Bonadío pidió las declaraciones juradas de Cristina, sus hijos y Báez
El juez federal Claudio Bonadío pidió a la AFIP las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, así como del empresario Lázaro Báez por la causa en la que se investigan supuestas anomalías registrales y la falta de presentación de balances de la sociedad Hotesur.
Fuentes judiciales confirmaron que una delegación de la Policía Metropolitana se presentó esta mañana en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con la orden para recabar la documentación impositiva de la Presidenta, así como de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
El juez pidió también las declaraciones juradas del expresidente Néstor Kirchner entre 2008 y octubre de 2010, cuando falleció, y las del empresario Báez, a partir del 2003 a la fecha. La información fue solicitada por el juez en el mismo momento en que el oficialismo presentaba otra denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura por presunta "extorsión" y reclamaba su suspensión y juicio político.
La investigación que encaró el juez Bonadío fue a raíz de una denuncia hecha por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien consideró que hubo "mal desempeño" por parte de los responsables de controlar a la sociedad comercial Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate, perteneciente a la Presidenta, ya que desde 2010 no presenta los balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además, en la causa que sigue Bonadío se investigan posibles actividades de lavado de dinero, pues- según información periodística que fue formalizada en una causa penal a cargo del juez Javier López Biscayart- el empresario Báez habría alquilado cientos de habitaciones entre 2010 y 2011 de los hoteles de la Presidenta en el sur del país pero que nunca eran ocupadas. La nueva medida ahora solicitada por el juez se suma a un allanamiento que dispuso el jueves pasado en la sede de Hotesur en el microcentro porteño, y en donde se detectó que la oficina estaba vacía.
Las medidas del magistrado generaron una dura reacción del Gobierno, que embistió en dos frentes: el oficialismo lo denunció por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes impulsó una investigación en los tribunales por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad.