YPF encendió una luz de alarma en el gobierno de Pérez
Sin contar con demasiados detalles aún de la movida, el gobierno de Francisco Pérez encendió luces de emergencia ante la posibilidad de que, como trascendió este martes en medios nacionales, el gobierno de Cristina Kirchner avance sobre las provincias al tomar el control del manejo del petróleo a través de un proyecto para modificar la actual ley de hidrocarburos.
Sorprendido por la novedad, el titular de la Empresa Provincial de Energía (EMESA), Alejandro Neme, sostuvo que “primero hay que ver si el proyecto existe. No creo que las provincias vuelvan atrás y, si esto fuera así, tendríamos una luz amarrilla de acuerdo a la licitación que estamos llevando adelante y que vamos a abrir el día 15 de mayo”, sostuvo el funcionario, en relación al proceso para concesionar doce nuevas áreas de explotación petrolera en dónde YPF es un actor fundamental.
Según publicó el diario La Nación, el gobierno nacional estaría dispuesto a sancionar una norma que, bajo el argumento de que se van a favorecer las inversiones extranjeras y recuperar el autoabastecimiento energético, le terminaría quitando a las provincias productoras el dominio de sus recursos hidrocarburíferos y relegando a un segundo plano la participación de las empresas estatales de energía, que el propio gobierno nacional fogoneó en su momento, como es el caso de EMESA.
La empresa provincial de energía licitará en poco más de quince días sus nuevas áreas y allí se sabrá, según el propio Neme, cuál será la actitud de YPF. La petrolera reestatizada es una de las 14 que compró pliegos para participar de esa licitación y “si no se presenta, allí tendremos en claro que a YPF no le gustan las actuales condiciones”, aventuró Neme, como forma de anticiparse a lo que puede llegar a suceder.
“Queda ver qué hace YPF. Si no oferta es que no comparte el modelo implementado en Mendoza o considera que el riesgo exploratorio es muy alto y decide explotar en Neuquén, que es más accesible”, sinceró.
La jugada nacional se agrega a una serie de trastornos que ha tenido Mendoza para llevar adelante su política energética en los últimos dos años, que pasó desde una demora a esta altura inexplicable en el traspaso de de YPF a las provincias de las acciones que le corresponden, hasta la novedad de que los gobernadores tendrán que ser solidarios en el pago del acuerdo con Repsol y que a nuestra provincia le significará un desembolso de U$S 500 millones.
A esto se le agregan otras pérdidas de larga data, como los U$S 1.900 millones que Mendoza dejó de percibir desde 2004 por las retenciones aplicadas por la Nación para sostener el precio de las naftas en todo el país y otro dato que se conocerá en los próximos días: diputados nacionales del radicalismo están terminando de elaborar un informe que detalla que la producción de petróleo por parte de YPF cayó un 14% en Mendoza de 2012 a esta parte, a pesar de que a nivel nacional creció.
Lo que marca la ley
La Ley Corta, como se la conoció en su momento y rige hasta la actualidad, fue sancionada en 2006 por el Congreso Nacional a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, y fue la norma que transfirió a las provincias la potestad sobre los recursos y el manejo de las concesiones como poder concedente.
La avanzada nacional surge ahora como consecuencia de una sorda pelea política entre la provincia de Neuquén y el titular de YPF, Miguel Galuccio, luego de que el gobernador patagónico Jorge Sapag, impulsara la reforma de su propia ley hidrocarburífera para establecer que los yacimientos serán concesionados por clusters productivos durante 35 años. Pero una vez vencida esa concesión, las áreas que hoy están en explotación quedarán para Gas y Petroleo del Neuquén (G&P), la empresa estatal de energía neuquina, que pasará a ser la concesionaria y negociará contratos de servicio con las operadoras.
Esto, según entiende Galuccio, sería un golpe letal para el crecimiento de YPF sobre todo pensando en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
Neme analizó el panorama para MDZ. “Nosotros sabemos que las grandes petroleras no son amigas de llevar como mochila el término petrolero a las empresas provinciales, ya que se financian en la etapa de explotación y exploración con la espalda de las petroleras grandes. El modelo incluye la no asunción de riegos en la etapa exploración y en el caso de convertirse en comercializable se paga con lo producido. Las grandes petroleras creen que tienen que tener un beneficio adicional de regalías y ese problema se planta con todas las petroleras grandes”, explicó.
Y concluyó: “Yo no conozco este proyecto de ley, tampoco el de Neuquén, aunque siempre hay estos gestos políticos. En una discusión por dinero, en definitiva, y me parece que hoy no haría falta ninguna modificación de ley provincial. Con la ley actual cuando caduca una concesión, y si la provincia le ha trasferido derechos a las empresa, cuando termine la concesión vuelve a la compañía”, dijo, y dejó toda la expectativa para el próximo 15 de mayo.