Piden que se anule la unificación de querellas en la causa Papel Prensa

Las tres querellas en la causa por el presunto despojo de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura militar le pidieron a la justicia que deje sin efecto la decisión de "unificarlos". Los abogados de Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver y de Rafael Ianover, vinculado personal y patrimonialmente con el grupo, explicaron que la unificación de querellas supone intereses comunes, según informó Tiempo Argentino.

En el caso, ambos podrían eventualmente demandar al Estado –que a través de la Secretaría de Derechos Humanos es el tercer querellante en el expediente– una reparación civil por los daños ocasionados hace más de tres décadas, y cuyos efectos se extienden hasta el presente.

El juez federal Julián Ercolini resolvió la unificación de las querellas como una herramienta para simplificar la tramitación de una causa que, por sus características, los delitos investigados, los imputados y el tiempo transcurrido, es por demás compleja. Pero los abogados de las querellas particulares, Héctor Rodríguez y Eduardo Barcesat, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, no están de acuerdo con la medida. La apelaron, y ayer la Sala Primera de la Cámara Federal celebró una audiencia oral en la que escuchó sus argumentos.

También los de los imputados Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, por el Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, por La Nación, quienes pidieron que sea confirmada la unificación de las querellas. Los imputados estuvieron representados por los abogados Pablo Jacoby, socio del ex camarista federal Gabriel Cavallo; Alejandro Pérez Chada, también letrado del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y Hugo Wortman Jofre, vinculado con el ex fiscal Luis Moreno Ocampo y hoy defensor de Mario Pontaquarto en la causa por presuntos sobornos en el Senado durante el gobierno de la Alianza.

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah disponen ahora de cinco días hábiles para tomar una medida. La decisión, en uno u otro sentido, removerá un escollo para que el juez de primera instancia (que está a la espera de una pericia contable y otras medidas de prueba) quede en condiciones de avanzar decididamente en la investigación. Lo que se busca dilucidar en el expediente es si el paquete accionario de Papel Prensa fue transferido a precio vil (si es que se pagó precio alguno) a la sociedad integrada por los tres diarios y el Estado como socio minoritario, mediante coacción y torturas, en el contexto de la feroz represión que lanzó la dictadura después del 24 de marzo de 1976.

Los querellantes particulares rechazaron unificar querellas con el Estado porque podrían demandarlo "como el origen de los actos que terminan en perjuicio por la actividad estatal ilegítima de otra época". En ese contexto, estarían en situación similar que "los civiles beneficiarios del régimen por actos que permiten apropiarse de la empresa por transferencia ilegítima de acciones". Pero además, el abogado Barcesat, quien también trabaja para Madres de Plaza de Mayo, reprochó que la medida adoptada por el juez Ercolini significa un "trato que favorece a los presuntos victimarios" y, en consecuencia, "quebranta el principio de igualdad ante la ley".

La intervención del secretario Alén, en representación del Estado, coincidió con los querellantes particulares. El argumento pareció despejar dudas, porque les reconoció el "derecho eventual de reclamar contra el Estado Nacional por aquellos hechos de los que fueron víctima", lo que derivaría en una paradoja: ambas partes litigarían juntas en sede penal, pero estarían enfrentadas por los mismos hechos en sede civil. Dicho de otro modo, el Estado debería negar en un juicio civil, lo que ya reconoció en el penal: que "la apropiación de Papel Prensa fue un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio con cómplices civiles".