La UCR va a la Corte para frenar a Pérez
Gobierno y oposición reeditarán esta semana la pelea por el endeudamiento, luego de que el radicalismo concrete, entre lunes y miércoles, su anunciada amenaza de acudir a la Suprema Corte de Justicia para intentar frenar la aplicación de las modificaciones a la Ley de Contabilidad que Francisco Pérez impuso en la Legislatura.
El intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, es quien está desde el punto de vista político al frente de la embestida, con un grupo que conforman el constitucionalista Víctor Ibáñez y los legisladores radicales Víctor Scatereggia, Juan Carlos Jaliff y Martín Kerchner, quienes este fin de semana estaban terminando de redactar el borrador del escrito que presentarán en los próximos días y que comprende un acción de inconstitucionalidad y además un pedido para que el máximo tribunal aplique una medida suspensiva sobre la norma que Francisco Pérez logró aprobar en la Legislatura y que desató un debate acerca de su legalidad o no.
Tras la negativa de la UCR de los últimos meses a aprobar un nuevo endeudamiento para la provincia de $1.700 millones para 2014, lo que hizo el gobernador a finales de abril fue incorporar un nuevo artículo a la Ley 3799, de Contabilidad, para reconducir el Presupuesto y repetir la pauta del año pasado. Con esto, entendió, quedó habilitado para volver a endeudarse este año por casi $1.300 millones y sortear la valla legal que le impide tomar nueva deuda sin los dos tercios de la Legislatura.
El planteo radical tendrá algunos aspectos ya sabidos. El central, es que apelarán a que la Corte declare nulos los cambios a la 3799 ya que no se respetó lo que dicta el artículo 41 de la Constitución (que establece las mayorías legislativas especiales para la toma de créditos). Pero habrá más seguramente.
Otro de los aspectos que se tomarán será cuestionar desde el punto de vista administrativo la nueva legislación ya que, según los radicales, este tipo de modificaciones comprenderían solo a los gastos corrientes y no a los extraordinarios, como sería la toma de financiamiento.
Tras la avanzada judicial, vendrá otra: el intento de convencer a los bancos de que no le presten plata a Mendoza. En esa tarea está el diputado nacional Enrique Vaquié, quien es el encargado de redactar el prospecto que se le presentará ante las principales asociaciones bancarias argentinas.
El radicalismo ya está juntando la plata para una movida más. El mismo día en que el ministerio de Hacienda publique el llamado a la colocación de deuda en los medios (como deberá hacerlo por ley) la UCR sacará solicitadas para alertar sobre el peligro del default de esa deuda en caso de que la Corte determine que se tomó de manera ilegal.
El peor escenario
Este nuevo cortocircuito se da en momentos en que se necesitan acuerdos políticos para solucionar otros temas más urgentes como la inseguridad y en dónde Pérez promete, luego de terminar una extensa y conflictiva discusión paritaria, los demorados cambios en Salud.
Matías Roby dice tener el respaldo del gobernador para avanzar por decreto en la modificación del sistema de pago en los hospitales para reemplazar al actual de carga horaria, por uno atado a la producción de cada empleado.
Para dar golpe de efecto, el ministro de Salud ya prepara para estos días su primer gran anuncio: lanzará un 0-800 para gestionar los turnos en los hospitales, lo que significaría (si se concreta) el fin de las largas horas de espera para poder ser atendido.
Sin embargo toda la atención en los próximos días estará concentrada en saber si la Legislatura logra avanzar o no con el ampuloso llamado a la emergencia en Seguridad pedida por el vicegobernador Carlos Ciurca y luego minimizado por el propio Pérez.
¿Una apelación a la emergencia no debería haber estado atada a una premura en la toma de decisiones para combatir el delito? A una semana exacta del desesperado llamado tuitero del vice, ni una sola medida se ha tomado todavía.
Y parece que así vamos a seguir. Peronistas y radicales están en distinta sintonía acerca de lo que hay que hacer y mientras los primeros apuntan a una serie de leyes, los segundos tienen la mira puesta en la gestión del ministro del área, Leonardo Comperatore.
Por ahora el ministerio de Hacienda no desespera ante el ataque radical que se avecina. Sigue con su cronograma para la emisión de un bono por $1.270 millones (en realidad serán dos o tres las emisiones en total a lo largo de 2014) y la primera tanda se lanzará recién en junio.
El gobierno dice haber consultado al menos a una treintena de abogados que les despejaron las dudas sobre la constitucionalidad de su controvertida ley y está convencido de que la Corte no aplicará en lo inmediato ninguna medida suspensiva sobre ella.
En las últimas semanas Cornejo envió cinco cartas a organismos públicos para que se expidan sobre la norma y hasta el momento ninguno contestó.
Las notas llegaron hasta las mesas de entrada de la Contaduría General, de la Tesorería, de la Fiscalía de Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Asesoría de Gobierno. "Nadie respondió hasta ahora. Y es más: algunos de ellos jamás contestarán", se ufanan en la Casa de Gobierno.
Hay algo que en Hacienda nadie reconoce públicamente, pero de lo que todos hablan: para eludir el cepo radical la colocación del bono se haría con el Banco Nación. Será largo el peregrinar de Vaquié y compañía para que algún director de esa entidad escuche el pataleo opositor mendocino si Paco abrocha la operación.