Dura pelea por el suelo contra negocios inmobiliarios

Así están las cosas, a pesar de que el titular del flamante Ministerio de Tierras, Guillermo Elizalde, esté tratando de pisar el acelerador para que el descontrol no se profundice.

Misión 1 de mayo. La misión 1 de mayo de Elizalde consiste en que, en la próxima asamblea legislativa, el gobernador Francisco Pérez presente el plan de ordenamiento territorial, que es un trabajo multisectorial que se ha ido armando de manera irregular en los últimos años y que en el Poder Ejecutivo considera que está casi listo, a pesar de las dudas opositoras.

Uno de los abanderados de la crítica es Tadeo García Salazar, diputado del radicalismo. "En el trabajo falta información estadística. No hay datos claves como cifras sobre la pobreza, el impacto de la inflación y el Producto Bruto Geográfico. Además el Gobierno no se ha ocupado de generar consenso político para que el plan sea aprobado. Tiene falta de definiciones el documento. No dice que se hará con la minería y el petróleo, y no hay buen mapa de recurso hídrico. El diagnóstico, por otra parte, está desactualizado: no hay propuesta de modificación de la ley de loteos a pesar de que en estos años el mercado inmobilario avanzó sobre las zonas rurales", se descargó el radical ante la consulta de este diario.

El Gobierno es mucho menos apocalíptico. Elizalde considera que la provincia ha sido pionera en el tema de ordenamiento y considera que el plan armado permite aplicar "acciones específicas para proteger los suelos productivos del avance urbano"; que los pequeños pueblos en vías de extinción cobren vida; delimitar corredores turísticos; repensar las políticas de ocupación y arraigo territorial; definir qué zonas deben ser productivas, cuáles serán residenciales y cuáles industriales".

Sin embargo, también es cierto que, ante los diputados de la comisión de Ambiente, el ministro Elizalde reconoció esta semana que el rápido mercado inmobiliario es el rival a vencer en esta batalla. "La discusión de poder en serio es con el sector privado", expresó el funcionario, además de sostener que éste ya avanza sobre territorios productivos y hace barrios en zonas inseguras o sin servicios.

En las rondas con legisladores (Elizalde también estuvo con los senadores) se deslizó también una percepción que preocupó a varios: el funcionario no cree que el plan de ordenamiento territorial que presentará Pérez vaya a poder aprobarse rápido.

Estas apreciaciones están encendiendo una alerta, claramente tardía, en los ámbitos legislativos. El martes, algunos legisladores, incluso del oficialismo, propusieron realizar modificaciones a la ley de Aguas y de Loteos para evitar que el lento consenso político en torno al plan de Ordenamiento Territorial siga permitiendo un crecimiento desmadrado de la provincia.

Se sugirió la sanción de una norma de "no innovar" mientras se discute el plan, para frenar en el "mientras tanto" los emprendimientos inmobiliarios y el aprovechamiento privado.

A paso apurado. Así y todo, el Gobierno busca avanzar. Ya es una promesa política de Elizalde que el plan de Ordenamiento estará en las manos del gobernador para la próxima asamblea legislativa. Ese plan, en su modelo preliminar, consta de unas 220 páginas y está disponible en el sitio web www.ambiente.mendoza.gov.ar. Allí se lo puede consultar y, hasta hoy, cualquiera puede hacerle aportes.

La próxima instancia de participación ciudadana se producirá el 31 de marzo, cuando el plan será sometido a una audiencia pública. Pero esa audiencia será apenas el prólogo de un enorme debate político, donde los partidos, los legisladores y los intendentes tendrán que ponerse de acuerdo en qué quieren para Mendoza en materias industrial, productiva y territorial.

A esta situación se llega porque todo demoró demasiado. En el gobierno de Celso Jaque tuvo poca actividad el Consejo de Ordenamiento Territorial, un organismo de 65 personas (representantes del Estado, los municipios, órganos científicos y universidades) que debía generar las bases del plan territorial.

Los encuentros se dinamizaron un poco durante la gestión de Marcos Zandomeni como secretario de Ambiente, pero fue finalmente Elizalde el que tuvo que pisar a full el acelerador para terminar los borradores del plan y cumplir algún plazo. Aunque ese cumplimiento es cuestionado por la oposición, para quienes el plan tendría que haber estado listo a mediados del año pasado.

Las demoras abarcan también otros aspectos políticos de la ley. Recién ayer el Senado aprobó el pliego de la candidata a presidir la Agencia de Ordenamiento Territorial, que será el brazo ejecutor de la norma. Se trata de María Sonia Romero, una funcionaria de Maipú que fue elegida por el gobernador para el cargo. El problema son, una vez más, los tiempos empleados: Romero fue seleccionada para el cargo a mediados del año pasado, pero las elecciones y otros cálculos políticos de Pérez demoraron el envío de su pliego a la Legislatura.

Lo que viene después del 1 de mayo es un montón de acciones y discusiones. El plan deberá que ser aprobado por los legisladores y luego los municipios tendrán 12 meses para la elaboración de sus propios planes territoriales, así como para la conformación de las agencias específicas.

El tiempo que demandará todo esto es, hoy por hoy, incalculable. Tanto que Elizalde cree que el debate involucrará a los próximos precandidatos a gobernador. En su entorno no hay ilusiones de que la ley se aplique en este gobierno.

Ese tiempo riquísimo ahora juega solo a favor de algunos sectores privados y por ello unos cuantos legisladores han detectado la necesidad de cuidar la tierra con leyes de contingencia que, desafortunadamente, también están en veremos.