Tragamonedas: investigarán a quienes renegociaron el contrato
El dictamen de Fiscalía de Estado que anula la extensión del contrato de concesión de los tragamonedas del casino abrió una puerta que puede terminar en un problema mayor. Ahora a pedido de Fiscalía se iniciarán sumarios administrativos a todos los funcionarios y empleados que tuvieron que ver con la polémica renegociación del contrato de concesión. Los sumarios pueden terminar en sanciones administrativas o denuncias penales.
Pero el conflicto es mayor. Ahora el contrato quedó sin extensión de plazos, por lo que se vence el año que viene. La posibilidad es renegociar la prórroga con la empresa, pero dudan que eso ocurra hasta que se resuelva el centro del conflicto: si la Provincia pierde o no plata con el nuevo contrato, particularmente con la modificación del canon de concesión. En el medio la empresa MCE, del grupo Vila, presiona para que le paguen el 47% de los ingresos y van por más: también reclaman mayores costos por la obra civil de ampliación del casino. “Si no nos quieren, que nos echen”, les dijo Alfredo Vila a las autoridades del Casino en una de las reuniones de negociación.
Con el dictamen de Fiscalía de Estado aún fresco, el titular del IPJC, Carlos Bianchinelli, fue a la Legislatura para explicar los alcances de esa decisión. Allí quedó claro que el contrato tiene fecha de vencimiento el año que viene y que ahora es necesario determinar si hay perjuicio para el Estado antes de tomar alguna decisión.
Además se sumó el cuestionamiento del Tribunal de Cuentas. Desde ese organismo de control aseguran que el nuevo contrato por los tragamonedas cambia las condiciones del pliego de licitación y el contrato y que por eso debería haberse hecho por licitación pública. Aunque no toman ninguna resolución definitiva, advierten lo que puede suceder si no aportan información que explique por qué no llamaron a licitación. Por eso desde el Tribunal de cuentas intiman a que las autoridades del Casino justifiquen “la razón por la cual no se llamó a licitación pública ya que se cambiaron las condiciones de la contratación anterior, no sólo en canon, sino también el plazo, la realización de obras de remodelación como asimismo la ampliación y explotación del servicio de restaurante, bar y confitería”, detallan en el informe.
Pero también deben explicar cuáles fueron los justificativos para renegociar el contrato a través de documentación que pruebe que efectivamente con el contrato anterior el Estado perdía plata. Incluso hay otro detalle: el nuevo contrato no incluyó un sistema de control sobre los ingresos de los tragamonedas. Por último también deben aportar los estudios económicos que justifiquen el aumento del canon. “Deberán aportar respaldo documental de los estudios económicos realizados que fundamenten las nuevas condiciones de la contratación (nuevo canon, nueva tecnología), y que demuestren la razonabilidad del precio convenido. Se pasó del 26,23% al 47%”, explican.
Los apuntados por el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado son el ex presidente del Instituto, Daniel Pereyra, los directores Juan Manuel Nasif, Esteban Navarro; el ex gerente General Horacio Miguel, el ex gerente de tragamonedas Ricardo Rodríguez, el ex gerente General Gonzalo Jerez y el síndico Ítalo Della Gáspera. También está apuntado en la lista el ex jefe de legales Pablo Pappalardo.
Cómo sigue
La denuncia que terminó con el cuestionamiento legal al contrato la hicieron legisladores de la oposición, encabezados por Patricia Gutiérrez. Allí hay una curiosa paradoja: Gutiérrez fue quien presentó también el pedido de jury contra el fiscal de Estado Joaquín De Rosas y en esa denuncia también estaba la falta de acción del fiscal respecto al casino. De Rosas fue suspendido por el Jury y ahora el fiscal subrrogante fue quien objetó el contrato.
Carlos Bianchinelli, presidente del IPJC, tiene cierto alivio por la decisión del fiscal pues abrió el juego a otras instituciones y de esa manera “blinda” cualquier decisión que se pueda tomar. Ahora la sindicatura del Casino, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura deben determinar si hay perjuicio o no con el nuevo canon. Igualmente aseguran que se trata de una decisión política avalar o no el avance en el pago del 47% y desde la Legislatura se oponen a emitir un dictamen.
Ahora resta saber cuál será la reacción de la empresa MCE que hasta ahora ha reclamado todo. Sólo por mayores costos de la obra de ampliación del Casino reclama cerca de 4 millones de pesos, que se suman a los 400 mensuales por el 7% no pagado del canon. El conflicto recién comienza.