 -en punto a la modificación que inserta el artículo 80 incisos .b) y e) de la Ley n° 3.779- y 14 de la Ley nº 8.667/2.014, indicándole la prohibición expresa de incluir (en el presupuesto reconducido) los recursos provenientes del uso del crédito público autorizado en el presupuesto reconducido ( inc. b) y los recursos provenientes de crédito público con autorizaciones legislativas anteriores al ejercicio en curso y cuyo ingreso ocurra durante la ejecución del presupuesto reconducido.( inc. e)".
Instituciones
Más allá de que tengan razón o no los radicales con su planteo, la sospecha de todos es que la Corte no actuará de inmediato en un caso marcado por la confrontación entre los dos partidos políticos de la Provincia.
"Quiero creer en las instituciones", señaló de todos modos Parés, uno de los firmantes de la demanda. Y desafío a la Justicia: "Quiero ver si la Corte se anima a decir que está bien endeudarse con mayoría simple".
El radicalismo cree que entre 40 y 50 días sería "un tiempo prudencial" para que el alto tribunal se exprese sobre la medida precautoria y evite la aplicación de la reconducción presupuestaria, en caso de avalar el planteo. Pero habrá que ver si los tiempos de la Justicia son esos.
Lo cierto es que los radicales no es la primera vez que acuden a la Corte para tratar de frenar un presupuesto. Si bien el caso actual tiene particularidades distintas, la última vez que lo hicieron fracasaron, dado que a través del "fallo Nanclares", la Corte rechazó un planteo por votos insuficientes para la aprobación de endeudamiento durante el gobierno de Celso Jaque.
Tampoco lograron resolver por esta vía otro conflicto político con el PJ: pidieron que la Justicia sacara de sus bancas a dos legisladores oficialistas, Andrés Da Rold y Leonardo Giacomelli, pero pasaron cuatro años y ambos terminaron su mandato sin que eso ocurriera.