Impulsan una nueva justicia penal
El objetivo es que la justicia penal funcione mejor y los resultados aparezcan a la vista, algo que buscan los abogados que integran el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de Mendoza a través de dos anteproyectos presentados hoy en el Senado de Mendoza.
El Codigo Procesal Penal regula el proceso penal, es decir, el funcionamiento de la justicia en los casos de delitos punibles. Según los autores de las iniciativas -que consisten en reformar el Código Procesal Penal y la estructura y funcionamiento del los tribunales y juzgados de Mendoza- la reforma del sistema procesal hecha en 1999 por la que se adoptó el sistema acusatorio “aún no se ha podido implementar en toda la Provincia”. Consideran que los mismos empleados de la justicia como la opinión pública “expresan su disconformidad” en “la ineficacia del sistema”, pese a las reformas legislativas hechas en los últimos años. Esto es porque el problema se percibe “en la cumulación de causas en el devenir y los tiempos en el proceso”,
Qué quieren cambiar
El nuevo funcionamiento de la justicia penal es con la metodología de audiencias orales, públicas e indelegables, acompañada con las necesarias reformas en las comunicaciones, la gestión y el registro de audio de las mismas, para así sustituir las actuales actas escritas.
Además impulsa la suspensión a prueba de la investigación y del juicio, incorporando la posibilidad de trabajos a favor de la víctima, contribuciones económicas con instituciones de bien público y el bloqueo de una habilitación.
Para evitar la cantidad de absoluciones que hoy se dan tras el juicio oral propone el “requerimiento de citación a juicio" y para la investigación de hechos delictivos menores de escasa complejidad se establece una investigación simple y rápida.
También será necesario tener pruebas para hacer una acusación. Así lo explica el documento:
"En la actualidad, quien eleva la causa – fiscal de instrucción- debe fundar la acusación haciendo mérito de toda la prueba, pero finalmente, quien ofrece en juicio la prueba, no es él, sino el Fiscal de Cámara, con lo que se evidencia que el proceso sigue la fragmentación del Ministerio público".
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"En el sistema proponemos otros cambios. Así, por ejemplo, notificada la acusación, mantenemos la posibilidad de que la defensa se puede oponer. Introducimos la novedad de que el actor civil deba concretar la demanda y ofrecer prueba y también otro tanto, debe hacer el querellante".
"En tanto, se propone crear el Tribunal Oral Penal en la Provincia para uniformar democráticamente los criterios mediante el dictado de Fallos Plenarios, que sólo obligan a sus integrantes, jerarquizando de este modo la seguridad jurídica como un valor de alta definición y reclamado hoy por la sociedad toda".
Estas inicitivas hoy fueron presentadas como anteproyecto en el Senado de Mendoza, ante la presencia de legisladores de distintos partidos políticos.