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Piden investigar a Bossio y Forcieri por enriquecimiento ilícito

El pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita abarca además a otros funcionarios cercanos al vicepresidente Amado Boudou.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar por presunto enriquecimiento ilícito al ex representante argentino ante el Banco Mundial Guido Forcieri, quien además está procesado en el caso Ciccone. 

Lo hizo mediante un escrito presentado ante el juez federal Ariel Lijo, en el que además involucró a otros funcionarios, a quienes el denunciante acusó de tener un crecimiento patrimonial injustificado de acuerdo con sus ingresos en la función pública. 

En su requerimiento el fiscal pidió investigar por enriquecimiento ilícito a Forcieri; al director del ANSES, Diego Bossio, al vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Hernán Fardi; al titular del Correo Argentino, Juan Claudio Tristán; de la Casa de la Moneda, Katya Daura; al esposo de ésta, Manuel Somoza; y a Roberto Aybar Domínguez, un hombre de confianza del vicepresidente Amado Boudou y quien fuera su apoderado del departamento que tiene en Puerto Madero. 

Según la denuncia hecha por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, y reproducida parcialmente por la agencia Noticias Argentinas los funcionarios tuvieron una "evidente evolución patrimonial", aunque también los denunció por violación de ética a la función pública, asociación ilícita y estafa. 

En su denuncia, Mussa también incluyó a José María Nuñez Carmona, el empresario amigo de Boudou; y a Alejandro Vandenbroele, el titular de The Old Fund, quien adquirió la ex Ciccone Calcográfica. Nuñez Carmona y Vandenbroele están procesados al igual que el Vicepresidente en el caso Ciccone y ya son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que el fiscal omitió imputarlos en esta nueva denuncia. 

Al requerir emprender una investigación formal contra Forcieri y otros funcionarios, el fiscal pidió una batería de medidas que incluye varios pedidos de documentación a distintos organismos, y se basó en el protocolo que establece el Ministerio Público Fiscal para investigar este tipo de delitos.