Agua: harán una inspección en los campos beneficiados

La guerra del agua también es ahora la guerra judicial. La pelea por los pozos de agua otorgados a grandes empresas inmobiliarias en zonas prohibidas sigue y ahora las causas se las disputan dos jueces. No es un tema menor, pues se trata de dos magistrados con claras diferencias de criterio; pues uno rechazó la cautelar pedida por una empresa para frenar las resoluciones de Irrigación que ordenan el cegado de los pozos; mientras que la otra jueza tomó el camino inverso y le otorgó cautelares a  9 empresas.

Pero hay más novedades: la jueza Martinelli realizará una inspección ocular en las fincas y emprendimientos inmobiliarios que fueron beneficiados con los pozos de agua y que generaron polémica. Según las resoluciones firmadas por la jueza, la recorrida por Ugarteche y Agrelo será el miércoles por la mañana.

Mientras, se suman actores a las causas. Las inspecciones de cauce fueron incorporadas a través de un amicus curiae, como ayudantes del Departamento General de Irrigación.

A fines de la semana pasada el juez Sebastián Márquez (hijo del ex ministro de Salud y Desarrollo Social) pidió que remitieran a su juzgado todas las causas relacionadas con el tema, pues fue el primer magistrado interviniente. De hecho, la primera causa que ingresó para frenar las resoluciones de Irrigación llegó al Segundo Juzgado de Gestión Asociada, que es conducido por Márquez. Por eso reclama la potestad sobre el resto, que aunque ingresaron el mismo día, fueron a parar a otro juzgado. Fue Irrigación quien pidió que se acumularan las causas, teniendo en cuenta que son similares y que se trata de “una cuestión que interesa al orden público”. Por eso Márquez pidió que se remitieran a su juzgado la causas iniciadas por “Cerezas Argentinas”, “Santacroce”, “Bulnes”, “Fideicomiso Aymuray”, “Inmobiliaria Reconquista”, “Viñas de Vertex”, Máximo Bonchil” y “Club de Golf Alto Agrelo”.

Pero la jueza Martinelli sigue con las causas. Y el miércoles promete ir a los campos con un perito. “No habiendo sido ofrecida por las partes las inspección ocular del estado de los lugares y de cosas como medio de prueba, habiéndose ofrecido prueba referida al estado de los lugares y de cosas, entiendo corresponde y es de utilidad a la controversia, constituirme en los inmuebles a los que les fueron otorgados permisos de perforación en forma personal… en asocio de un perito ingeniero en petróleo”, determinó Martinelli en las 9 causas que aún están en su juzgado.

Las causas en cuestión las iniciaron las empresas que se sintieron perjudicadas cuando el Tribunal Administrativo de Irrigación les negó la concesión de los pozos que ya tenían perforados y ordenó el cegado de los mismos. Se trata de permisos otorgados por la gestión anterior en una zona prohibida (margen derecha del Río Mendoza) y que tenían como destino grandes emprendimientos inmobiliarios.

El agua fue otorgada para riego agrícola, pero estaban proyectados (y en algunos casos concretados) emprendimientos inmobiliarios y turísticos de lujo, con canchas de golf incluida en algunos casos.

Otro elemento que se incorpora a las causas es el proceso de enjuiciamiento que llevó adelante el Jury contra Eduardo Frigerio, el ex superintendente de Irrigación que otorgó los polémicos permisos de perforación y que renunció antes del juicio de destitución. También se sumaron las revocatorias de Irrigación y la propia resolución del juez Márquez, que va en contra de lo dicho por Martinelli.