Tanús va por la cabeza del Procurador

Un Francisco Pérez desencajado, ni siquiera reparó que había mujeres entre los funcionarios y legisladores que el lunes pasado lo escuchaban gritar por la situación que enfrenta Mendoza en su lucha contra el narcotráfico. En su embate contra el mal accionar de la Justicia, el gobernador se paró, se tomó los testículos y con el gesto machista característico les espetó: “Ustedes no se dan cuenta que los jueces los van a mear si esto sigue así”.

La grosería es solo una muestra de una reunión en la que el mandatario buscó alarmar sobre el combate desigual que, a su entender, está librando el Gobierno contra los narcotraficantes producto de la inacción de algunos fiscales. Y sobre todo, de la desidia del Procurador Rodolfo González, el jefe de todos ellos.

El sacudón rindió algunos frutos. Solo dos días después, la Justicia mendocina libró órdenes de allanamiento para la detención de Sandra Yaquelina Vargas, alias “La Yaqui”, que fue detenida en San Luis el viernes y sospechada de liderar una importante banda narco en el Gran Mendoza.

No hay forma de probar que la captura de “La Yaqui” sea consecuencia directa de la bravata de Pérez. Pero sí un par de hechos son muy sugestivos. Los fiscales de Godoy Cruz, que dictaron las órdenes de allanamiento para capturar a la mujer, formaron parte del lote de miembros de la Justicia apuntados por el gobernador.

Pero hay más: las redadas en San Luis y en Mendoza fueron consecuencia de la investigación que hace casi un mes había concluido la Policía de Mendoza, que descansó todo este tiempo sobre los escritorios judiciales y que son la base de la bronca desatada del Gobierno.

Esas pesquisas, incluían elementos de prueba concretos que involucraban directamente a “La Yaqui” en un caso de homicidio y en otro en grado de tentativa. Con esas pruebas, los fiscales podrían haber actuado mucho antes y no este viernes recién.

Pero otra movida comenzó a desatarse el jueves y podría tener un alcance institucional más grave. Mientras un grupo de legisladores oficialistas agitan investigaciones cotra un grupo de al menos cinco fiscales, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, lanzó una investigación para determinar si el Procurador González incurrió en mal desempeño de sus funciones y presentar así eventualmente un pedido de juicio político en su contra. El legislador del Frente para la Victoria le solicitó al ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, un informe para determinar cómo ha sido la relación entre el accionar de la Policía y la respuesta de la Justicia en casos de narcotráfico en los últimos años.

El comparativo sería una continuidad de un trabajo que Pérez desplegó ante los integrantes de la Bicameral el lunes: allí habló de una curva ascendente del narcotráfico en la última década y cómo en el 90% de los casos las fuerzas policiales habían actuado contra solo el 10% de efectividad de los fiscales encargados de perseguir este tipo de delitos.

“Nosotros ya estamos cansados de esta situación, en dónde desde hace años el Procurador viene a la Legislatura a dar explicaciones con una carpetita que no dice nada. Yo no voy a tener empacho en pedir un juicio político, en caso de que lo tenga que pedir, si es que efectivamente hay inacción del jefe de los fiscales en todos estos últimos años”, confirmó Tanús a este diario.

González hace silencio y maneja un timinng político notable. El jueves, en una reunión ampliada de miembros de la Corte, se evaluó cómo contestar a través de un comunicado los ataques del gobernador de hace 10 días.

Es de esperar que algo diga el martes. Ese día está previsto que se realice en la sede del Poder Judicial una nueva reunión de la Comisión de Enlace que viene trabajando, de manera interdisciplinaria entre la Justicia, el Gobierno y los legisladores, cuestiones relacionadas con la seguridad. Todos aguardan que responda con datos las acusaciones de poca actividad en la lucha contra los narcos.

Los fiscales se han defendido entre bambalinas durante estos últimos tiempos en los que fueron puestos en el centro de la escena. Algunos reconocieron el miedo que les daba ir por los capos del narcotráfico, temor que pudo haber sido superado tras la señal clara que dio el gobernador de que la clase política apunta a combatirlos.

Otros, sueltan cifras para desestimar los ataques oficiales. “A mí, la Policía me pidió dieciséis allanamientos. Se los di y en ninguno de ellos se encontró nada”, se defendió.

La mayoría, se burla de la sobreactuación de Comperatore durante la redada contra “La Yaqui”. “Uno de nosotros tuvo que llamar al Gobierno para pedirle que saque a Comperatore de los medios, porque estaba ventilando que se iban a hacer catorce allanamientos y muchos  todavía ni siquiera habían empezado”.        

En relación González, nada hace suponer que el jefe de Diputados esté actuando por pedido expreso del Gobierno. Al menos en los últimos quince días de ataque de Pérez, lo que se buscó fue sacudir tanto la desidia de las fiscalías como la supuesta monotonía de González. No existe hoy en el cuarto piso de la casa de Gobierno ni una sola carpeta armada para ir por la cabeza del Procurador. Aunque ganas no faltan: no es un secreto a voces en Tribunales que el ariete de Paco en la Corte, el juez Omar Palermo, tiene como objetivo ese cargo como parte de su estrategia de renovación del Poder Judicial.

En los hechos, Pérez está conforme por ahora en haber apresado a “La Yaqui”, y si bien él había pedido la participación de un fiscal especial en este caso, que al menos se hayan acumulado en una sola Fiscalía todas las investigaciones en su contra, esto representa un avance.

También que la Justicia Federal haya actuado, cosa que reclamaba asimismo, como lo habría hecho este sábado con un par de operativos que tuvieron poca trascendencia pública.

En la próxima sesión del Senado, podría aprobarse con acuerdo de la oposición otra prédica gubernamental: el pase de los juzgados de Instrucción a Juzgados Correccionales para hacerlos más ágiles. Con acuerdo de la UCR, se conformarían 6 Juzgados Correcionales y de Flagrancia y se conformarían nueve Juzgados de Garantía.

Pero al gobernador aún le falta afilar una espada en su cruzada que, hasta con groserías de por medio, logró un éxito temporal. No existen dudas de que la lucha contra el narcotráfico y del combate del delito en general exigirá también una exhaustiva lupa sobre la gestión de Seguridad y sobre el accionar de la policía que, si bien en muchos casos investiga y atrapar traficantes, en muchos otros también es cómplice del negocio en los barrios. Sin este complemento clave, no habrá gritos de Paco que alcancen.