Vale: un email, la amenaza con la Corte y la basura acumulada

“Estimados, por medio del presente correo les informamos que continuará el receso en el Proyecto Potasio Río Colorado hasta nuevo aviso. Saludos”. No es una carta documento; tampoco una notificación oficial. Es un simple correo electrónico que llegó a las casillas de correo de los funcionarios de Mendoza desde las oficinas de Vale. A través de ese medio informal fue que la empresa minera comunicó en enero que extendería el receso de los trabajos y era la señal sobre lo que vendría: la paralización del proyecto.  

El correo fue recibido el 18 de enero. Lo que siguió fue una escalada de tensión entre los gobiernos de la Nación, la Provincia y Vale por lo que pasaba. En el cruce de misivas, hay actas de inspección, intimaciones y amenazas con iniciar acciones legales. Lo que queda claro en todo el proceso, según los documentos, es que Vale no quiere desprenderse de los derechos mineros y que tampoco tiene intenciones de retomar los trabajos de manera inmediata. De hecho, sólo se comprometió a presentar un plan de cierre de la mina en los próximos días.

Amenazas cruzadas

La resolución número 13 de la Dirección de Minería fue el primer emplazamiento a Vale para que presente un cronograma de trabajos. Allí se menciona que la actitud de la empresa puede dar lugar a aplicar el Código de Minería y tomar la suspensión sin aviso de los trabajos como un abandono de mina. La respuesta de Vale fue furibunda en lo legal, asegurando que Vale no tenía “intención alguna de abandonar el proyecto y los derechos mineros” por lo que le pide al Gobierno que desestime la idea de considerarlo como un abandono de mina. Ese pedido fue rechazado y  Minería volvió a intimar a la empresa “bajo apercibimiento de caducidad” de las concesiones mineras.

La virulencia siguió creciendo a través de escritos y Vale volvió a responder que se negaba a aceptar las intimaciones. Para ello hizo hincapié en lo dispuesto por el Código de Minería asegurando que tienen un margen de hasta cuatro años de inactividad en la mina para considerarlo como abandono y califica a la intimación de Minería como “grosera o gravemente viciada”. La empresa amenaza con ir a la justicia porque menciona que la actuación del Gobierno de Mendoza “afecta derechos constitucionales”. “Por ello PRC deja desde ya planteada la posibilidad de concurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el caso de que el Consejo de Minería ratifique la intimación.

Basura acumulada

Según aseguran desde el Gobierno, la decisión de la empresa fue intempestiva. Y antes de diciembre no hubo señales sobre lo que vendría, es decir la paralización de la obra. Incluso Vale, el año pasado, pidió extender su propiedad minera y avanzó en la exploración en la búsqueda de más reservas; todo con la idea de ampliar la vida útil del yacimiento y extraer más mineral. Por eso los últimos cálculos hablaban de que había reservas para estirar la producción de la mina por 85 años. “La empresa seguía con el ritmo de trabajo y nunca dieron señales de suspensión. Incluso en el puerto de Bahía Blanca hay mucha maquinaria esperando y siguieron llegando insumos desde el exterior”, detallaron desde el Ejecutivo.

En una inspección realizada por Minería luego del aviso informal de Vale, los inspectores de la policía minera no encontraron nada de actividad. Sólo había personal al cuidado de los bienes patrimoniales. Incluso, según figura en el informe oficial, ni siquiera se llevaron la basura acumulada, ni limpiaron los desagües. La mina quedó paralizada por completo. En el expediente figuran las fotos de los contenedores colmados de basura.

Luego de oficializar la noticia, Vale informó que directamente bajaba la persiana por todo el 2013 y sin fecha de reapertura, por lo que en los próximos días presentaría su plan de cierre. “En reemplazo del cronograma de trabajos para el año 2013, PRC presentará el informe de cierre temporal del proyecto”, informaron desde la empresa el 13 de marzo.

La Declaración de Impacto Ambiental prevé la posibilidad de suspender los trabajos temporalmente. En ese caso la empresa debe presentar un informe con las razones, los tiempos estimados y un plan de trabajos para remediar los pasivos que pueda haber. Ese es el único trabajo al que se comprometió Vale: cerrar la mina.

La mina no se toca, los derechos tampoco

De la lectura de los expedientes surgen algunas conclusiones: Vale no tiene interés inmediato en reiniciar el proyecto, pero tampoco piensa abandonar los derechos mineros. Paciencia parece sobrarles, más allá de las consecuencias sociales del parate. También queda claro que a Mendoza lo consideran un actor secundario y que todo se cocina en el más alto nivel de mando. Para entenderlo alcanza con leer los últimos dos cruces epistolares entre Julio De Vido, ministro de Planificación, y Sergio Leite, CEO de Vale. Ambos se acusan mutuamente y vuelven a amenazar con acciones legales. De Vido envía una nota de respuesta a la suspensión de los trabajos y menciona que el Gobierno no va a consentir “la ilegal y espurea pretensión de asignar ingresos fiscales a favor de un privado”, además de acusar a Vale de no tener voluntad de seguir.

Leite le responde en el mismo tono beligerante. “Vale está en desacuerdo categórico y fundamental con las afirmaciones del Gobierno de Argentina”, explica el empresario. “Vale espera que las autoridades competentes, tanto en el nivel provincial como nacional, se abstengan de cualquier medida que pueda afectar el valor sustancial continuado de la inversión de Vale en Argentina. A la vez, Vale hace reserva de todos sus derechos en caso de que las mismas autoridades tomen cualquier acción que prive de sus derechos legales con dicha inversión”, remata Leite, quien dentro de Vale parece tener un objetivo: figura como responsables de los proyectos de Potasio de Canadá y Argentina; ambos suspendidos por la empresa brasileña. En Mendoza la amenaza dio sus frutos y ayer el Gobierno provincial puso el freno y anunció que respetará “los derechos de la empresa sobre la propiedad minera”.