Aparecen dudas sobre el testigo protegido
El ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, buscó ayer despejar las dudas acerca de la participación de Daniel Argüello en algún tipo de relación irregular con la Policía, al asegurar que tanto él como su familia fueron incluidos en el programa de testigos protegidos por una instrucción judicial que llegó a sus manos el 4 de enero pasado.
Argüello es el padre de Daniel, el chico desaparecido hace ya más de siete días en el marco de una confusa participación de su familia en el programa que le brinda protección a denunciantes de algún tipo de delitos y sobre él había recaído la sospecha de que antes de tener un paraguas judicial había sido informante de las fuerzas de seguridad.
"La incorporación de esta persona al programa fue por un oficio judicial del 4 de enero de este año. No es que se tomó a alguien de la calle y se lo metió al programa, Fue a pedido de un fiscal", sostuvo Comperatore, aunque se amparó en el secreto de sumario cuando fue consultado acerca de la causa en la que Argüello se convirtió en testigo protegido por la Justicia.
El ministro de Seguridad dijo asimismo que el pasado 7 de mayo, también por orden del mismo fiscal, se procedió a la prórroga de las protecciones judiciales para Argüello y su familia, un día que no es cualquiera en esta confusa historia: esa misma jornada Daniel, de 14 años, desapareció.
Este miércoles el encargado del programa, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Alejandro Gil, calificó de "gravísimo" el hecho de la desaparición del menor. Aunque voces cercanas a la investigación y desde el propio gobierno alimentan una hipótesis.
Fueron al menos tres las fuentes que aseguraron a MDZ que se está investigando una posible venganza de algunos de los involucrados en la causa en la que Argüello es testigo. Pero también abonan la hipótesis de que, en realidad, todo lo que está pasando fue un ardid armado por la propia familia para seguir gozando de los beneficios del programa que, según sostienen, a fines de mayo prácticamente ya los había dejado afuera.
"Para nosotros lo tiene escondido la familia", fue la arriesgada sentencia de uno de los hombres que está a cargo de la investigación.
Daniel Argüello, el padre del chico desaparecido, aportaba la Justicia sobre cómo operaban bandas en el barrio 4 de Julio de Godoy Cruz, lugar donde vivían hasta el año pasado.
Uno de sus hijos, del mismo nombre, desapareció hace ya ocho días en una situación poco clara hasta el momento y que está siendo investigada por la fiscal Claudia Ríos.
El caso desencadenó una repercusión política fuerte. El radicalismo apostó a poner en aprietos a Comperatore, quien hoy tenía pautada una visita a la Legislatura para explicar los alcances de la emergencia que algunos sectores del Gobierno plantearon en la lucha contra el delito.
En ese sentido aprobaron ayer un pedido de informes para el ministro para que explique: cuál es el protocolo que se sigue en este tipo de casos, también la cobertura que otorga el programa con respecto a la familia Argüello, qué medidas se tomaron ante la desaparición del menor y si además se hicieron investigaciones internas para detectar fuga de información en este caso.
El pedido de informes por este caso fue impulsado por la diputada radical Beatriz Varela y prosperó en la Cámara Baja. Pero las explicaciones del ministro ante los legisladores deberán esperar, ya que Comperatore postergó una semana más su visita a la Legislatura.