La causa contra Báez es por lavado y asociación ilícita

El juez federal Sebastián Casanello ya había remitido esta mañana al fiscal Ramiro González todas las denuncias penales sobre el escándalo para que determine si corresponde abrir una investigación y bajo qué tipo de delitos o figuras penales. Así lo pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

El fiscal González, que reemplaza temporariamente a su colega Guillermo Marijuán, de licencia, podrá pedir medidas de prueba. Además, el magistrado comunicó a la nueva fiscalía antilavado, Procelac, que depende de la procuradora general de la Nación, de la existencia de las denuncias que seguramente a partir de mañana se convertirán en una causa judicial, según informa el diario Clarín.

El requerimiento de investigación solicitado al fiscal se demoró porque Casanello y Canicoba Corral decían que el otro juez era el competente.

El caso sumó cinco denuncias. La primera fue realizada directamente en el juzgado federal de Julián Ercolini por la diputada Elisa Carrió, que, con el video del programa de Canal 13, dijo que esa prueba ampliaba una vieja denuncia suya por asociación ilícita contra el fallecido presidente Néstor Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. En ese momento Ercolini interpretó que ese video constituía un hecho nuevo, no relacionado con esa vieja investigación, y la envió a la Cámara para su sorteo. Ese expediente quedó en manos de Casanello, pero en el ínterin entre la presentación de Carrió y el sorteo de la Cámara, se radicó otra denuncia, la del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, que le fue adjudicada a Canicoba Corral.

Un rato después, una tercera denuncia, esta vez presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, de la Asociación Civil Anticorrupción, también fue adjudicada por sorteo entre los doce juzgados federales y recayó en Casanello.

A esto se suman dos presentaciones sobre las cuales no hubo novedades: la de los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña ante el fiscal Carlos Stornelli para que impulse una investigación, y la de otro grupo de diputados ante la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Carlos Gonella, una repartición creada por la jefa de la Procuración, Alejandra Gils Carbó.