Deudas y concreciones, a un año del último discurso del 1º de Mayo
Francisco Pérez llegará a su tercera apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un saldo de deudas en materia de obras y reformas, aunque en este último aspecto aliviará el déficit con el cumplimiento de una promesa que hizo el último 1 de mayo: la presentación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, un ambicioso programa de desarrollo para la Mendoza del futuro.
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El gobernador prometió hace un año el envío de una ley para que todos los funcionarios declararan sus bienes y que ésta fuera de acceso público. Pero cerca del 1 de mayo, el proyecto oficial permanece estancado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, sin expectativas de sanción.
El compromiso de Pérez se cumplió en parte: la norma prometida por el mandatario llegó a la Legislatura en setiembre del año pasado, cuatro meses después del anuncio, pero la decisión política llegó hasta allí.
Hay que recordar que aquella iniciativa planteaba descuentos del 50 por ciento en los haberes de los funcionarios que no cumplieran con la obligación de actualizar su situación patrimonial, publicaciones en internet y hasta la obligación de rendir cuentas de los bienes de familiares, socios y allegados.
La parálisis de la ley de declaración de bienes ya genera críticas en la oposición. "El gobernador tiene mayoría en las cámaras y comisiones, como mandó el proyecto podría haber ordenado votarlo", señaló el diputado radical Tadeo García Salazar, quien días atrás propuso un dictamen consensuado para la sanción de una ley de transparencia que agrupara la propuesta del oficialismo con las que ya habían presentado otros legisladores en los últimos tiempos.
En los mismos tramos del discurso del año pasado en los que habló de ética pública, Pérez condenó la "hipocresía" de la clase política y confirmó su militancia a favor de la reforma de la Constitución provincial.
Pérez fue el 1 de mayo de 2013 filoso y crítico con legisladores e intendentes que han tenido reelecciones indefinidas, fórmula que eligió para impulsar una reelección para él sin mencionar este objetivo. En ese tren, el gobernador no precisó cuál sería su plan para reformar la Carta Magna, que hasta entonces contemplaba la posibilidad de emitir un decreto para reactivar el proceso de reforma de 2001. Pero se suponía que de alguna manera iba a avanzar, cosa que no ocurrió: en medio de una áspera relación política con el radicalismo, de la reforma no se habló nunca más.
La contracara es el estado del proceso para el cumplimiento de la ley de Ordenamiento Territorial, que llevaba varios años de atraso. El gobernador dijo el año pasado que antes del 1 de mayo de 2014 sería presentado el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) a la Legislatura para su sanción, promesa que está en condiciones de cumplir.
Para ello fue necesario acelerar las instancias previas, apuro que se evidenció a partir de la asunción de Guillermo Elizalde como ministro de Ambiente, hace pocos meses. En este último tiempo, el Gobierno se ocupó de completar el organigrama de la Agencia de Ordenamiento Territorial (faltaba designar su presidente) y, lo que es más importante, terminaron las deliberaciones en torno al PPOT, que fue sometido a audiencia pública.
Hubo numerosos cuestionamientos políticos (falta de lineamientos y de estadísticas para proyectar el futuro, pocas precisiones sobre actividades como la minería, entre otros), pero lo cierto es que Ambiente llegó con el plan a tiempo.
De hecho, este jueves se cumplió la última etapa, que fue la incorporación de aportes y la aprobación definitiva por parte del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, un órgano multidisciplinario que viene discutiendo el plan desde 2009.
La gran obra demorada
Las obras naturalmente se resintieron por el ahogo de las cuentas públicas, como el propio Gobierno ha reconocido. Apenas Pérez pudo avanzar con algunas licitaciones, como es el caso del hospital de Luján de Cuyo, y con obras viales que anunció hace un año, como es el caso del cuarto tramo del Corredor del Oeste, que lo hará llegar hasta la zona de Palmares.
También asegura el gobernador que mantuvo un buen nivel de ejecución en materia de viviendas, a pesar de que el Instituto Provincial de Vivienda se queje cada vez que puede de los recursos presupuestados que le debe el Poder Ejecutivo.
Pero está claro que los anuncios del 1 de mayo de 2013 eran mucho más ambiciosos que lo que el Gobierno finalmente pudo hacer. Pérez habló de la doble vía a San Juan y, además, se detuvo para hacer un anuncio trascendente: "En el mes de julio se dará inicio a la obra de aprovechamiento hidroeléctrico de Los Blancos-Río Tunuyán", dijo con todas las letras.
Por lejos éste será el ítem que se anotará en el "debe" del gobernador. Los Blancos nunca arrancó. El proyecto se preadjudicó al consorcio compuesto por la empresa OAS de Brasil y Cartellone, pero hasta aquí no se firmó el contrato definitivo. La razón principal es que el Gobierno Nacional no destinó los fondos prometidos y desde hace meses se busca financiamiento alternativo para una obra que supera cómodamente los 1000 millones de dólares.
Pérez comenzó a atajarse días atrás. En la previa de su viaje al Vaticano avisó que el Ministerio de Economía de la Nación tenía avanzado el expediente y habló también esta semana de los avances de obras preliminares, como el estudio de impacto ambiental y la construcción del camino que llevará a la presa. Pero de las promesas, en este caso, todavía no consigue salir.
Poca reacción legislativa
En este largo y duro año entre el último discurso del gobernador, la Legislatura fue caja de resonancia de los conflictos políticos entre Pérez y la oposición. Fue así que aún proyectos con buena base de consenso, anunciados en la última Asamblea Legislativa del 2013, no se convirtieron en leyes.
Es el caso del proyecto de refuncionalización de la Justicia Penal, uno de los anuncios de Pérez en materia judicial. La oposición no tuvo demasiados reparos a la propuesta, que consistía en aumentar las tareas de los juzgados correccionales para que se convirtieran también en juzgados de garantías, y en ampliar los juzgados de flagrancia.
Pérez buscaba por esa vía una agilización de los allanamientos y operativos de seguridad, así como una aceleración de los procesos en los casos donde el delincuente es detenido "in fraganti" . Casi nadie se opuso a ello, pero aún así, la norma sólo obtuvo sanción de la Cámara de Diputados. Y ese paso (marcado por la escasa producción legislativa del último periodo) demoró: el proyecto se aprobó recién a fines de noviembre, seis meses después del anuncio de Pérez.
Ahora el expediente figura en la Cámara de Senadores y ni siquiera llega aún a los comisiones específicas (Legislación y Hacienda y Presupuesto). Toda una señal de lo difícil que ha sido para Pérez conseguir reacciones de la Legislatura que se acoplen a las pretensiones transformadoras que viene anunciando desde su asunción.