La Municipalidad y el "curro" de los persas

Los nombres son los de siempre: Carlos De Pasquale y Diego Girón. El primero es director de Comercio e Inspección General; el segundo, apenas un supervisor, aunque con mucho poder. Ambos fueron denunciados in extenso periodística y judicialmente por .

Prostíbulos, playas de estacionamiento, comercios en general —y otros negocios— son manejados por estos y otros funcionarios comunales, con una discrecionalidad que sorprende.

Por caso, ha trascendido en las últimas horas un nuevo escándalo referido a los siempre rentables persas de la Ciudad mendocina. De acuerdo a lo documentado en al menos tres expedientes municipales —que se encuentran en manos de MDZ—, a los que se suma el testimonio de puntuales fuentes de información, hay puestos que serían vendidos por ciertos inspectores comunales.

Antes, una aclaración: se trata de un negocio que, de acuerdo a la normativa vigente, no puede comercializarse, sino que debe concederse teniendo en cuenta una serie de factores a evaluar, como la situación socioeconómica de la persona que lo solicita.

“Los tipos te cobran por darte un puesto, el precio oscila entre los 15 y 20 mil pesos”, admitió a este diario un inspector municipal que prefirió quedar apartado del aparato de corrupción.

-¿Qué puestos son los que venden, acaso no están todos ocupados?
-Para nada, siempre hay puestos que están vacantes y otros que les quitan a los que ya los tienen por atrasarse en pagar sus impuestos.

-¿Cómo es el procedimiento para otorgar un puesto en un persa?
-Se hace un pedido y hay toda una serie de pasos administrativos para evaluarlo. Se tiene en cuenta la situación de la persona y otras cuestiones. Todos los días llegan pedidos por parte de gente no pudiente.

-¿Pagan algo esas personas por manejar un puesto?
- Solo se paga el valor mensual de la tasa municipal, es lo único. Lo demás es ilegal.

-Igualmente, los inspectores que están en la transa se cubren, ya que vuelcan todo en expedientes administrativos.
-Esos expedientes son una mentira. Se pasan entre ellos mismos los permisos y otros documentos. Principalmente Girón, Di Pasquale y Peña Lillo. Y les falta la aprobación final de algún funcionario de peso, como pide la ley.

-Es decir que, aunque no cobraran por otorgar puestos, los expedientes que arman estarían viciados de nulidad.
-Sí, pero ¿quién les va a decir algo? Ellos manejan todo y controlan todo.

Lo que dice el informante es real y puede verse en la documentación que tiene en su poder MDZ. En los tres casos que analizó este diario, aparece el pedido  formal por parte de Juan Carlos Millán, Jefe de División de la mesa Coordinadora de Habilitaciones de Comercio, dependiente de De Pasquale. “Se giran las presentes actuaciones para su conocimiento y consideración”, es la breve oración que aparece en todas sus notas.

Luego, aparece el escrito de rigor de Girón, siempre avalando lo hecho por Millán. Finalmente, De Pasquale —junto al cuestionado jefe del Departamento de Despacho, Comercio e Inspección General, Martín Peña y Lillo— hace el pase mágico final y el puesto es concedido por obra y gracia de los funcionarios mencionados.

“Los expedientes son siempre iguales, sin informe de Legales ni de Acción Social que digan que la persona es escasa de recursos”, aseguró el informante antes mencionado. E insistió: “Los tres que siempre aparecen firmando son Girón, Di Pasquale y Peña y Lillo”.

Consultado por MDZ, el titular del sindicato de municipales de Ciudad, Dugar Chapel, reconoció que los expedientes ostentas fuertes vicios de nulidad: “El acto administrativo finaliza cuando firma una persona habilitada y esto no ocurre en estos expedientes”.

-¿Dónde consta esto?
-En la Ley 3909.

-¿Usted está en conocimiento de que hay inspectores que cobran los puestos de los persas?
-No sabía, pero si es así, es ilegal. Igualmente es irregular cómo se han armado esos expedientes.

-¿Por qué?
-Porque no cumplen con lo que dice la ley. El intendente tendría que ser quien termine de aprobar todo el trámite, y ello no ocurre. Eso es corrupción.

-¿En qué sentido?
-Es corrupción estructural al darle el poder para que una persona pueda manejar negocios de esta índole. Tendría que estar el intendente autorizando junto al secretario del área, como indica la ley de procedimientos.


La matriz del negocio

Para encontrar los rastros de la sospecha solo basta analizar todos los expedientes que se impulsaron en los últimos meses. Allí, siempre se da el mismo patrón:

-Todos comienzan con la misma nota, donde no se solicita un puesto determinado, sino que se individualiza el número de puesto que se pone en discusión (y negociación).

-Tienen en común que los pases son al encargado de Venta Ambulante. Diego Girón solicita la entrega al peticionante y luego él mismo firma el acta y aconseja la entrega. Luego lo remite a despacho de Dirección a cargo de Peña y Lillo. Finalmente, con la firma de De Pasquale es enviado al cuerpo de Inspectores  a efectos de ser clasificado.

-No hay dictamen de Asuntos Legales.

-No hay remisión ni informe de la Dirección de Acción Social.

-No hay firma del intendente junto a la Secretaría de Gobierno, como exige la Ley 3909.

Si a ello se agrega el hecho de que los puestos son comercializados, también en contraposición de la normativa vigente, no queda mucho más para agregar.

Los sospechosos de siempre

Carlos Ernesto De Pasquale, CUIT 20-12654074-5, tiene un gran poder dentro de la Municipalidad de Mendoza: su discrecional muñeca le permite habilitar o clausurar comercios de diversa índole.

A la sazón cuñado del intendente Víctor Fayad, se encuentra al frente de la poderosa Dirección de Comercio e Inspección General desde abril de 2005, con un salario de $19.840 y un patrimonio para envidiar. Solo en el Banco Credicoop acopia casi 400 mil pesos que jamás ha declarado.

Sin embargo, aparece como moroso irrecuperable en otras entidades bancarias, entre ellas el Banco Patagonia, el Citibank y el ex Banco Integrado Departamental.

En segundo lugar aparece la sombra de Diego “Dumbito” Girón, CUIT 20-23547799-9, uno de los inspectores que reportan a De Pasquale. Con un sueldo en la comuna que asciende a $6.120, aún no ha podido explicar cómo hace para justificar su nivel de vida ni cuál es su vínculo con la firma Servicios Cuyo, una SRL aún en formación a pesar de haberse creado el octubre de 2006.

Ambos son los principales personajes detrás de muchos de los escándalos de corrupción que aquejan a la comuna de Capital.

También ambos parecen ostentar protección desde los más altos niveles políticos de la Municipalidad. De lo contrario, no se entiende cómo es que, después de haberlos denunciado este diario en media docena de hechos de corrupción —siempre con documentación respaldatoria— los dos sigan ocupando sus relevantes cargos.

No se trata de una cuestión judicial, sino política. Ya lo dijo alguna vez Aristóteles con indiscutible claridad: "Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes".