Preocupación oficial por las cárceles de Mendoza

 "El estado de las cárceles mendocinas es deplorable, desde una óptica de Derechos Humanos, y mi opinión no difiere de la de Amnesty. Hoy tenemos aproximadamente 4.200 internos y tenemos capacidad para el 40% de ellos, y ese hacinamiento es la causa de muchas de las consecuencias que después tenemos que lamentar en las cárceles mendocinas".

De esta manera, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Manuel González, se refirió a la situación del sistema carcelario de Mendoza, cuestionado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales que sancionarón a la provincia por este panorama.

En una nota de opinión, González (foto) agregó que para "garantizar una sana convivencia de los internos, la solución no es crear más plazas, sino velar por una política criminal clara y efectiva. Ver quienes deben estar en las cárceles y para quienes no se justifica esa condición, porque hoy las cárceles viven uno de los momentos más complejos de su Historia, y parte de la responsabilidad también la tiene la Justicia".

Asimismo, se refirió a la situación de los penales de mujeres. "En la cárcel de mujeres (El Borbollón) se tuvo que poner un cupo, porque el sistema está rebalsado (en este caso se suma la realidad de los menores que conviven con sus madres dentro de la institución), y lo mismo va a pasar en el penal de San Rafael porque el sistema está colapsado".

En la nota redactada por González se pone de manifiesto que la construcción de una nueva cárcel aliviará la situación de hacinamiento, pero destacó que no representará la solución a un conflicto más profundo. Además, remarcó que la causa por las torturas en San Felipe volvió a foja cero y subrayó: "Si las Fuerzas de Seguridad quedan impunes cuando torturan a los detenidos, después no pretendamos que salgan siendo ingenieros en Sistemas".

En el resto de la nota, González señaló:

No es real que los presos entran por una puerta y salen por la otra, como se suele decir, la mitad de los presos están procesados y la otra mitad están condenados. En la cárcel de San Felipe, que es a dónde van los presos en carácter preventivo, es de los más sobrepasados en relación a su capacidad. Los índices y las estadísticas prueban que no es real que se entre por una puerta y se salga por la otra. Al menos el 10% de dichos internos va a quedar libre, por la tardanza de la Justicia, o porque se pruebe su inocencia, pero mientras tanto se trata de al menos 300 internos ocupando un lugar que no deberían ocupar, con una población que aumenta de a 1.000 personas por año.

Todas las culpas recaen sobre el poder Ejecutivo, pero hay que pedirle celeridad a la Justicia. No puede ser que en Mendoza quien juzgue sea el mismo que tiene que defender; el Procurador es al mismo tiempo jefe del Poder Judicial y jefe de los defensores de aquellos que cometieron algún delito, cuando en el resto de las Provincias hay un Ministerio Público y un Ministerio Público de la Justicia, para garantizar celeridad y transparencia.

El proyecto para construir un penal en Cacheuta va a traer 500 nuevas plazas, pero qué vamos a hacer cuando se llene, ¿construir más cárceles?. No es una solución.

Estamos poniendo la lupa en el perejil, un nuevo penal va a descomprimir, pero tenemos que ir hacia el fondo del iceberg, a los que facilitan la existencia de delincuentes. No se trata de una postura garantista, ni de pensar que todos los delincuentes son pobres personas que no tuvieron oportunidades, ni mucho menos declarar que no deberían estar presos. Tienen una deuda con la sociedad y tienen que pagar sus culpas, pero el 98% de los detenidos de hoy son personas con escolaridad incompleta y pertenecientes a clases vulneradas. Está claro que los delincuentes más grandes se nos están escapando.

La impunidad trae más impunidad, ¿recuerdan las torturas en San Felipe?, la causa volvió a Foja 0. Si las Fuerzas de Seguridad quedan impunes cuando torturan a los detenidos, si no les garantizamos las condiciones de sanidad y habitabilidad mínima (en las cárceles conviven y comparten sanitarios de a 4 personas, en habitaciones con capacidad para 2), después no pretendamos que salgan siendo ingenieros en Sistemas. Al Estado le cuesta entre $10.000 y $15,000 mensuales mantener a un preso, para que ingresen en una institución que no les va a garantizar reinserción, estamos invirtiendo muy mal un dinero que debería ser para educación.

La Seguridad es una deuda pendiente de la Democracia, en los últimos 30 años, no se ha condenado a nadie por delitos económicos, ¿qué en Mendoza no hay falsificación de vinos, no hay contrabando?. Pero tenemos 4.000 detenidos por robos y hurtos.

Y los que roban y hurtan, ¿nadie se pregunta de dónde sacan "sus herramientas de trabajo" (las armas), tenemos que investigar lo que está debajo de la punta del iceberg: ¿Cómo ingresan las armas? ¿dónde compran o roban los autos que se utilizan para delinquir? y todos saben en los barrios dónde comprar drogas, o armas, y hasta dónde alquilarlas, pero nadie hace nada.

¿Cómo enfocar la justicia que queremos? ¿queremos que la cárcel se convierta en un negocio, pasando a manos privadas?

No se nace con la voluntad ni con la facilidad para ser delincuentes. El informe de Amnesty es real, pero para que cambie, tenemos que plantearnos desde las bases, qué queremos lograr.

En los países europeos en dónde se cierran las cárceles por que sobran plazas, el sistema lo maneja el Estado, en cambio en Estados Unidos, en dónde el sistema penitenciario es responsabiliad de privados, la cantidad de reclusos supera ampliamente los promedios mundiales, porque el sistema es un negocio, y si es un negocio hay que llenarlo. Entonces, se llena con latinos, negros e inmigrantes.

La inseguridad no se resuelve con más cárceles, se resuelve con una política criminal seria, persiguiendo los delitos, sin estrategias demagógicas como puede ser bajar la imputabilidad de los menores, cuando las estadísticas nos dicen que sólo el 1% de los homicidios los comenten menores de edad.

Cuando asesinaron al turista neozelandés se reunió la Bicameral de Seguridad y la idea más clara que tuvieron fue prohibir las motos y cerrar el Parque. Nos toman el pelo.

No va a bajar la inseguridad en la medida en que no tratemos el tema seriamente, inclusive desde los medios que tienden a incentivar la estrategia punitiva demagógica. Ponen como opuestas las posturas de los derechos humanos con las políticas de Seguridad y no tienen que estar separadas. Tenemos que trabajar todos los organismos de la sociedad en conjunto.

Pedimos tirar debajo de la alfombra lo que nos molesta, nos conmovimos con el caso de Luciana, pero el futuro de Luciana no iba a ser muy distinto al de sus padres, y no iba a ser muy distinto al de un montón de niños en situación de abandono, si seguimos haciendo la vista gorda a los problemas de la sociedad.