De Rosas dividió al PJ

La división en el justicialismo fue un dato importante. Hay que recordar que, el 16 de agosto de 2012, todos los legisladores del PJ habían votado para evitar que el fiscal fuese suspendido.

Aquella votación le daba cierta esperanza al fiscal. Pero el panorama se complicó este fin de semana. En medio de sospechas de que habría una maniobra para salvarlo, la diputada Patricia Gutiérrez, querellante en el Jury, señaló que no dudaba de los votos del radicalismo por la destitución, pero sí de los del PJ. Esas expresiones sembraron la alarma en el peronismo.

En el justicialismo hubo reuniones el sábado. Políticamente se tomó la decisión de despegar al partido y al Gobierno de la suerte del fiscal de Estado. Por ello, los legisladores recibieron libertad de acción para votar a favor o en contra.

Sin embargo la diputada Salazar aclaró cuando estaban deliberando para sacar el fallo que había recibido "mandato partidario" para apoyar al fiscal.

Además de los tres legisladores del PJ, a favor de la destitución se expresaron todos los representantes de la Corte (los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y Herman Salvini, y los conjueces Gladys Marsala, Marina Isuani y Silvia Furlotti) y todos los legisladores de la UCR (los senadores Juan Carlos Jaliff, Sergio Moralejo y los diputados Néstor Parés, Néstor Guizzardi y Héctor Quevedo).

También votaron en ese sentido el diputado demócrata Aldo Vinci y el senador de Unidad Popular Néstor Márquez.

Maniobras a favor de un privado

Las maniobras que acabaron con el mandato del fiscal De Rosas fueron denunciadas en su momento por seis legisladores (Gutiérrez, Gustavo Valls, Gustavo Cairo y los radicales Daniel Dimartino, Alejandro Limas y Roberto Infante).

El grupo de legisladores provinciales llevó a De Rosas al banquillo de los acusados bajo la imputación de que favoreció a Dalvian SA en una expropiación de terrenos para la creación de la reserva de Divisadero Largo.

Los propietarios de terrenos colindantes al de la familia Vila cobraron por debajo de los 3 pesos por metro cuadrado, mientras que Dalvian recibió entre 13 y 17 pesos por metro.

El expediente se inició en 2001 y quedó en manos de De Rosas porque el entonces fiscal de Estado, Pedro Sin, se excusó. El director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Pedro García Espeche, aseguró ante el Jury que el fiscal concentró las actuaciones, y el contador de la Fiscalía, Américo Toledo, dejó muchas dudas sobre el cálculo efectuado para tasar los terrenos.

Pero el fiscal de Estado se encargó, además, de impulsar una compensación de deudas de Dalvian con el Estado provincial por deudas del privado con los bancos oficiales.

La historia terminó en 2010 de esta manera: Dalvian cobró del Estado alrededor de 3,5 millones de pesos por los terrenos de Divisadero Largo, mientras que, por otra ventanilla, depositó 1.5 millones por las deudas generadas por créditos que no había pagado a la banca estatal provincial. Otros 1,9 millones de pesos quedaron en manos de sus abogados.

La acusación señaló que la deuda original de Dalvian superaba los 6 millones de dólares y que en toda esa década, en lugar de gestionar la compensación mencionada, el fiscal de Estado podría haber ejecutado una garantía contra la empresa de Vila equivalente a unos 80 lotes del barrio privado del pedemonte mendocino.

Fiscal presente

Contra todos los pronósticos, De Rosas asistió hoy a la audiencia donde terminó siendo destituido de acuerdo con el Inciso A del artículo 11 de la ley del Jury (4970): "Mal desempeño de las funciones".

Esto no era lo esperado, dado que, desde que empezó el juicio a fines de marzo, el fiscal de Estado buscó trabar el proceso e incluso logró suspenderlo dos semanas, debido a un problema cardíaco por el que estuvo internado.

El procurador de la Corte, Rodolfo González, quien ejerce en el Jury el rol del fiscal, abrió esta mañana la sesión con el pedido de destitución. Denunció que no hubo un buen desempeño como funcionario y lo acusó de no defender el interés público.

La diputada querellante expresó a su turno: “El fiscal de Estado es el encargado de defender al Estado como un representante digno de los mendocinos, por lo que De Rosas no ha actuado con lealtad”.

Por su parte, la defensa apuntó contra los medios e intentó involucrar al ex gobernador Roberto Iglesias al señalar que todo lo actuado por De Rosas contó con su aval. Incluso sostuvo que el fiscal de Estado también debía defender a particulares afectados, en este caso, Dalvian.