Derogan ley contra empleados públicos concursados

Unos siete mil agentes públicos provinciales podrán respirar tranquilos y enfrentar sus deudas por bono de sueldo sin el temor de no perder ascensos y hasta llegar a ser despedidos según lo consideraba la Ley 8.134 que modificó en 2009 la Ley de Concursos y Quiebras provincial que adhería, con modificaciones a la nacional.

Esto se produjo ayer cuando en la Cámara de Senadores provincial se votó por unanimidad el pedido de revocación que desde la misma Casa de las Leyes fue impulsada por los diputados Lucas Ilardo y Marina Femenía, de La Cámpora y por el diputado de Nuevo Encuentro, Néstor Piedrafita.

En principio la iniciativa por la derogación de la 8.134 estaba dando vueltas por los corrillos legislativos “pero nadie la había impulsado hasta que lo hicimos nosotros y llegamos a contar con el apoyo de Ilardo, Femenía y Piedrafita”, relató Daniel Quinteros, secretario General de Sipes.

“Era la única solución”

En tanto, Quinteros, mientras esperaba hoy en la Legislatura local la comunicación correspondiente para que la derogación sea publicada en el Boletín Oficial, analizó telefónicamente que “La única solución era que esa ley fuera derogada. La ley estaba pero no había sido impulsada por nadie”, recordó.

Y apuntó: “Hicimos un seguimiento con los compañeros. Todo esto empezó en 2001 cuando el país entró en crisis económica y financiera. Fue entonces que el sindicato tomó cartas en el asunto el año pasado cerca del mes de mayo”.

Aclaró Quinteros que “no buscamos liberarnos de las deudas sino que no nos perjudiquen con la posibilidad de no acceder a ascensos y en la peor instancia en ser despedidos”, marcó. Y marcó: “La derogación fue ayer por unanimidad”, añadió.

El gremialista además anunció “luego de la comunicación de hoy esperamos que la derogación sea publicada el próximo miércoles”, expresó.

“En su mayoría son agentes público penitenciarios, luego siguen empleados de la salud y en tercer lugar los de la Policía de Mendoza”, dijo.

“La ley era inconstitucional”

“Esta ley que ya fue derogada en realidad era una modificación al Estatuto del Empleado Público donde se estableció que quienes mantenían deudas y que en un plazo de dos años no regularizaran sus deudas no iban a ser ascendidos o promocionados y corrían el riesgo de ser echados”, repasó Néstor Piedrafita, de Nuevo Encuentro.

Piedrafita marcó que la reforma se realizó en 2009 y por ello “yo opinaba que esto no estaba bien, porque la ley nacional no discrimina entre privados o públicos. Por eso se empezaron a hacer sumarios y por ende muchos empleados públicos recurrieron a la Justicia que ya produjo fallos que en realidad nos dieron la razón”, explicó el diputado.

Asimismo el legislador ventiló que “descubrimos también en su momento que muchos empleados fueron a concurso por el accionar usurero de algunas mutuales que ni siquiera se presentaron a cobrar lo que manifestaron”, amplió.

“La ley además tenía la contradicción que afirmaba que era en beneficio del empleado público cuando en realidad siempre fue un salvavidas de plomo”, ejemplificó Piedratifa.