Cumbre en Dalvian: Vila presionó por tragamonedas

Dicen que el encuentro fue cordial. Pero el representante del Estado jugó de visitante. El presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, se reunió con Alfredo Vila Santander para hablar sobre el contrato de concesión de los tragamonedas del Casino Central, del cual el grupo Vila terminó siendo concesionario.

El encuentro fue en el barrio Dalvian, concretamente, en el Club House del barrio donde la familia Vila comenzó su imperio de la mano de Alfredo Vila padre.  No hubo un acuerdo firmado, pero sí pautas de lo que viene: todo indica que el Gobierno está encaminado a autorizar el pago del 47% de los ingresos a la empresa de Vila, bajo la teoría de "el mal menor".

El Gobierno blanqueó la relación con el Grupo Vila. Y los empresarios ahora exigen el pago completo del nuevo contrato, que implica cifras millonarias.

Para tratar de blindar la decisión política, esperan que la Fiscalía de Estado dictamine sobre la legalidad del contrato, pero esa decisión no será inmediata y no determinará si el contrato es conveniente o no en lo económico. Así, el contexto parece adverso para quienes creen que con la renegociación  el Estado pierde plata.

La reunión entre Bianchinelli y Vila blanquea una relación que hasta ahora se manejaba en penumbras. También deja la sensación de que el Estado juega de punto en esa negociación: Vila se negó a renegociar los términos del contrato y exige el pago del 47% de los ingresos de los tragamonedas.

De hecho, para poner presión, cada mes que el Estado le pagó por el 40,9% la empresa concesionaria genera un pedido de pago por el 7% restante. Así acumula una potencial deuda del Estado que podría recaer en un juicio. Y ese es el principal elemento de presión: la posibilidad de "un juicio millonario contra el Estado", según se atajan en el Gobierno. Por eso, todo parece encaminado a que se avale el polémico contrato renegociado por el ex presidente del Casino, Daniel Pereyra. A lo sumo, esperan que se negocien algunas cláusulas paralelas, como la de que Vila se haga cargo de algunos de los costos.

El temor oficial es que haya un juicio millonario contra el Estado por la falta de cumplimiento del contrato. Por eso dicen que esperan una resolución de Fiscalía de Estado sobre el tema.

Cónclave en el Dalvian

Antes de asumir, Bianchinelli blanqueó la relación del Gobierno con el grupo Vila – Manzano, que aunque no se presentaron nunca como tales a una licitación, tienen la concesión de hecho de los tragamonedas del Casino Central. Así, aseguraba que era necesario reunirse y negociar. Por eso, dos días después de asumir se concretó ese encuentro.

Bianchinelli y Federico Domínguez (que hasta ahora era el nexo con la empresa) se reunieron primero con el vicepresidente de Mendoza Central Entretenimientos, Omar López,  en el despacho de Bianchinelli. Pero el mismo día fueron hasta Dalvian House para hablar con uno de los que toma las decisiones en ese grupo, Alfredo Vila. "No hay nada que esconder. Nos reunimos, fue una charla cordial donde cada uno planteó su parecer. Ellos dijeron respetuosamente que el contrato era legal y que correspondía cumplirlo. No tengo problemas en reunirme con cualquiera y que se haga público. Cuando tengamos toda la información lo vamos a difundir", dijo Bianchinelli.

La reunión entre Vila y Bianchinelli se realizó dentro del barrio privado Dalvian. Ahora esperan volver a encontrarse para avanzar en acuerdos.

El grupo Vila va por todo. Así lo hicieron saber sus delegados y uno de los dueños. Por eso reclaman administrativamente que le paguen el 7% extra de los ingresos y hasta los gastos de cortesía que la empresa MCE paga para los apostadores. En el Gobierno dicen que esperan buscar la salida menos perjudicial. Y por ahora no hay definiciones claras sobre las cuentas del Casino. Bianchinelli asegura que los ingresos de la casa de juego se han duplicado (auque la repartija de esos ingresos ahora es menos favorable para el Estado).

La empresa reclama el pago por el 7% de diferencia entre lo que dice el contrato y lo que se abona ahora. Pero además quiere que le paguen hasta los tragos de cortesía que se les dan a los clientes.

Además, también dice que la empresa ha cumplido con las obras previstas en el contrato.  "El objetivo es que el Estado no pierda plata, sino por el contario porque con ese dinero se financian planes sociales y de salud. Hay que respetar a quienes invirtieron, pero garantizar los ingresos para el Estado. Vamos a ir ordenando todo. Primero me preocupa más la situación interna del Casino que la externa", dijo Bianchinelli.

Por eso los funcionarios hablan con cierta resignación sobre lo que queda por hacer y ahora la intención es negociar otros aspectos, como que MCE se haga cargo de algunos de los costos. Es que hoy el Estado es quien paga todos los costos, desde los servicios al personal y MCE sólo aporta las máquinas.

La revisión

El fiscal de Estado Javier Fernández tiene en su despacho el expediente de la renegociación del contrato por los tragamonedas. Ese contrato tiene el aval de ahora suspendido Joaquín de Rosas, quien le dio el visto bueno sin reparos y por vía rápida.

Ahora revisan todo desde cero para analiza la legalidad. Pero los abogados aclaran una cosa: el alcance del dictamen que emitirá Fiscalía es meramente legal. Es decir, se analiza si se cumplieron los pasos y cláusulas legales que correspondían. No se está realizando un análisis económico para saber si es conveniente o no para las cuentas públicas. "Esa es una decisión política que toma el Gobierno, si creen que es conveniente lo hacen o no", explican. El fiscal sí podría avanzar con una compulsa penal si detecta algún hecho consumado, como generar un perjuicio al Estado. Lo mismo ocurre con la autorización del pago del canon nuevo. La decisión es política.

La resolución de Fiscalía de Estado no será inmediata. "Es un contrato muy sui generis, por decirlo de alguna manera”, dicen los críticos de la forma en que se llegó al acuerdo dentro de Fiscalía de Estado.

Durante la gestión de Celso Jaque como gobernador y de Daniel Pereyra se realizó una curiosa renegociación del contrato con la empresa concesionaria de los tragamonedas del Casino. Sin pedido empresarial, Pereyra y sus gerentes iniciaron un proceso que resultó altamente beneficioso para la empresa del grupo Vila-Manzano. Ese contrato le significó a la empresa casi duplicar sus ganancias. Antes cobraba como canon el 26% de los ingresos de los tragamonedas. Con el nuevo acuerdo pasaría a cobrar hasta el 47% de esos ingresos, en distintas etapas. A cambio, la firma se comprometía a renovar y ampliar la cantidad de máquinas tragamonedas (algo que a ella también lo beneficia) y a realizar algunas mejoras edilicias en el Instituto.

Actualmente, el Casino le paga el 40,09% de los ingresos a la empresa de Vila, que reclama el pago completo. No se trata de un grupo empresario más, pues es el favorito de los últimos gobiernos para cerrar contratos. Tienen bajo su poder la distribución de la energía de casi toda la provincia, los tragamonedas del Casino y otros juegos, el petróleo (solos y asociados con YPF) y las cámaras de seguridad, entre otros negocios.