Vale: buscan frenar el desmantelamiento

La tensión entre el Gobierno y la empresa Vale aumenta y mientras se define el futuro de esa relación intentan bloquear el desmantelamiento de la mina Potasio Río Colorado. Es que si se cumple el pedido de Vale de que a fines de marzo no quede nada en el yacimiento, retomar los trabajos podría demandar varios años.

La audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo no llevó resultados, pero la intención es que haya una especie de conciliación obligatoria para que Vale no deje cesante al personal y cumpla con los contratos, a pesar de que no hará más trabajos en la mina. La otra opciónque se maneja en paralelo es que haya alguna intervención urgente para que no se desmantele la mina, sea a través de medidas judiciales o administrativas. Ayer algunas empresas ya organizaban los operativos para bajar del lugar las herramientas y hasta las pertenencias personales que quedaron allí de los obreros, pues Vale puso como plazo fines de marzo.

Mientras eso ocurre, se evalúan distintos esquemas para que el emprendimiento siga. La intención es quitarle la concesión a Vale, pero saben que no es una tarea sencilla. La mina no está en producción y hoy lo que necesita es dinero, mucho dinero para terminar la construcción. Si Vale se va de un día para otro, se viene una batalla judicial. En juego está además de los derechos mineros, todos los estudios, la planificación y los trabajos de ingeniería proyectados por Río Tinto y Vale para construir la mina y ponerla en producción. Pero además, hay cerca de 3 mil millones de dólares que estarán en disputa.

El proyecto Potasio Río Colorado fue desarrollado por la minera inglesa Río Tinto, que le vendió el paquete completo a Vale en 850 millones de dólares (según información extraoficial). En el combo estaban los derechos mineros y también todos los estudios ambientales y técnicos. Fuera de esa cifra se calcula que Vale ya invirtió unos 2 mil millones de dólares. En caso de que la empresa mantenga su posición las opciones son sacar del medio directamente a Vale y disputar judicialmente el tema, o negociar con opciones diversas, como que Vale mantenga parte de las acciones y derechos.

Ayer el ministro de Planificación Julio De Vido habló de un camino que parece irreversible.

“La provincia le dio un permiso de concesión. Si no lo explotan, lo van a perder”, dijo eufórico, luego de acusar a la empresa que querer “expoliar” a la Argentina a través de un negocio financiero.

El temor inmediato es que el parate de la mina genere una caída del empleo y consecuencias sociales. Todo en un año electoral, donde el Gobierno provincial y también el Nacional se juegan mucho. Vale ha sido hasta ahora una “empresa sin cara” para Mendoza, pues aunque el yacimiento está en la provincia, la firma eligió tener “bajo perfil” y nunca hubo alguien que se hiciera responsable. Así, casi todos los costos recaen sobre las autoridades políticas y las empresas que son subcontratistas. En total hay más unas 11 mil familias que dependen de ese emprendimiento y están pendientes de lo que ocurre.

Por eso la primera urgencia es garantizar que Vale cumpla con los pagos. Quienes conocen el contexto nacional, explican que se puede dar una situación similar que lo ocurrido en la mina Pan American Silver, donde el proyecto fue anulado pero el gobierno obligó a la empresa a seguir pagando los sueldos. En ese caso era una mina de plata en el que la empresa tenía intenciones de explotarla. Pero fue el contexto social y político lo que llevó a la suspensión.

En el caso de Vale las presiones sobre la empresa son mayores porque es por responsabilidad propia el parate.