Cae el acuerdo entre Pérez y un sector de la UCR por el Presupuesto
Un callejón sin salida. Esa es la situación en la quedó la discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2014 que el Gobierno creía tener acordada al menos con una parte del radicalismo y que provocó que, más allá de que el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, había anunciado que un nuevo borrador iba a ser enviado esta semana a la Legislatura, todo prácticamente volviera a fojas cero.
El Gobierno, legisladores de la UCR y hasta un intendente opositor del Este, Ricardo Mansur, estuvieron negociando este último fin de semana un acuerdo para intentar votar el Presupuesto en el Senado que le permitiera a Francisco Pérez endeudarse este año en al menos $766 millones. Sin embargo no hubo avances por varios puntos: uno de ellos fue que los radicales quieren darle un destino específico a esta última cifra (subsidios al agro y al empleo, por ejemplo) mientras el Gobierno los prefiere de libre disponibilidad, aunque argumenta que los destinará al pago de amortización de deuda.
Pero hay más. En la reunión en la que Pérez estuvo representado por Costa, por el ministro secretario de la Gobernación, Francisco García y por el subsecretario de Hacienda, Juan Gantuz, tampoco se llegó a una acuerdo de varios planteos radicales como el recorte a algunos “superpoderes” que Pérez tiene por ley desde 2012, el congelamiento de contratos de locación, por la gestión de organismos autónomos como OSEP y , fundamentalmente, por la cantidad de recursos que deberían ser destinados al Fondo de Infraestructura Provincial (FIP), una cuenta de vieja data que históricamente sirvió para financiar obras públicas y que desde hace algunos años casi no tiene dinero.
En estos tire y afloje, el gobierno se había manifestado dispuesto a discutir un proyecto de ley de Presupuesto adecuado a las exigencia de los radicales que responden a Mansur y a su colega de Junín, Mario Abed y que había sido redactado por el diputado nacional, Enrique Vaquié.
La semana pasada el propio Pérez le había anticipado a los intendentes del PJ que buscaría sancionar el Presupuesto, a pesar de la resistencia de Alfredo Cornejo que dice tener los votos en Diputados para rechazarlo.
El fin de semana se encendieron las primeras señales de alarma para el Ejecutivo. En Tupungato, en una reunión ampliada del gobierno en la que participaron ministros del Gabinete, intendentes y legisladores oficialistas, Costa se quejó por la aparente intromisión de Julio Cobos quien habría influido sobre Abed y Mansur para que endurezcan su postura con el gobierno.
Costa despotricó porque Abed y compañía abrieron la puerta del endeudamiento, pero luego pusieron restricciones al uso de esos fondos. Los radicales acuerdistas quieren que esos recursos sean repartidos en subsidios al agro y al sostenimiento del empleo (en unos $566 millones) y en aportes al Fondo para la Transformación y el Crecimiento ($200 millones).
Pero luego las diferencias se agravaron. Una de las más grandes, además de cómo deberá utilizarse el endeudamiento, es la manera de recrear el FIP.
El Gobierno compró la idea, pero quiere manejar tiempos distintos a los de los radicales y plantean fondearlo fuerte. Pero recién en 2016.
Allí, por caso, la UCR redactó en el proyecto de Presupuesto que se buscó consensuar que el FIP debería recibir el 33% de la recaudación de regalías en 3014 y el Gobierno pretende aportar solo el 19% de lo que recauda por el petróleo. Para el año que viene, le querían sacar a Pérez el 50% de la recaudación de regalías para el FIP y Costa transó hasta el 25%.
Los radicales plantearon el congelamiento de los contratos de locación y de las prestaciones médicas al 31 de diciembre de 2013, algo similar a lo que se hizo con la planta de personal y solo quedaban excluidos de estas restricciones los nombramientos de policías. Pero el Gobierno, si bien aceptó algunas de estas trabas, se negó a resignar la facultad de nombrar personal y de aumentar las prestaciones.
También se planteó un cambio en el funcionamiento operativo de entidades como el Fondo para la Transformación el IPV o el Casino, en este caso porque se recaudación es destinada a programas sociales, por considerar que son “ghettos” dentro del Estado con poco control sobre sus gastos de personal y de manejo de los recursos. Aquí tampoco hubo acuerdo.
Asimismo la UCR acuerdista propuso quitar del Fondo Unificado a varias reparticiones que desde hace tiempo tienen problemas para pagarle a sus proveedores. Hacienda cedió ante este pedido, aunque en parte: lanzó la contra propuesta de comenzar con este proceso ahora, pero concretarlo definitivamente recién en 2016.
La UCR tiró sobre la mesa comenzar a poner limitaciones a varios poderes especiales que tiene Pérez desde 2012 y que fueron habilitados por la Legislatura (con aval radical por cierto) para el manejo de recursos. Esta idea casi fue rechazada de plano.