En menos de una semana se conocerá el fallo sobre el caso De Rosas
El Jury al fiscal de Estado Joaquín de Rosas entró en la recta final. Este jueves declararon los últimos testigos y la actividad se retomará el próximo jueves. Ese día, las partes -el abogado Roberto Godoy Lemos defiende al fiscal y la diputada Patricia Gutiérrez encarna la acusación- emitirán sus alegatos y el mismo día habrá sentencia.
Sólo hay dos fallos posibles: absolver a De Rosas o declararlo culpable. Si ocurre lo último, el fiscal, que está suspendido desde agosto de 2012, será removido de su cargo.
A De Rosas se le imputa haber favorecido a Dalvian SA en una expropiación de terrenos para la creación de la reserva Divisadero Largo. Los propietarios de terrenos colindantes al de la familia Vila cobraron por debajo de los 3 pesos por metro cuadrado, mientras que Dalvian recibió entre 13 y 17 pesos.
Algunos miembros del Jury (organismo compuesto por 14 legisladores y los 7 miembros de la Corte, o sus representantes en los casos en que hubo licencias o excusaciones) creen que el juicio no aportó mucho más de lo que se sabía previamente sobre esta acusación.
Por otro lado, hasta ahora, nadie tiene indicios de que De Rosas vaya a tener algún respaldo político para volcar votos del Jury a su favor y seguir en el cargo.
De Rosas pareció jugarse todas sus fichas a un pedido de nulidad que consistió en considerar este hecho como "cosa juzgada", dado que la expropiación (trámite que en su momento no llevó adelante el fiscal titular, Pedro Sin) fue anterior a la aprobación de su pliego como fiscal de Estado por parte del Senado provincial.
El tribunal rechazó en forma unánime ese recurso y comenzó el juicio. Entre la lista de testigos, se destaca el peso que tuvo el testimonio de Pedro García Espeche, director de Asuntos Legales de la Fiscalía de Estado, quien afirmó que todo el trámite de expropiación de Divisadero Largo fue comandado personalmente por De Rosas.
Otro actor importante del caso que pasó por el juicio fue Américo Toledo, contador de la Fiscalía de Estado. Con su testimonio, algunos miembros del Jury terminaron de convencerse que fue Fiscalía de Estado la responsable de que los terrenos de Dalvian recibieran un valor mayor que el de los propietarios vecinos de Divisadero Largo.
La de Toledo es, junto a la de De Rosas, la otra firma importante que aparece en el expediente. El contador rechazó los valores impuestos por el Tribunal de Tasación y elevó el costo para el Estado de la expropiación. Fuentes del Jury dijeron que afirmó que no acudió a asesoramiento para hacer esto.
La ex diputada nacional de la UCR Silvia Lemos y el contador general de la Provincia, José Caviggia, también pasaron por el juicio a De Rosas. A Lemos se la consultó respecto de las acciones del fiscal de Estado para que el pago de terrenos se compensara con las deudas de Dalvian con el Ente de Fondos Residuales de la provincia, que era comandado entonces por la ex legisladora. Sin embargo, Lemos adujo que no recordaba el trámite.
Todo indica que la compensación no se realizó. Caviggia, por su parte, sólo dio cuenta de que se realizó un depósito judicial por las expropiaciones, pero nada más. Lo que no significa que, para la parte acusadora, el privado no se haya visto beneficiado.
Es que esta historia, que se inició en 2001, terminó en 2010 de esta manera: Dalvian cobró del Estado alrededor de 3,5 millones de pesos por los terrenos de Divisadero Largo, mientras que, por otra ventanilla, depositó 1,5 millones por las deudas generadas por créditos que no había pagado a la banca estatal provincial. Otros 1,9 millones de pesos quedaron en manos de sus abogados.
La acusación señala que la deuda original de Dalvian superaba los 6 millones de dólares y que en toda esa década, el Estado provincial podría haber ejecutado una garantía contra la empresa de Vila equivalente a unos 80 lotes del barrio privado del pedemonte mendocino.
Otro testimonio que se tendrá en cuenta es el del abogado Alberto Ortubia, quien fue letrado de la familia Vila inicialmente pero después entró en litigio con ella. Ortubia impugnó en su momento el pliego de De Rosas y hasta lo denunció ante la Justicia penal por el caso de los terrenos de Divisadero Largo. En el Jury, puntualmente hizo referencia a un fallo del Tribunal de Cuentas que rechazaba compensaciones y quitas a favor de Dalvian.
Sobre el final del juicio, el testimonio de la abogada Gisela Garzuci, apoderada de una empresa que realizaba cobranzas para el EFOR, aportó una cuota de polémica, ya que la diputada Patricia Gutiérrez presentó pruebas de que la letrada que debía cobrarle deudas a Dalvian tenía a la firma precisamente como clienta.
Pero este hecho, así como otras ramificaciones del caso De Rosas, quedarán en el archivo, o generarán repercusiones posteriores al fallo sobre el fiscal de Estado que emitirá el Jury dentro de seis días.