Agonía por la pelea Gobierno y Justicia

En noviembre pasado tenía que estar listo el nuevo Código Civil. Es más: en algún momento se echó a correr la versión que la propia presidenta de la Nación anunciaría la aprobación del compendio normativo en instancias previas al cacerolazo del 8N, como golpe de efecto y como forma de dejar demarcado un terreno en el que se proponía plantar una nueva bandera de nuevos derechos.

No ocurrió así.

Una serie de hechos menores se engancharon en una rueda mayor. Sucedió que el Congreso abrió el debate en torno a lo planteado en este proyecto de reforma. Creó una comisión bicameral a tal efecto y con ella se recorrió diversos puntos del país. Los opositores se centraron en cuestionar directamente el núcleo de la propuesta: toda la reforma al Derecho de Familia.

Lo mismo había pasado cuando se abrió el debate en torno al matrimonio igualitario, y se lo sorteó con dos condimentos centrales: fortaleza política y convicción ideológica a lo que se le añadió capacidad de movilización y transversalidad en los apoyos.

No se dieron las mismas circunstancias con el Código Civil.

Primero, el ataque de los sectores conservadores fue duro e intransigentes, sin fisuras. Y el oficialismo fue permeable a las críticas, ya que no hubo una defensa monolítica de los cambios propuestos.

Segundo, la fortaleza política se vio rifada en la pelea del Gobierno con el Grupo Clarín por el 7D, día en que se pensaba avanzar con toda la fuerza sobre el único objetivo agendado: la plena aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Cuando la Justicia lo impidió, se inventó una nueva pelea. El enemigo, ahora, sería todo juez que no actúe de acuerdo a lo que el Gobierno espera de él.

Con cuotas de verdad y mentiras en dosis confusamente parecidas, se mezcló a casos que ensucian a miembros del Poder Judicial con la Justicia toda. Se simplificó: en lugar de ponerle fichas a una verdadera reforma que acerque la Justicia a la sociedad, se eligió a ese poder del Estado como enemigo en bloque y se bajó instrucciones a la militancia en ese sentido.

Así, el enorme esfuerzo de proyectar un nuevo Código Civil, alentado en su momento por una Cristina Fernández de Kirchner sonriente frente a un Ricardo Lorenzetti satisfecho, se transforma en la primera víctima colateral de la nueva batalla.

No lo admite una de las personas que más trabajó en ello, la mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. En diálogo con Marcelo Sisso en el programa “Hacete cargo” por MDZ Radio, la jurista prefirió pensar en que “si los señores legisladores han decidido tomarse más tiempo, en fin, ellos sabrán por qué”.

Al analizar el proceso que arrancó pleno de entusiasmo hasta pincharse en el Congreso, evaluó que “el trabajo pasó primero al Poder Ejecutivo en donde ellos hicieron algunas modificaciones antes de mandarlos al Poder Legislativo. Allí esta comisión bicameral ha estado en muchas partes del país. Muchas personas que no están de acuerdo han opinado y han propuesto reformas. Nosotros también hemos detectado algunos errores que se han deslizados. Es una obra muy significativa y a esos errores materiales los hemos corregido. Nosotros le hemos pasado a la comisión bicameral una serie de correcciones para emprolijar el Código”.

“Ahora –agregó- de las otras propuestas que se han producido nos envían una síntesis. Algunas de esas objeciones tienen que ver con las que hemos aceptado hacer. Otras tienen un contenido más ideológico y están en la parte de Derecho de Familia. Nosotros no aceptamos que se cambie, pero los legisladores tienen la última palabra”.

Hasta allí, un argumento que podría sintetizarse así: el proyecto fue al Congreso, se abrió a la discusión popular, se nutrieron de muchas opiniones en contra y nadie se atrevió a defender con fuerza lo pautado originalmente. Esto último, pudo pasar por dos razones:

1-     Por miedo al electorado y al malhumor social que todo lo carcome;

2-     Por desinterés en darle oxígeno a una iniciativa surgida desde el nuevo “eje del mal”: el Poder Judicial.

Kemelmajer arriesgó un análisis político en su diálogo con Sisso. “Nosotros –le dijo e involucró en ese término colectivo a Lorenzetti y Highton de Nolasco- no sabemos cuál será la voluntad política durante el año 2013 para llevar adelante este proyecto. Nuestra intención es que siga adelante. Pero se ha visto que la situación política institucional en la Argentina está bastante complicada y no me asombraría que la discusión se posponga”.

Posponerlo, en términos analizados con K de Kemelmajer puede ser interpretado como “dejar pasar 2013, que es un año electoral”.

Pero mientras más abierto permanezca el debate hay un análisis con K de Kirchnerismo que no puede dejar de hacerse, porque implicaría aceptar una derrota ideológica prematuramente: “Si ese tirar para adelante sirve para mantener el proyecto en general, bienvenido. Si se va a posponer para que estos grupos que tienen una resistencia ideológica puedan reformarlo, eso me dolería”, según las propias palabras de una de las principales autoras del postergado Código.

Apenas lo entregó la comisión redactora a la Presidencia y pasó a manos del ahora batallante ministro de Justicia Julio Alak, se le introdujeron modificaciones. Aun antes de que fuera al Congreso, que debe darle o no aprobación.

Por lo pronto, se apuró la edición e impresión de un ejemplar con el Código completo propuesto y se lo presentó durante el Congreso Internacional de Derecho de Familia en Mar del Plata, a finales de noviembre. Por las dudas.

En síntesis, lo que propone el nuevo Código cuyo proyecto está "herido":