Vila reclama más de $5 millones extra por el Casino
Mientras el Gobierno debate internamente si autoriza o no el aumento el canon por los tragamonedas del casino central, la empresa concesionaria reclama una deuda que ya supera largamente los 5 millones de pesos y se sigue acumulando. Es que Mendoza Central Entretenimientos presenta cada mes el reclamo por la diferencia del 7% que falta para llegar al 47% de los ingresos como establece el polémico nuevo contrato.
Esa diferencia son más de 400 mil pesos mensuales y el reclamo se hace desde hace un año y tres meses aproximadamente.
Ese fue uno de los puntos que el presidente del Instituto, Carlos Bianchinelli, intentó negociar con Alfredo Vila cuando se reunieron. Pero el empresario no accedió a resignar esos recursos que considera propios y prometió ir hasta las últimas consecuencias. Por ahora en el Ejecutivo esperan el dictamen de Fiscalía de Estado para “blindar” la decisión política que deben tomar: si autorizan o no el aumento del canon.
Mientras tanto, la nueva conducción del Instituto terminó el análisis interno que habían prometido. El lunes Bianchinelli se reunió con el gobernador Francisco Pérez para explicarle el estado de situación del Casino. Uno de los resultados del análisis es la excesiva cantidad de funcionarios y empleados jerárquicos que hay. Por eso ayer le pidieron la renuncia a los 12 gerentes del Instituto, con la idea de barajar y dar de nuevo. “Hay gerentes que no son jefes de nadie; es decir tienen el cargo pero no tienen ni gente ni tarea a cargo”, explicó Bianchinelli ayer.
Detrás de las declaraciones del Presidente del Instituto se entiende que muchos de esos cargos fueron creados como pago de favores políticos, donde participaron todos los partidos políticos.
Ayer fue un día movido en el Casino. Primero los trabajadores del lugar realizaron una protesta para oponerse a la aplicación del nuevo contrato de concesión de los tragamonedas. Pero eso no fue todo. Los senadores radicales también hicieron una visita sorpresiva al Casino para pedir información sobre distintos temas sensibles.
El reclamo de la empresa
Antes de que venza el plazo de la concesión la gestión anterior de gobierno, con Daniel Pereyra como presidente del Casino, hizo una polémica renegociación del contrato con la empresa concesionaria de los tragamonedas, aumentando el canon que pagaba del 26% al 47% en etapas. Actualmente pagan el 40% de todos los ingresos de las máquinas, pero la empresa, que maneja el grupo Vila, reclama la ejecución completa del contrato nuevo, pues aseguran que ya están dadas las condiciones para hacerlo. La actualización del canon quedó en suspenso hasta que se vuelva a analizar la legalidad y las ecuaciones financieras de ese contrato.
Mientras tanto, MCE presenta todos los meses el pedido de liquidación por el 7% de diferencia, unos 400 mil pesos mensuales desde hace un año y tres meses, según explicó Bianchinelli. Así la "deuda acumulada" es de más de 5 millones de pesos. El destino casi seguro de esos expedientes es la judicialización.
“Esto está generado una deuda importante desde hace un año y tres meses. Nosotros queremos evitar los perjuicios para la provincia", dijo Bianchinelli.
La contraparte al aumento del canon era que la empresa invirtiera en la ampliación del Casino y en la renovación de las máquinas. Según Bianchinelli, esa inversión se ha cumplido y ahora esperan para decidir si aumentan o no el canon. "Hay que hablar de la realidad. Si a mí me dicen que algo es legal y que puede generar un juicio millonario a la provincia, no sé. Estamos en estudio, se están haciendo simulaciones para ver el impacto. Vamos a esperar el dictamen del Fiscal de Estado”, explicó el funcionario.
La duda sigue estando en cómo se resuelve la ecuación económica para el Estado con el nuevo contrato. Está claro que la empresa ha multiplicado sus ganancias. Ahora buscan saber si el Estado pierde o no. “La recaudación del Casino ha aumentado, el Instituto está bien financieramente”, aseguró Bianchinelli.
La forma de zafar por ahora de las definiciones políticas sobre el contrato es que el expediente está siendo analizado por Fiscalía de Estado. Javier Fernández está analizando la legalidad del contrato, que fue firmado con el aval del suspendido Joaquín De Rosas. Igualmente aseguran que también se ha pedido información financiera, en base a las denuncias presentadas por legisladores donde se asegura que el Estado pierde plata con el nuevo contrato.
En la reunión del martes pasado el Gobernador y el Presidente del Instituto repasaron los números del Casino y también la situación institucional. Según explicó Bianchinelli, detectaron que hay desequilibrios en la estructura, sobre todo en los cargos más altos. “La idea es achicar esa estructura que no tiene sentido. Hay 12 gerencias y tienen que ser menos”, aseguró. Ayer todos los gerentes presentaron la renuncia a pedido del gerente general y por orden de Bianchinelli.
Los senadores radicales que ayer fueron al Casino también pidieron información sobre otro contrato polémico: el de la Tómbola Combinada, que también es manejada por el mismo grupo empresario. Ese contrato se firmó en el año 2010 y según los cálculos el Estado gana 300 mil pesos por mes, mientras que la empresa se lleva cerca de 700 mil. “Nos llevamos la información y la vamos a analizar. No tenemos certeza sobre si el Estado está perdiendo dinero con los nuevos contratos, pero queremos ver la información”, dijo Armando Camerucci, presidente del bloque de senadores radicales.